Sobradamente conocida es la actual depresión económica que atraviesa el país. Observamos las medidas con que el gobierno de la nación reacciona juzgándolas como más o menos acertadas, aunque hasta ahora incompletas. La reducción de un 5% de media en los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma laboral, la subida de impuestos y la reciente desaparición del subsidio a los parados de larga duración afectan a una gran masa de población, pero se manifiestan insuficientes como racionalizadoras del gasto público. Es más, creemos que adolecen de una acusada parcialidad. ¿Cuándo se abordará, por ejemplo, la reforma y racionalización de las instituciones públicas?
Nuestra provincia no presenta en términos generales una arquitectura institucional muy diferente a la del resto del país. Sin embargo existe un detalle diferenciador respecto a otros territorios cercanos como Galicia y Asturias: el gran número de municipios con una población poco significativa en el cómputo global. De los 211 que configuran nuestra provincia, un total de 141 presentan una población inferior a los 1.000 habitantes. Algunos no llegan a los 100. Estos ayuntamientos están obligados a soportar los gastos corrientes que genera la entidad, los gastos de personal, incluyendo los de alcaldes y concejales, ... Además, la ley obliga a dotar servicios como alumbrado público, traída de aguas, alcantarillado, limpieza… cuyos costes son superiores a las posibilidades de lo recaudado.
Pese a tímidas medidas de ahorro, como compartir el secretario municipal, el colapso económico de numerosos ayuntamientos, que desde hace tiempo se venía intuyendo, está cercano. Sirvan como ejemplo la situación crítica por la que atraviesan tanto la capital como algunos municipios del alfoz, más visibles por su dimensión y centralidad. Villaquilambre no ha podido afrontar los pagos del servicio de basuras, León ha tenido que renegociar la deuda con Urbaser y San Andrés del Rabanedo mantiene sin visos de solución una estratosférica deuda con los proveedores. Pero en los pequeños entes locales aparecen también los primeros signos de estrangulamiento: gastos corrientes a los que no se puede hacer frente, empleados que tardan en cobrar las nóminas, proveedores que no reciben el pago en los plazos comprometidos, nula o casi nula capacidad de endeudamiento…
Aunque son muchos los apaños para maquillar la grave situación hasta las elecciones de mayo, algunos de nuestros ayuntamientos no tardarán tras éstas en encontrarse en la quiebra. Urge por tanto, una reestructuración municipal, concentrando por un lado pequeños y desfasados entes administrativos y por otro grandes e inviables por mala administración y pérdida de personalidad propia. De la reforma han de surgir entes que reúnan más población y que uniformicen la prestación de servicios, como los del área metropolitana de León. El objetivo ha de ser configurar instituciones cuyo prócer represente a un número significativo de ciudadanos y que esté investido de una autoridad moral y territorial de la que ahora carece. De esta manera no sólo se conseguirá una racionalización del gasto público, una liberación de recursos y un reparto más eficaz de prestaciones, sino que podremos afrontar los próximos decenios con instituciones más ágiles, eficaces, capaces y suficientes.
Los concejos, que se constituyen como un hecho diferenciador de nuestra provincia, han venido funcionando con rigor y eficacia desde hace siglos hasta hace unos decenios. En esta situación se configuran como un capital fundamental en una reestructuración de las entidades municipales. En Proyecto León abogamos por una concentración de ayuntamientos previa a las elecciones de mayo a la vez que lo entendemos como una oportunidad para potenciar las Juntas Vecinales, imbricarlas en el entramado municipal y dotarlas nuevamente del contenido social que han ido perdiendo. No desperdiciemos, pues, la ocasión para superar nuestras debilidades y poder salir de la crisis con estructuras fuertes, homologables con el resto de Europa, que nos permitan afrontar los exigentes retos que, indudablemente, va a traer el futuro.
Nuestra provincia no presenta en términos generales una arquitectura institucional muy diferente a la del resto del país. Sin embargo existe un detalle diferenciador respecto a otros territorios cercanos como Galicia y Asturias: el gran número de municipios con una población poco significativa en el cómputo global. De los 211 que configuran nuestra provincia, un total de 141 presentan una población inferior a los 1.000 habitantes. Algunos no llegan a los 100. Estos ayuntamientos están obligados a soportar los gastos corrientes que genera la entidad, los gastos de personal, incluyendo los de alcaldes y concejales, ... Además, la ley obliga a dotar servicios como alumbrado público, traída de aguas, alcantarillado, limpieza… cuyos costes son superiores a las posibilidades de lo recaudado.
Pese a tímidas medidas de ahorro, como compartir el secretario municipal, el colapso económico de numerosos ayuntamientos, que desde hace tiempo se venía intuyendo, está cercano. Sirvan como ejemplo la situación crítica por la que atraviesan tanto la capital como algunos municipios del alfoz, más visibles por su dimensión y centralidad. Villaquilambre no ha podido afrontar los pagos del servicio de basuras, León ha tenido que renegociar la deuda con Urbaser y San Andrés del Rabanedo mantiene sin visos de solución una estratosférica deuda con los proveedores. Pero en los pequeños entes locales aparecen también los primeros signos de estrangulamiento: gastos corrientes a los que no se puede hacer frente, empleados que tardan en cobrar las nóminas, proveedores que no reciben el pago en los plazos comprometidos, nula o casi nula capacidad de endeudamiento…
Aunque son muchos los apaños para maquillar la grave situación hasta las elecciones de mayo, algunos de nuestros ayuntamientos no tardarán tras éstas en encontrarse en la quiebra. Urge por tanto, una reestructuración municipal, concentrando por un lado pequeños y desfasados entes administrativos y por otro grandes e inviables por mala administración y pérdida de personalidad propia. De la reforma han de surgir entes que reúnan más población y que uniformicen la prestación de servicios, como los del área metropolitana de León. El objetivo ha de ser configurar instituciones cuyo prócer represente a un número significativo de ciudadanos y que esté investido de una autoridad moral y territorial de la que ahora carece. De esta manera no sólo se conseguirá una racionalización del gasto público, una liberación de recursos y un reparto más eficaz de prestaciones, sino que podremos afrontar los próximos decenios con instituciones más ágiles, eficaces, capaces y suficientes.
Los concejos, que se constituyen como un hecho diferenciador de nuestra provincia, han venido funcionando con rigor y eficacia desde hace siglos hasta hace unos decenios. En esta situación se configuran como un capital fundamental en una reestructuración de las entidades municipales. En Proyecto León abogamos por una concentración de ayuntamientos previa a las elecciones de mayo a la vez que lo entendemos como una oportunidad para potenciar las Juntas Vecinales, imbricarlas en el entramado municipal y dotarlas nuevamente del contenido social que han ido perdiendo. No desperdiciemos, pues, la ocasión para superar nuestras debilidades y poder salir de la crisis con estructuras fuertes, homologables con el resto de Europa, que nos permitan afrontar los exigentes retos que, indudablemente, va a traer el futuro.
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