Fusión de ayuntamientos y foro de expertos

Recientemente se ha reunido el antiguo “banco de pensadores”, reconvertido en la actualidad a “foro de expertos”, creado en su momento por  la Junta de Castilla y León. El tema a tratar era la funcionalidad de los ayuntamientos de la autonomía y la organización del territorio de la misma. Al hilo de lo que Proyecto León viene exponiendo y argumentando con datos para la provincia de León desde finales de 2008, en dicho foro se reconoció la falta de operatividad de gran parte de los ayuntamientos leoneses y castellanos, por su escasa dimensión, y la progresiva despoblación que sufren los municipios.

Ante el reconocimiento de ese hecho el foro de expertos y el Gobierno Autonómico proponen la creación de Áreas Mancomunadas de Interés Comunitario, lo que vendría a significar que se crearían entidades de orden superior a los ayuntamientos, pero sin que desaparezcan éstos. El planteamiento de la Junta parece ser que los ayuntamientos se unan sólo si sus munícipes quieren. Para justificar tal postura se recurre a argumentos como la supuesta identidad municipal.

La lógica indica que, evidentemente, no van a querer. Desde nuestro grupo de opinión pensamos que es fundamental  suprimir entidades poco operativas y nada funcionales en la organización del territorio y no crear unas nuevas manteniendo las anteriores. En la práctica esto se traduciría en más puestos políticos, más gasto público y más presión fiscal para los ciudadanos, que van a tener que costear el mantenimiento de los tradicionales ayuntamientos y de las nuevas entidades.

Parece ser que en algunas zonas las mancomunidades están funcionando con eficacia y ofrecen a los ciudadanos los servicios que los ayuntamientos no son capaces de asumir económicamente. Desde este punto de vista, si los ayuntamientos quedan progresivamente sin funciones porque es otro órgano quien presta los servicios eficazmente, ¿para qué los mantenemos? Si sumamos el gasto de personal y el corriente de estos organismos, en muchos casos supera el 70% u 80% de los recursos del ayuntamiento. ¿Cuál es el coste que le supone a la población mantener un edificio y unos políticos que no cumplen con las obligaciones recogidas en la Ley de Régimen Local?

Proyecto León quiere apelar al sentido común. No entendemos qué tiene que ver la identidad de cada pueblo con los ayuntamientos, que no dejan de ser simples entes administrativos. Si algo hay que respetar como identitario en León, está representado por los concejos y sus instituciones delegadas en los pueblos: las juntas vecinales. En el caso castellano existen instituciones similares en algunas zonas, como Burgos o Palencia. Por el contrario, el ayuntamiento tiene sentido en tanto que es prestador de servicios, no de identidad. Si no es esa su función se convierte en un ente parasitario que devora recursos y no aporta nada al contribuyente. Esa es la situación que se repite en buena parte de los municipios de León y Castilla. Por esta razón no entendemos el empecinamiento en mantener ayuntamientos “zombi”, que sólo persisten a mayor gloria de su corporación municipal.

Por otra parte, es la propia Ley de Régimen Local la que establece como límite aconsejable una dimensión de al menos 1.000 habitantes. Dicha norma cita que la Junta podrá actuar de oficio fusionando entidades cuando se produzca una dejación de sus funciones obligatorias, perfectamente fijadas en el articulado. La inoperancia de estos municipios se está convirtiendo en la de la propia Junta, que se muestra incapaz de resolver una situación surrealista que se plasma con una autonomía que reúne el 25% de los municipios y sólo un 5% de la población. Ante ese panorama parece que el único planteamiento que se presenta es añadir un nuevo escalón administrativo, un sobrecoste, para proporcionar servicios de obligado cumplimiento.

Proyecto León aboga por no actuar con evasivas ante un problema cuya magnitud alcanza a una buena parte del territorio; conflicto que deja en estado de abandono a la población rural fomentando la despoblación aún más. No puede dejarse en manos de ediles con intereses ajenos a los de los administrados una decisión cuya responsabilidad alcanza a los poderes públicos superiores. En definitiva, las mancomunidades de municipios tienen sentido si sirven de ensayo a una fusión posterior. De lo contrario es ocultar un problema en una nube de humo mientras la situación continúa degradándose.

