El día 14 de enero de 2014, el periodista Arturo Martínez ha entrevistado a nuestro compañero Javier Callado en relación con el último escrito publicado por nuestro grupo de opinión. Hemos analizado la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y así se ha explicado en radio.
Podéis escuchar la entrevista en nuestro canal de YouTube pinchando en la imagen inferior:
Esperamos que sea de vuestro interés.
TRANSCRIPCIÓN:
A.M.: El 30 de diciembre se publicaba en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de una revisión de la Ley anterior de Bases de Régimen Local, con tres objetivos:
- Planificar las competencias municipales de cada ayuntamiento.
- Racionalizar la estructura organizativa y
- Garantizar el control financiero y presupuestario de una manera más rigurosa.
Pues bien, esta norma afecta directamente a la Diputación de León, a los ayuntamientos de la provincia y a las juntas vecinales.
Hoy Javier Callado, miembro de la plataforma Proyecto León, nos hará un análisis de esta nueva Ley que afecta a toda la provincia. Javier Callado, qué tal, buenos días.
J.C.: Muy buenos días.
A.M.: Hemos hablado con vosotros en alguna ocasión más diciendo que es verdad que era necesaria una reestructuración y análisis sobre las competencias de la Administración Local. Ahora nos encontramos con este texto, que se publicaba el 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A bote pronto y en general, así, brevemente, ¿mejora la anterior?
J.C.: Yo creo que la intención es buena. La explicación que da en el Preámbulo es buena. No sé si va a ser todo lo eficaz que se pretendería en un país que tiene un excesivo número de ayuntamientos y que necesita una racionalización, simplemente por que el país ha cambiado. El país no es el mismo que era cuando se hizo la primera Ley, y muchos ayuntamientos que entonces tenían sentido porque tenían una base poblacional muy amplia, hoy lo tienen mucho menos, porque tienen muy poquita población y eso significa que solo los gastos de funcionamiento se llevan ya prácticamente todos los recursos antes de dar los servicios públicos.
Si un sentido tiene la administración pública es precisamente el de prestar servicios públicos. Si no, carece de sentido.
A.M.: Además tenemos que tener en cuenta una cosa: los ciudadanos que tenemos que vivir y convivir con la situación actual y la situación actual dice y manda que tenemos que mirar a ver de donde quitamos, porque no podemos abordar todos los temas ni... Deseablemente sería lo ideal, pero claro, de lo deseable a lo que se puede hacer puede haber diferencia.
J.C.: Lo que no puede ser es que toda la economía se adapte progresivamente a las nuevas situaciones, no solo en las crisis, sino por la propia evolución de la sociedad, de la economía y de todo el entorno, y que la administración permanezca impávida a los cambios, que no se modifique, que haya unas resistencias terribles. Yo creo que lo lógico es ir evolucionando. Eso no tiene porqué ser traumático para nadie, todo lo contrario. Lo que tiene es que ir en la línea de hacer muchas más cosas con los mismos recursos que antes; y si hay un poquito menos, pues hacer lo mismo que hacías antes con menos recursos o incluso un poquitín más.
A.M.: Pero había casos de duplicidades de competencias en muchos casos. Y León además que tiene esa peculiaridad de muchos núcleos poblacionales en los que hay muy poquitos habitantes. ¿En qué afecta por ejemplo, esta nueva Ley a la Diputación de León?
J.C.: A la Diputación de León digamos que la pone en el mapa. La pone en el mapa en el sentido de que establece que no puede haber duplicidad de competencia. Por ejemplo, muchas competencias que está desarrollando la Diputación y que en realidad son de la Junta de Castilla y León (sin que la Junta de Castilla y León esté poniendo un duro), pues, lo que se dice es que eso tiene que pasar directamente a la Junta de Castilla y León y esos servicios los tiene que prestar la Junta.