Concentración municipal y crisis económica

Sobradamente conocida es la actual depresión económica que atraviesa el país. Observamos las medidas con que el gobierno de la nación reacciona juzgándolas como más o menos acertadas, aunque hasta ahora incompletas.  La reducción de un 5% de media en los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma laboral, la subida de impuestos y la reciente desaparición del subsidio a los parados de larga duración afectan  a una gran masa de población, pero se manifiestan insuficientes como racionalizadoras del gasto público. Es más, creemos que adolecen de una acusada parcialidad. ¿Cuándo se abordará, por ejemplo, la reforma y racionalización de las instituciones públicas?
Nuestra provincia no presenta en términos generales una arquitectura institucional muy diferente a la del resto del país. Sin embargo existe un detalle diferenciador respecto a otros territorios cercanos como Galicia y Asturias: el gran número de municipios con una población poco significativa en el cómputo global. De los 211 que configuran nuestra provincia, un total de 141 presentan una población inferior a los 1.000 habitantes. Algunos no llegan a los 100. Estos ayuntamientos están obligados a soportar los gastos corrientes que genera la entidad, los gastos de personal, incluyendo los de alcaldes y concejales, ... Además, la ley obliga a dotar servicios como alumbrado público, traída de aguas, alcantarillado, limpieza… cuyos costes son superiores a las posibilidades de lo recaudado.
Pese a tímidas medidas de ahorro, como compartir el secretario municipal, el colapso económico de numerosos ayuntamientos, que desde hace tiempo se venía intuyendo, está cercano. Sirvan como ejemplo la situación crítica por la que atraviesan tanto la capital como algunos municipios del alfoz, más visibles por su dimensión y centralidad. Villaquilambre no ha podido afrontar los pagos del servicio de basuras, León ha tenido que renegociar la deuda con Urbaser y San Andrés del Rabanedo mantiene sin visos de solución una estratosférica deuda con los proveedores. Pero en los pequeños entes locales aparecen también los primeros signos de estrangulamiento: gastos corrientes a los que no se puede hacer frente, empleados que tardan en cobrar las nóminas, proveedores que no reciben el pago en los plazos comprometidos, nula o casi nula capacidad de endeudamiento…
Aunque son muchos los apaños para maquillar la grave situación hasta las elecciones de mayo, algunos de nuestros ayuntamientos no tardarán tras éstas en  encontrarse en la quiebra. Urge por tanto, una reestructuración municipal, concentrando por un lado pequeños y desfasados entes administrativos y por otro grandes e inviables por mala administración y pérdida de personalidad propia. De la reforma han de surgir entes que reúnan más población y que uniformicen la prestación de servicios, como los del área metropolitana de León. El objetivo ha de ser configurar instituciones cuyo prócer represente a un número significativo de ciudadanos y que esté investido de una autoridad moral y territorial de la que ahora carece. De esta manera no sólo se conseguirá una racionalización del gasto público, una liberación de recursos y un reparto más eficaz de prestaciones, sino que podremos afrontar los próximos decenios con instituciones más ágiles, eficaces, capaces y suficientes.
Los concejos, que se constituyen como un hecho diferenciador de nuestra provincia, han venido funcionando con rigor y eficacia desde hace siglos hasta hace unos decenios. En esta situación se configuran como un capital fundamental en una reestructuración de las entidades municipales. En Proyecto León abogamos por una concentración de ayuntamientos previa a las elecciones de mayo a la vez que lo entendemos como una oportunidad para potenciar las Juntas Vecinales, imbricarlas en el entramado municipal y dotarlas nuevamente del contenido social que han ido perdiendo.  No desperdiciemos, pues, la ocasión para superar nuestras debilidades y poder salir de la crisis con estructuras fuertes, homologables con el resto de Europa, que nos permitan afrontar los exigentes retos que, indudablemente, va a traer el futuro.

Finanzas y fusión de municipios

El grupo de opinión Proyecto León propone profundizar en el debate de la fusión de municipios a la vista de las crecientes dificultades financieras y fiscales. La concentración es uno de los instrumentos más eficaces de desarrollo para nuestra tierra ya que, concluida ésta, se podrían prestar más servicios con menos coste; especialmente en las áreas que están sufriendo una mayor despoblación.

Los ayuntamientos españoles se ven obligados a devolver al Gobierno Central parte de los fondos recibidos como anticipo en 2008 y 2009, puesto que la recaudación fue inferior a la prevista. Por otro lado, se limita el endeudamiento a partir de 2011 y los ingresos propios también son muy bajos. En consecuencia, numerosos ayuntamientos en los próximos meses, además de no poder proporcionar apenas servicios a los ciudadanos, se verán colapsados. Varias entidades ya no han podido hacer frente a los gastos corrientes, otras reclaman reiteradamente el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social… Desde la Federación Española de Municipios y Provincias se apunta la posibilidad de numerosas declaraciones de quiebra técnica y que a finales de año el 30% no puedan hacer frente al pago de las nóminas.

Ante la descapitalización en que se ven sumidos los entes municipales, Proyecto León apunta una vez más hacia la fusión de los mismos para favorecer la eficiencia en el gasto público. Centrándonos en nuestra provincia, según la Ley de Bases de Régimen Local (Tít. II, Cap. III, Art. 26.1.a): “Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas”. En León, además, contamos con las juntas vecinales, que permiten cierta autogestión y control de los servicios por parte de los pueblos. Esto podría ser muy ventajoso bajo la tutela de ayuntamientos fuertes, capaces de imponer racionalidad. Por el contrario son muchos los que incumplen la ley, dada su incapacidad financiera.

La Ley de Régimen Local explicita que “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales” (Tít. II, Cap. I, Art. 13.3). Asimismo en el Artículo 13.2 advierte “La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales”. En resumen, la responsabilidad de esta fusión municipal estaría en la autonomía y en el Gobierno Central.

En el caso de la Junta de Castilla y León la cuestión resulta especialmente candente. Si España cuenta con un total de 8.115 municipios, esta autonomía reúne la asombrosa cifra de 2.248, más de la cuarta parte. Galicia, con una población un poco superior, cuenta 315 y aún así ha abierto el debate de la fusión municipal, con el criterio de concentrar municipios de, al menos, 15.000 habitantes. Parece evidente que el ente castellano y leonés debiera acometer una inexcusable reconversión que racionalice el uso de los recursos económicos municipales y mejore la prestación de servicios en la autonomía más extensa de Europa.

Sin embargo no podemos dejar de lado a las diputaciones, que pueden proponer al gobierno autonómico reformas, pese a no tener capacidad ejecutiva. La Ley de Bases de Régimen Local expresa que “son fines propios y específicos de la provincia garantizar (…), y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal” (Tít. III, Art. 31.2). Dado que es conocido que muchos ayuntamientos no prestan los servicios a los que la ley obliga, la diputación debería obrar en consecuencia proponiendo una fusión en los casos que proceda.

En resumen, según nuestro criterio existe cierta dejación de funciones en los diferentes niveles institucionales. Es palmaria la necesidad de una fusión municipal urgente. En un camino lógico la diputación debería justificar una propuesta ante la autonomía. A su vez, la autonomía debería hacer una consulta no vinculante a los municipios afectados. Por último se debería cerrar el nuevo modelo con las correcciones correspondientes y remitirlo al Consejo de Estado para su aprobación e implantación.

De lo contrario, existe una alta probabilidad de que en unos meses muchos municipios queden bloqueados. Entonces el Gobierno de España podría establecer unos criterios fijos para todo el territorio, sin adaptación local alguna, y sobrevendría una fusión municipal por decreto. En manos de las instituciones locales y autonómicas está evitar este lamentable desenlace.

Publicación en La Crónica

Fusión municipal y comarcalización

El Fondo Monetario Internacional está descubriéndonos un itinerario de ajustes para los países más afectados por la crisis financiero-fiscal. Dicha cadena de medidas puede ser reconocida por su aplicación a Grecia en las últimas semanas. En los días precedentes se ha comprobado cómo, casi en la misma medida, los pasos se están aplicando con cierta urgencia en otros países y entre ellos, en España. Una de las medidas que parece obvio que sea trasladada es la concentración municipal y la racionalización de los escalones de la administración pública por su manifiesta irracionalidad.

Proyecto León elaboró en 2009 una propuesta de fusión de ayuntamientos para la provincia de León con el fin de explorar una mejoría de la deteriorada eficiencia municipal. La propuesta, un modelo planteado para debatir, perseguía una estructura con dos tipos de municipios: unos netamente urbanos y otros puramente rurales, que aglutinasen al menos 1.000 habitantes. Así se aspiraría a especializar la gestión municipal para enfocar la solución de problemas específicos, como el abandono de los ancianos en pueblos semivacíos o la mala utilización de los bienes comunales.

A consecuencia del turbulento proceso de ajuste que sufre la economía española han surgido voces que abogan por la comarcalización como alternativa a la concentración. Proyecto León no puede estar de acuerdo si eso implica la creación de un nivel más en la administración, confusa ya en términos de competencias e innecesariamente aparatosa. Por el contrario, si se plantea como una concentración municipal en torno a las cabeceras creemos que puede ser una alternativa plausible. Una reestructuración de este tipo no evitaría el abandono de las zonas más ruralizadas, como ha demostrado la experiencia, pero no es menos cierto que fortalecería definitivamente una red de poblaciones con una oferta de servicios diferencial capaces de abarcar todo el territorio. Como complemento habría que dar un papel relevante a las juntas vecinales, cuyos presupuestos debieran ser supervisados desde los ayuntamientos y su estructura dotada de los medios necesarios para desempeñar localmente ciertas competencias municipales.

Sin embargo no podemos estar de acuerdo en otro aspecto que se reclama: la desaparición de las diputaciones provinciales. Creemos que es necesario conectar directamente la elección de sus equipos directivos con la voluntad popular, pero en otro orden de cosas, las diputaciones son organismos especialistas en sus territorios. En consecuencia serían las delegaciones territoriales de la autonomía las que deberían subsumirse en las diputaciones por pura economía de medios. La autonomía debiera traspasar la capacidad ejecutiva de sus competencias a la institución provincial. Ese modelo, que se aproximaría al de las autonomías uniprovinciales, reproduce una estructura cuyos resultados destacan poderosamente sobre el resto y con la que se conseguirían eliminar muchas de las actuales duplicidades administrativas.

En definitiva, Proyecto León propone un mapa de concentración municipal en torno a 23 cabeceras, que se acerca a la comarcalización, pero evitando sus prescindibles sobrecostes. Es un modelo alternativo al que propusimos anteriormente. Cuenta con la ventaja de que puede tener un carácter más de largo plazo al no verse tan azotado por la despoblación, pues las cabeceras mantendrían un notable contingente poblacional en cualquier escenario a varios decenios vista.

Ambas propuestas definen caminos que probablemente haya que recorrer en unos meses, por lo que Proyecto León aboga por un debate sin límites del que los leoneses van a salir, sin duda beneficiados.

Debate sobre la fusión municipal en el Diario de León

El principal objetivo de Proyecto León se ha cumplido: el debate se ha abierto. La sociedad debe moverse y manifestar sus opiniones, a favor o en contra, pero siempre siendo partícipes.

La Crónica reabre el debate sobre fusiones de ayuntamientos

La prensa local ha reabierto el debate sobre nuestra propuesta de concentración municipal, en la que llevamos trabajado casi dos años.

La Crónica también se hace eco de esta reestructuración necesaria en nuestra provincia.

Artículo publicado en La Crónica.

El Diario de León se hace eco de nuestra propuesta de concentración municipal

Este domingo, a consecuencia de la crisis económica que está sufriendo España, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de una concentración municipal con el fin de racionalizar gasto público.