En segundo lugar, la Diputación tiene que dar un servicio mucho más amplio a los municipios pequeños, que es el sentido que siempre ha tenido la Diputación. Pero la ley establece que claramente la vocación de la Diputación ha de ser esa. Y así, además, lo establece de forma taxativa. Establece que una competencia debe pertenecer a una sola administración y establece qué competencias van a cada administración. Y en algunos casos se puede delegar, pero si se delegan, se delegan del todo. Con lo cual establece muy claramente que hay que vigilar el coste de prestación de servicios. Y establece una prioridad muy clara para que se calcule el coste del servicio si lo ofrece directamente el Ayuntamiento, si lo ofrece directamente la Diputación o si lo ofrece una entidad intermedia que podría ser una mancomunidad. Se compara y en el más barato es donde hay que prestarlo. Quiero decir que ahí ya no depende una voluntad política.
Eso es el espíritu de la Ley: prestar servicios lo más barato que se pueda y lo mejor que se pueda.
Otra cosa es que, bueno, quien hizo la ley, hizo la trampa. Seguramente iremos viendo subterfugios para ver quien se queda con tal competencia, en fin...
A.M.: Lo que está claro es una cosa y la plasmáis muy bien y está muy bien explicado en el escrito: si hay competencias que tiene que asumir la Diputación, tiene que tener esas competencias dotación porque si no tiene dotación no podrán asumir esas competencias.
J.C.: Claro, pues cabe preguntarse porqué la Diputación tiene que prestar servicios psiquiátricos, que por supuesto, hay que prestarlos, nadie dice que no se presten; pero lo que se pregunta uno es quién tiene que pagarlos. Y los tiene que pagar la Junta, porque es la Junta la que tiene la competencia de ese tipo de servicios.
Entonces, la Diputación está gastando dinero y dejando de prestar servicios en otras cosas, gastando dinero en algo que no es suyo porque la Junta no lo hace. Y bueno, pues ese tipo de cosas es algo que esta Ley tiene que venir a corregir si se ejecuta tal y como dice el espíritu de la Ley.
A.M.: Respecto a los bomberos, parece que se ha aclarado una duda: que es la Diputación la que tiene las competencias para la extinción de incendios. Esto, al final, al ciudadano le da igual quien asuma esas competencias. Lo que quiere el ciudadano es que cuando haya que tomar una decisión, la tome alguien, no?
J.C.: Claro. Y bueno, lo que establece es que los municipios de menos de 20.000 habitantes deben tener un servicio de extinción de incendios que debe cubrir la Diputación. Los que sean más grandes que no lo tengan, existe la posibilidad de que lo cubra el Ayuntamiento (y estoy pensando en San Andrés del Rabanedo).
Lo que pasa es que en la situación económica de San Andrés del Rabanedo, -que es de caos económico en realidad-, se establece que los municipios que estén en claro desequilibrio financiero tienen que presentar un plan económico-financiero en el que se incluye obligatoriamente una propuesta de fusión con otro municipio. Así pues, San Andrés tendría que proponer obligatoriamente la fusión con otro municipio. En este caso, lo lógico debería ser León, porque tienen que ser municipios contiguos y porque las relaciones funcionales entre los habitantes de León y de San Andrés -que es prácticamente la misma ciudad (sin prácticamente: es la misma ciudad)-, son muy claras.
A.M.: Algo que se establece también y se pone de forma escrita son las retribuciones de municipios de menos de 1.000 habitantes, algo que se venía... Yo creo que es de sentido común y analizáis y decís que...
J.C.: Si. No permite la dedicación exclusiva de los alcaldes de menos de 1.000 habitantes, que había algún caso en que sí existía. Y eso entra dentro de una lógica. Aparte de eso, se establecen por tablas las retribuciones de los alcaldes, los máximos de retribución, poniendo el tope en lo que cobra un secretario de estado -un secretario de estado viene cobrando unos 100.000 euros brutos al año, que es un buen sueldo). Y eso haría que ciertos salarios como los de los alcaldes de Madrid y Barcelona, tuviesen que bajar. Y luego, según la cifra de habitantes, se establece un tabulado en el que se va quitando un 15%, un 25%, un 30%... En fin, lo que corresponda con arreglo al nivel de población.
A.M.: Límite también que se pone al gasto en personal laboral de la administración.
J.C.: Claro. Se pone un límite, un porcentaje, en el gasto de personal eventual, que es personal que se ficha cada vez que se ganan unas elecciones: los amigos, asesores... llámense cómo quiera; realmente se pone un límite a eso, que ya era hora. No digo que tenga que ser más alto o más bajo.