Este es el artículo publicado en el Diario de León.

En el DIARIO DE LEÓN

Segregaciones y sus consecuencias

Desde el grupo de opinión Proyecto León hemos elaborado un proyecto de concentración municipal en el que llevamos trabajando más de un año. Creemos que la situación socioeconómica de nuestra provincia requiere un reajuste estructural urgente que permita consolidar municipios con Ayuntamientos más fuertes, con más población y mayor peso ante instituciones superiores. Asimismo permitiría llevar a cabo un ajuste en el gasto, ya que tanto los capítulos de personal como los de gastos corrientes están, en muchos casos, asfixiando a nuestras administraciones municipales. Tan es así que a veces no tienen capacidad económica para implantar los servicios mínimos que según la Ley de Régimen Local tienen obligación de prestar a la  población, servicios que los habitantes tienen derecho a recibir.
El proceso de segregación que las localidades de Villaornate y Castrofuerte van a emprender nos previene sobre cuál es la fórmula correcta para realizar un proceso de fusión, aunque está regulado claramente en la Ley de Régimen Local. Los vecinos de estas poblaciones esgrimen dos argumentos que consideramos importantes: por un lado alegan que les fusionaron engañados, ya que creían que sería con Valencia de Don Juan; por otro, enarbolan que los bienes comunales de Villaornate pasaron a manos del Ayuntamiento, pero no así los de Castrofuerte que quedaron en manos de su Junta Vecinal. Tenemos por tanto, dos cuestiones problemáticas: por un lado falta de claridad en el proceso y por otro una desigualdad de condiciones en lo que aportan los concurrentes.
El actual municipio de Villaornate y Castro tenía, a 1 de enero de 2008, 437 habitantes, una superficie de 53,94 km² y una densidad de población de 8,10 hab/km². En los presupuestos de dicho año constan 89.500 euros en gastos de personal (alcalde, concejales, secretario, administrativo…) y 117.000 euros en gastos corrientes (desde la luz del Ayuntamiento, la calefacción o el ordenador, hasta las fotocopias que se realizan a diario). Sobre un total de 562.144 euros suponen el 36,73% de los gastos totales. Esto se traduce en que cada habitante del municipio debe dedicar 204,81 euros anuales a sufragar gastos antes de recibir servicio alguno.
En el proceso de segregación que ahora inician las dos localidades estos gastos se verán multiplicados: habrá que dotar un edificio para el nuevo Ayuntamiento, los bienes muebles que se necesiten, más los gastos añadidos de alcalde y concejales, secretario de ayuntamiento, administrativo, etc.  Creemos que es un gasto excesivo e innecesario para las menguadas arcas de las poblaciones.
A 1 de enero de 2009, este municipio presenta una población de 418 habitantes, es decir, ha perdido en un año un 4,35%. Se distribuye así: la población de Villaornate es de 246 habitantes y la de Castrofuerte de 172 habitantes. Dos municipios de esta dimensión carecen  de entidad y de potencial para crecer y hasta para subsistir. Teniendo en cuenta que el principal baremo para asignar fondos a los Ayuntamientos se basa en el número de habitantes, se concluye que en poco tiempo nos encontraremos no ya con una, sino con dos instituciones que no podrán hacer frente a sus gastos.
Un proceso de fusión de Ayuntamientos pasa por implementar medidas igualitarias para los implicados con el fin de que el proceso sea equilibrado.  León es una provincia con un gran número de Entidades Menores al Municipio o Juntas Vecinales y los habitantes de León son los propietarios de abundantes bienes comunales, que están administrados por dichas Juntas.  Estas fusiones no pueden basarse en la desaparición de las Juntas Vecinales sino todo lo contrario. Lo lógico sería que se reforzaran dotándolas de más competencias para que puedan seguir gestionando sus bienes y otras labores delegadas, como lo han hecho a lo largo de los siglos con gran acierto.
En esta época de crisis, donde son comunes los expedientes de regulación de empleo, pensamos que también dentro de la llamada “clase política” se debería realizar una racionalización. Hay que incrementar la productividad de los Ayuntamientos y hacerlos económicamente eficientes. Los datos apuntan a que una gran parte de los presupuestos se esfuman en los emolumentos y gastos varios de una maraña de alcaldes y concejales, muchas veces imposibilitados para el desempeño de sus funciones por falta de recursos.
Nuestra propuesta defiende eliminar esos gastos innecesarios y aumentar los servicios a la población, servicios a veces tan escasos que impiden que nuestros pueblos se desarrollen invitando a su despoblación.
¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir según nuestro punto de vista? En primer lugar se deberían restituir las juntas vecinales con sus bienes de origen. Esto dejaría la institución municipal en una situación aún más precaria que la actual. En consecuencia se debería proceder a la fusión intermunicipal hasta alcanzar un tamaño adecuado. Según la propuesta de Proyecto León, Villaornate y Castro se integrarían en una entidad municipal con Campazas, Valderas, Valdemorilla, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Izagre, Villabraz y Castilfalé. El nuevo municipio reuniría 3.996 habitantes según el recién publicado censo del I.N.E. de 2009, una cifra significativa en un panorama provincial marcado por la despoblación y el envejecimiento. La capacidad reivindicativa de su alcalde nada tendría que ver con la irrelevancia de los diez munícipes actuales y la homogeneidad de sus problemas permitiría soluciones compartidas con un gasto moderado y el compromiso de los concejos.
Por último, para quienes opinen que es importante tener un ayuntamiento inoperante y minúsculo  en cada pueblo lanzamos una pregunta: ¿qué servicios es capaz de proporcionarles ese microayuntamiento que no pueda resolver una junta vecinal conectada con una institución municipal fuerte?

Concentración municipal y aumento de servicios

Proyecto León ha realizado una propuesta de fusión municipal basada en el aumento de eficiencia del gasto público, con el fin de liberar recursos económicos para proporcionar a los habitantes de nuestros municipios -sobre todo de los de menos de 1.000 habitantes- más servicios de los que disfrutan en este momento sin incrementar los costes.
Varias han sido las manifestaciones públicas en contra de esta propuesta, pero adolecen de debilidad argumental. Hay versiones tan variopintas como que la concentración municipal dejaría sin servicios a los ciudadanos, que los pueblos de León perderían su identidad o que el proceso es muy problemático Como pensamos que nada de esto es sustancialmente cierto queremos responder.
Uno de los mayores limitantes de nuestros ayuntamientos son los gastos de personal. En los pequeños ayuntamientos se concentran en la remuneración de los alcaldes y concejales, así como en la del secretario municipal, que es una figura funcionarial imprescindible, pero cuyo alto coste no se justifica por debajo de cierta dimensión. La concentración supone globalmente la eliminación de corporaciones y con ella la supresión de equipos de gobierno que en algunos casos  tienen una funcionalidad meramente residual ante la falta de capacidad de gasto y gestión. Esta supresión traerá de la mano  el ahorro de cuantiosos fondos para, al menos, mantener los servicios prestados actualmente en cada pueblo e incluso incrementarlos en muchos casos.
Por lo tanto una concentración liberaría recursos económicos. Además permitiría acudir a las instituciones con mayor autoridad y representatividad, lo que redundaría en una aún mayor captación de fondos en la Diputación, la Junta y el gobierno central. En resumen, más dinero, más inversiones y más servicios para todos.
En el caso de los grandes ayuntamientos, especialmente en León y Ponferrada, nos encontramos con estructuras disparatadamente grandes. Por ejemplo en el área metropolitana de la capital los presupuestos de personal de León, San Andrés y Villaquilambre sumaron en 2008 casi 79 millones de euros. Si suponemos una media salarial de 30.000 euros brutos por trabajador y año deducimos el dislate de 2.633 empleados para una población de 181.000 habitantes. La ciudad de Burgos hace lo mismo con la mitad de empleados. Más claro no puede estar que es necesario configurar las áreas metropolitanas como ayuntamientos únicos, con todos los matices que se quiera, pero concentrando estructuras.
Respecto a la mención de los ayuntamientos como elementos identitarios, en León hay que negar tal afirmación. Los elementos identitarios leoneses por antonomasia son los concejos y sus estructuras administrativas superpuestas: las juntas vecinales. En segundo lugar están las comarcas, pero ese sería otro debate. Es a las juntas vecinales a las que hay que dotar de control presupuestario desde el ayuntamiento -que debería tener los medios-, aunque no se limiten sus decisiones ni potestades. Hay que potenciarlas administrativa y simbólicamente exigiendo gestión, y normativizando su funcionamiento.
Ante el argumento que magnifica la complejidad de la concentración, creemos que nuestros representantes políticos no deben  amedrentarse. El proceso está totalmente normativizado y explicado en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local. El hecho de que se esgrima que es una meta enrevesada, da pie a pensar que muchos de nuestros representantes no quieren alcanzarla porque conlleva más volumen de trabajo del que están acostumbrados y no les interesa. Los procesos pueden ser más o menos intrincados, llevar más o menos tiempo y más o menos trabajo, pero si suponen un beneficio para la población, no entendemos que su posible complicación se vea como obstáculo.
Estamos convencidos de que, como representantes de los ciudadanos y desde la responsabilidad política que ostentan alcaldes y concejales de nuestros municipios, son conscientes del cambio de estructura territorial que se debe emprender y terminarán por liderar esta propuesta, sobre todo si se desea promover el asentamiento de población que constituya el relevo generacional en nuestros pueblos antes que muchos de ellos queden vacíos. Deben ser los propios alcaldes quienes expliquen la inoperancia de corporaciones incapaces hasta de proporcionar aguas limpias o alumbrado público, o de cofinanciar obras con la Diputación por falta de recursos.
En una última reflexión, aunque estamos convencidos de que es una gran minoría, creemos que sólo pueden ver como “problemático” el proceso de fusión municipal quienes se preocupen más por su puesto político que por el bienestar de los ciudadanos. Desde este punto de vista el principal problema que paralizaría los procesos de  fusión sería el interés personal de algunos. Por eso solicitamos a las instancias competentes que actúen para remover obstáculos que no merecen consideración.

Los informativos de La Sexta también se interesan por este tema

El lunes 24 de noviembre de 2009 La Sexta Noticias nos ha hecho un reportaje-entrevista, donde les hemos explicado en que se fundamenta nuestra propuesta. La entrevista ha sido bastante larga, pero lógicamente, en un informativo no la emiten íntegra. Hemos pasado un día muy agradable con Carlos y Carmelo. Desde aquí nuestro saludo para ellos.
Se puede ver el video de la Sexta en este enlace:
Ver vídeo de La Sexta Noticias.