A.M.: Aún así seguirá, yo creo que, estos cargos de confianza... seguirá habiendo, bueno, tejemanejes, no? Es muy difícil controlar esta cuestión.
J.C.: Lo que pasa que en esos casos las cifras son muy claras. Te dice cuántos, en función de cuántos concejales y de cuánta población.
A.M.: Así de esa manera evitamos también tener que hacer ERES o despedir a gente. También es muy lógica esa norma, no?
Otra norma que decís aquí que aparece transversalmente en el texto es mantener objetivos de estabilidad presupuestaria para el pago a proveedores, que se establece en 30 días. Esto no se estaba haciendo ya?
J.C.: No, no se estaba haciendo. Y hay ayuntamientos que sí cumplían y aquí en la provincia, tenemos alguno bien conocido por la gente que trabaja con ellos, como Valencia de Don Juan, que es un ayuntamiento cumplidor y que paga lo que compra. Y lo paga en tiempo.
Y hay otros muchos ayuntamientos que estaban pagando poco menos que cuando se les ocurría y estaban gastando en tonterías. Tengo que decirlo, como contribuyente, así: en tonterías. Por que es muy triste que en León hayan quebrado muchos autónomos y muchas empresas porque no les ha pagado el Ayuntamiento, mientras aquí hacíamos fastos y fiestas y fuegos artificiales. Eso es inaudito. De hecho, ahora en el plan de pagos al que se acogió el Ayuntamiento de León, había proveedores que habían desaparecido por culpa de la deuda del Ayuntamiento. Es decir, se ha ido a pagar y se ha llegado tarde porque ha quebrado. Eso es inaudito, eso no se puede permitir y bueno, esta ley viene a controlar todo eso. Entonces, el que no esté al corriente de pagos y la media de sus pagos a proveedores sean 30 días, está sujeto también al plan económico-financiero, y está supervisado por Hacienda, claro.
A.M.: Me gusta "el coladero", este que decías aquí, que era un "coladero" para militantes y simpatizantes, no? Las entidades semipúbicas, que si no demuestran que...
J.C.: Fundaciones y tal. En muchos casos, estarán dirigidas por gente valiosa. Pero en otros casos eran para colocar amigos
A.M.: Sí, sí, sí, está claro. Bueno, esta ley... ¿qué debe mejorar todavía? ¿qué creéis que debe mejorar todavía? ¿qué le queda por hacer para que...?
J.C.: Yo creo que, por ejemplo, le queda un punto en las juntas vecinales. Era muy agresiva la actitud de la ley con las juntas vecinales, el comportamiento... Eso se ha reducido y las juntas vecinales solo podrían desaparecer en el caso de que no presentasen sus cuentas en tiempo y forma. Y eso es un trato desigual con otras instituciones porque a un ayuntamiento no se le hace desaparecer porque no presente las cuentas. Entonces, creo que hay otros recursos. Creo que hay unos presidentes de juntas vecinales que son los responsables de presentar las cuentas y, no sé porqué, la incompetencia de un presidente de junta vecinal ha de ser pagada por toda la junta vecinal y desaparecer.
A.M.: Bueno, pasa lo mismo con los que tienen mascotas, en este caso perros, que no recogen sus caquitas... Se ve a personas con los perrillos por la calle y dicen, "mira, este con el perro seguro que..." y puede haber dos que no recojan las cacas, pero seguramente que el resto sí se comporta de manera cívica. Pero basta que cunda un mal ejemplo para que se suela atribuir al resto del colectivo, no?
J.C.: Claro.
A.M.: Tenemos que centrarnos en que esto no tiene que ser así, no?
J.C.: No tiene porqué ser así. En este caso, a la junta vecinal que no presente las cuentas se le hace desaparecer. Yo creo que eso no es justo. No se hace con ninguna otra institución y no hay porqué hacerlo con las juntas vecinales. Y lo que hay que pedir son responsabilidades al presidente. Nada más.
A.M.: Muy bien. Javier Callado, miembro de Proyecto León, muchísimas gracias por ese análisis y hasta la próxima. Un abrazo.
J.C.: Hasta pronto. Un abrazo.
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