Esta es nuestra propuesta

Elconfidencial.com también nos apoya en la propuesta

El diario digital elconfidencial.com ha tratado también el tema de la concentración municipal al hilo de unas declaración de José Luis Feito, responsable económico de la CEOE. Según Feito, tan elevado número de ayuntamientos es un caldo de cultivo para las ineficiencias.
Desde este diario se han puesto en contacto con Proyecto León para conocer nuestra opinión, como así queda reflejado en el artículo de Daniel Toledo del día 20 de noviembre de 2009.
Podéis ver la noticia pulsando en este enlace:
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/feito-ceoe-sugiere-sobran-mitad-ayuntamientos.html

La Crónica de León se hace eco de nuestra propuesta

La Crónica de León nos dedica la portada del diario. Pulsa en este ENLACE para leerlo en PDF.

Y el Editorial (para leerlo en PDF pulsa AQUÍ)

Y la sección Tendencias

Para leer todo el artículo en formato PDF, haz click en este ENLACE

Personal y concentración municipal

El grupo de opinión “Proyecto León” viene reflexionando sobre la necesidad de racionalizar el gasto y mejorar los servicios en nuestros municipios. Pensamos que se trata de una poderosa herramienta de desarrollo territorial; quizás la mayor de la que León dispone actualmente.
Por otra parte, en las continuas relaciones de cooperación y competencia que mantienen las regiones entre sí, León se halla en una situación desfavorable por su atomización municipal. Otras provincias cercanas, con arquitecturas municipales más adecuadas, son más competitivas y mejores gestoras del presente y futuro de sus áreas de influencia. Por esta causa, entre otras, León debería acometer una importante reducción en su número de corporaciones municipales. Sólo así se puede afrontar proyectos con economía, rapidez y eficacia.
Uno de los análisis que ha realizado Proyecto León se ha basado en los presupuestos aprobados por los ayuntamientos de la provincia para el año 2008. Dentro de los aspectos que consideramos muy relevantes está la incidencia que tiene el capítulo I -Gastos de Personal- y su impacto sobre la población municipal. Esta partida condiciona el resto del gasto, puesto que cada trabajador requiere un lugar físico donde ubicarle, gastos de teléfono, calefacción…
Del total de 211 Ayuntamientos leoneses, hemos trabajado con los datos de 185, lo que supone el 87,68% de total. En consecuencia las conclusiones resultan significativas. A la vista de las cifras obtenemos los siguientes resultados:

• El 53,51% de los municipios estudiados soportan un gasto de personal que supera el 20% de sus recursos (llegando en algunos casos a más del 41%, casi la mitad).
• El 37,30% de los municipios tiene un gasto de personal que se sitúa entre el 10 y el 20% del total.
• Sólo el 9,19% de los municipios gasta menos del 10% en el capítulo de gastos de personal.

Hay que tener en cuenta que, por el reducido tamaño poblacional de los municipios de León, los gastos de personal de la mayoría se dedican a sufragar los salarios de los alcaldes, concejales y secretarios de Ayuntamiento.
Podemos enfocar la atención hacia algunos de los casos más llamativos. Fijemos la vista en Trabadelo a modo de ejemplo; municipio que cuenta con una reducida extensión de 64,73 km2, una exigua población de 479 habitantes (datos del INE a 1 de enero de 2008) y una débil densidad de población de 7,40 hab/km2. Su presupuesto total, aprobado para el año 2008 y publicado el 10 de septiembre de ese año en el Boletín Oficial de la Provincia, es de 552.462,60 euros, de los que 230.657,92 euros se dedican a gastos de personal, es decir, el 41,75% de los gastos generales. Si hallamos la incidencia directa que este gasto tendría sobre cada habitante del municipio, alcanzaría la cantidad de 481,54 euros al año; demasiado siendo sólo para sufragar gastos antes de prestar cualquier servicio.
Es destacable el hecho de que no son los ayuntamientos con más población y que más servicios ofrecen los que más gastos de personal soportan por habitante; así nos encontramos con algunos de alto grado de urbanidad como León, Ponferrada, Astorga,La Bañeza, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo, etc., en los que las necesidades de los ciudadanos se cubren de forma más completa y no se hallan en las primeras posiciones de las tabla por más que estén en la zona alta. Hay que ponderar además que los ayuntamientos grandes disponen de cuerpos públicos –como el de policía- incluidos en este capítulo de gastos que ayuntamientos menores no soportan.
Cabe en este punto cuestionar los ayuntamientos en los que el gasto de personal es elevado y donde los ciudadanos no reciben los servicios mínimos obligatorios según la ley de régimen local -la traída de aguas, el alcantarillado o el alumbrado público-, por lo que las juntas vecinales se ven obligadas a asumirlos. También nos preguntamos si esas cifras desmedidas no deberían estar limitadas por imperativo legal.
Proyecto León se ratifica en la idea de que es necesaria y urgente una concentración municipal en nuestra provincia. Pero no somos los únicos que pensamos así; según el estudio “La democracia en España 2009”, redactado por un centenar de expertos convocados por la Fundación Alternativas, una de las causas de la corrupción en España está determinada por “la acumulación de poder de los alcaldes y el tamaño de los municipios, que facilitan la consolidación de redes clientelares y de corrupción”, y proponen como solución “un proceso de reagrupamiento de municipios, con la eliminación de las unidades administrativas locales más pequeñas y el establecimiento de gobiernos locales de mayor tamaño y más homogéneos”.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística.

Necesidad de una concentración municipal: la población

La provincia de León tiene una población de 500.200 habitantes (padrón de 1 de enero de 2008). Esta población se distribuye en 211 municipios de forma muy irregular: los 8 mayores de la provincia, de más de 10.000 habitantes, aglutinan el 58,65% de la población (León, Ponferrada, San Andrés, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza, Villablino y Bembibre); en términos absolutos 293.376 habitantes. Generalizando, se puede afirmar que los habitantes de estos términos municipales reciben una completa oferta de servicios de sus ayuntamientos.

El 41,35% restante está distribuido en municipios que sólo en tres casos superan los 5.000 habitantes (Valverde de la Virgen, Cacabelos y Fabero). Estos ayuntamientos aún disponen de recursos para ofrecer una calidad de servicios públicos razonable. El resto viven en municipios de menos de 5.000 y en un porcentaje elevado, no superan los 1.000 habitantes: de los 211 actuales, 141 tienen menos de mil habitantes, lo que supone un 66,82% del total. Es sobre todo en este último caso, los inferiores a 1.000 habitantes, en los que el cumplimiento de las obligaciones que la institución tiene con sus administrados es deficiente.

Por añadidura, la población provincial se despliega en un número altísimo de núcleos de población: 1.388. A la vista de los datos se deduce que nuestros municipios están formados por un elevado número de pueblos, con muy pocos habitantes en cada uno de ellos. Esto viene a agravar las dificultades en los ayuntamientos con recursos escasos, que no alcanzan a prestar los servicios mínimos que la ley establece.

Debemos añadir a estos parámetros, que la población de la provincia de León disminuye año tras año. Con datos absolutos, a uno de enero de 1996 había 517.191 habitantes, mientras que a uno de enero de 2008, doce años después, la población se ha reducido en 16.800 personas, presentando 500.200. La línea de tendencia indica que ésta despoblación va a ir en aumento, debida mayoritariamente a la emigración desde los núcleos pequeños a núcleos más grandes (con predominio hacia las ciudades) y también a la elevada tasa de población envejecida que presenta la provincia.

La emigración es debida, en la mayoría de los casos, a que la población asentada en los núcleos pequeños no dispone de servicios básicos necesarios que les aseguren una calidad de vida óptima. La oferta de puestos de trabajo es reducida cuando no inexistente. En muchos casos no hay expectativa laboral, por lo que el nivel socio-económico de los habitantes se ve seriamente afectado. En consecuencia poco a poco se van trasladando a núcleos más grandes donde tienen resueltos algunos de estos inconvenientes.

En resumen, nos encontramos con dos problemas para garantizar unos mínimos en la calidad de los servicios que reciben los leoneses en buena parte de la provincia:

-La despoblación de ciertos municipios, que reduce o impide la posibilidad de prestar servicios por la escasez de recursos que implica y por la absorción de éstos por los gastos fijos del ayuntamiento (secretario, administrativos, sede municipal, alcalde y concejales, etc.).

-La atomización de la población en pequeñas aldeas que, si un día tuvieron una población reseñable, actualmente se encuentran casi desiertas, lo que impide garantizar los servicios individualizadamente en cada una, como se había hecho hasta ahora.

La única posibilidad que existe para resolver estos problemas es la creación de municipios rurales más grandes en los que los gastos fijos se diluyan entre más habitantes liberando recursos para la prestación de servicios. La agrupación de municipios permite además implantar equipos móviles para llegar a todos los núcleos cuando se demande.

Por otra parte, aquellos ayuntamientos que disponen de una población concentrada en un casco urbano amplio (Sahagún, Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Villafranca del Bierzo, etc.) pueden racionalizar su administración con más facilidad, prescindiendo en su término incluso de núcleos que por su configuración se adaptarían mejor a otra municipalidad más rural.

Una concentración municipal dará como resultado dos tipos de municipios, con la premisa de que su población no sea inferior a 1.000 habitantes: por un lado los concentrados (o urbanos) y por otro lado los rurales, donde las Juntas Vecinales, esencia de nuestra administración secular, deberán tener un papel más relevante aún del que tienen en la actualidad.

Con esta distribución se conseguirán ayuntamientos equilibrados, unos netamente urbanos y otros de muchos núcleos, más fuertes, con más recursos económicos, con más relevancia ante otras administraciones y con mayor capacidad de interlocución y demanda. Esto se traducirá en un aumento de la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el asentamiento de la misma, evitando de esta forma que nuestros pueblos se queden vacíos.

1	24089 León	135.119	27,01%
2	24115 Ponferrada	67.969	13,59%
3	24142 San Andrés del Rabanedo	30.217	6,04%
4	24222 Villaquilambre	15.996	3,20%
5	24008 Astorga	12.039	2,41%
6	24010 Bañeza (La)	11.040	2,21%
7	24202 Villablino	10.860	2,17%
8	24014 Bembibre	10.136	2,03%
	TOTAL (8 municipios más grandes)	293.376	58,65%
9	24189 Valverde de la Virgen	6.178	1,24%
10	24030 Cacabelos	5.477	1,09%
11	24070 Fabero	5.295	1,06%

Nº de municipios en función de la población
HABITANTES	MUNICIPIOS
Menos de 1.000 hab.	141
Entre 1.001 y 5.000 hab.	59
Entre 5.001 y 20.000 hab.	8
Entre 20.001 y 50.000 hab.	1
Más de 50.001 hab.	2
TOTAL	211

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2008.
Tablas: Elaboración propia.

Concentración municipal en la provincia de León

León es una de las provincias que mayor extensión territorial ocupa dentro del conjunto español. Sus 15.570,14 km2 representan un 3,08% del total nacional, lo que le sitúa en el séptimo puesto en superficie, y en el primer puesto en la comunidad autónoma, con un 16,54% de su territorio.

Esta notable extensión y la ubicación geográfica en que se enclava, configuran la provincia de León como un territorio paisajísticamente heterogéneo en el que encontramos zonas de alta montaña, media montaña, valles y páramos, con características especiales en cada una de ellas asociadas a tanta diversidad.

Dentro del total nacional, León ocupa el puesto decimosexto en número de municipios con 211 en total. Un número tan elevado de ayuntamientos no garantiza que las necesidades de los ciudadanos queden cubiertas, más bien al contrario, ya que reúnen pocos habitantes;  más en una zona como León, donde el grado de ruralidad (baja densidad de población) es bastante alto y los movimientos migratorios naturales nos indican que la tendencia se encamina a una despoblación cada vez más elevada de los núcleos rurales.

En el momento actual, de los 211 municipios de los que consta la provincia, 200 tienen menos de 5.000 habitantes, y de éstos, 141 están por debajo de los 1.000. La financiación de los Ayuntamientos depende estrechamente del número de habitantes censados en el municipio, por lo que, basándonos en los datos anteriores y en los presupuestos de que dispone cada corporación municipal, encontramos que existen entidades locales que no disponen de los fondos suficientes para prestar los servicios básicos a la población. Estos servicios vienen expresamente citados en Ley de Régimen Local.

Actualmente, las políticas de presión económica que sobre estos pequeños municipios están llevando a cabo determinadas instituciones y su propia incapacidad, van a generar que a corto plazo estas minúsculas entidades locales desaparezcan.

Las inversiones generan infraestructuras, éstas generan trabajo, que a su vez se traducirá en asentamiento de población. Si las inversiones no alcanzan a los municipios más pequeños y necesitados, es inevitable que la población se vea abocada a emigrar de dichas zonas hacia otras más prósperas cuando no directamente a ciudades.

Esto no sólo conllevará la desaparición de pueblos enteros, sino también la de una Entidad Local Menor con una tradición de siglos en la provincia: la Junta Vecinal. Las Juntas Vecinales surgen en el siglo XIX como instrumento administrativo oficial del sistema de Concejo Abierto y constituyen un elemento diferenciador de la provincia respecto al resto por su omnipresencia.

Más de un tercio de entidades inferiores al municipio de España están en León y son precisamente estas juntas vecinales. Se constituyen como entes de gobierno de pequeños núcleos de población, administran sus bienes comunales y gestionan desde la traída de agua corriente, el alcantarillado, las fincas públicas, los inmuebles, hasta los cotos de caza y los recursos forestales, entre otros. De hecho se hacen cargo frecuentemente de servicios que corresponden a los ayuntamientos por la incapacidad de éstos.

Una vez desaparecido un núcleo, y con él su Junta Vecinal, las propiedades comunales que obraban en su poder quedarán bajo la administración del Ayuntamiento. Desaparecido ese Ayuntamiento los bienes comunales, acumulados con el esfuerzo económico de los vecinos de esa población,  quedarán en poder de la Junta de Castilla y León.
Se impone, por tanto, un cambio profundo en el modelo territorial actual, que beneficie a toda la población por igual, que equilibre los esfuerzos inversores y que sea capaz de favorecer el desarrollo socioeconómico de todos los núcleos de población.

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes -garantizando a éstos el acceso a los servicios e infraestructuras públicas básicas y al patrimonio cultural y natural de su provincia-, llevar a cabo un desarrollo sostenible para garantizar la protección del medio ambiente y gestionar de una forma racional la utilización del territorio y sus recursos deben ser los objetivos. Para lograrlo es necesario disponer de municipios con capacidad suficiente y de juntas vecinales con un nivel competencial definido y una fiscalización adecuada.

Con estas premisas, es razonable pensar que una vía de solución a los problemas de financiación con los que nuestros pequeños municipios se encuentran en este momento es elaborar una propuesta de reordenación municipal de la provincia en el que primen estos criterios. Reagrupar municipios en los que el número de habitantes no sea inferior a 1.000, con el fin de crear Ayuntamientos viables que sean capaces de asumir las necesidades de la población.

Las metas han de pasar por racionalizar el gasto público y dotar a todos los núcleos de las infraestructuras básicas suficientes; dotaciones que potencien el acceso al mercado laboral para conseguir de esta manera que el asentamiento poblacional sea un hecho. Asimismo, que impulsen la capacidad gestora de las Juntas Vecinales, imprescindibles, para facilitar ciertos servicios “puerta a puerta”, y que retornen a tener la importancia y el vigor que han lucido en el pasado. Su relanzamiento es necesario para salvaguardar parte de nuestra idiosincrasia, pero también como solución adecuada a las necesidades de un poblamiento atomizado: casi 1.400 núcleos de población.