El deterioro de algunos servicios municipales

Proyecto León viene observando un creciente descuido en los elementos y cuidado urbanos de la Ciudad Legionense y su alfoz en el último año sin que ni los equipos de gobierno ni la oposición parezcan conscientes y por tanto sin la esperanza de propuestas de corrección del rumbo. Por otra parte tampoco la prensa provincial en su importante labor de control de los poderes públicos parece tomar conciencia de la situación y echamos de menos, por ejemplo, encuestas que interroguen sobre lo que no funciona en el entorno (ciudad, pueblo, provincia, etc.).

Pensamos que se ha dejado caer a las administraciones locales en cierto grado de injustificada autocomplacencia. Hay que indagar sobre lo que las corporaciones no cumplen a pesar de que se crearon para prestar servicios a los ciudadanos y de que se nutren de lo que recaudan mediante impuestos, tasas y otras exacciones. En otras palabras, se espera de la oposición y de la prensa una especie de evaluación continua de calidad, midiendo el grado de satisfacción de la sociedad con los servicios que recibe de las administraciones. Por eso reivindicamos el papel de la prensa, que es insustituible.

Desgraciadamente, el ciudadano dispone de pocos canales para decirle a la administración lo que es mejorable. El contenido de esta evaluación continua puede extraerse de la mera observación de la ciudad. Por eso queda también en evidencia la falta de educación o el “descuido” de los ciudadanos que, teniendo papeleras a su alcance, aumentan la suciedad y el deterioro.

En concreto, refiriéndonos a León y su alfoz, pueden apuntarse algunas evidencias derivadas de actuaciones municipales deficientes, que cabrían en una encuesta o en una denuncia ciudadana:

Imagen de un solar de León con suciedad acumulada

1. Limpieza de calles. Es notorio que en los barrios periféricos cada vez hay más suciedad en las calles, aceras, parques y especialmente en los solares que lindan con las aceras. No se recoge los papeles, bolsas, botes, botellas, etc. que están a dos centímetros por fuera de las aceras.

Por otro lado, el ayuntamiento se demora en la recogida de las hojas que caen de los árboles en otoño, permaneciendo en calles, aceras, carriles bici y jardines demasiados días. Se  acumulan en algunos puntos hasta el medio metro de altura sobre la acera y el carril bici, produciendo una sensación de abandono en la imagen de la ciudad, además de un riesgo de resbalones para los viandantes. 

       

Pintadas al lado de la muralla.
Fuente: Diario de León

2. Pintadas. Es destacable asimismo que cada vez hay más pintadas porque muchas permanecen años sobre la misma pared y se van añadiendo otras nuevas. Las pintadas que no se limpian atraen otras con lo que se suburbializa el paisaje urbano. Se echa en falta una labor de control sobre los que pintan, buscando la colaboración ciudadana y a través de las grabaciones de las cámaras que el ayuntamiento tiene instaladas. Más si se tiene en cuenta que muchas de las pintadas corresponden a los mismos autores.

3. Papeleras. Con demasiada frecuencia se ven las papeleras rebosantes, con lo que parte de su contenido cae al suelo. El personal de limpieza debería vaciarlas con más frecuencia.

4. Baldosas sueltas. Se aprecian bastantes baldosas sueltas y rotas por diversas zonas de la ciudad, provocando tropiezos y también mojaduras los días de lluvia. ¿No hay alguien que vigile específicamente esto en el ayuntamiento?

Sería deseable pensar en algún método, (concienciación, publicidad, etc.) que eduque al ciudadano para que vea el espacio urbano como “su espacio”, y para que la actitud sea la misma que en su propia vivienda.

Esto se ve claramente en los sitios autorizados para perros sueltos, donde a través de carteles se acentúa el deber ciudadano de recoger las deposiciones caninas. Es placentero comprobar que esa sola medida permite una correcta actuación ciudadana en la mayoría de las ocasiones.

En Proyecto León pensamos que la corrección de la  mayoría de estas deficiencias no supone incrementos de gasto para el Ayuntamiento de León. Bastaría con que los operarios municipales, sobre todo sus responsables, se esmeraran un poco más y que la policía municipal incrementara su presencia en las calles. Estamos convencidos de que una mayor y más activa presencia policial evitaría por sí sola numerosas pintadas, suciedad y comportamientos incívicos que contribuyen a afear el aspecto urbano de León y su alfoz.

Si León está de moda deseamos que no tenga marcha atrás y lo esté por mucho tiempo, al menos si de los leoneses depende.

La demorada reforma de las Administraciones Públicas

Proyecto León viene reclamando desde 2009 una reforma de las administraciones públicas que adapte sus estructuras, surgidas en algunos casos hace más de 150 años, a las necesidades de una sociedad moderna del siglo XXI. Si bien el Gobierno de España se marcó como prioridad esta reforma a partir de la entrada efectiva del Partido Popular, en enero del año pasado, aún no se ha producido cambio alguno en ese capítulo, salvo el de incrementar el número de desempleados del sector público. Intuimos que, al contrario de lo que ha sucedido con otras reformas, como la laboral o la financiera, existen intereses que retienen esta iniciativa gubernamental.

Casi simultáneamente se han publicado dos anteproyectos de ley: el de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” del gobierno central y el de “Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio” del gobierno autonómico. Esta coincidencia viene a reconocer la necesidad de reformas que con tanta insistencia hemos reclamado desde Proyecto León durante los últimos 4 años. Por ser esencial en el conjunto del Estado, vamos a centrarnos en el anteproyecto de Castilla y León, territorio que con un 5% de la población reúne un 25% de los ayuntamientos de España y donde la mayor parte no alcanza los 1.000 habitantes.

La exposición de motivos que justifica el borrador autonómico, es un canto a la “eficiencia, sostenibilidad y racionalidad”, donde se hace hincapié en la necesaria suficiencia financiera de las entidades locales para exponer a renglón seguido, que no se suprimirá ningún ayuntamiento. Como sabemos que son numerosos los que presentan insuficiencia financiera y prácticamente todos insuficiencia de servicios,  nos preguntamos cómo se logrará subsanar lo que es una contradicción in terminis. Viene seguidamente el enunciado de que se evitará la creación de nuevas estructuras administrativas y que se simplificará la gestión pública. A partir de ahí todo entra en conflicto con lo expresado en la exposición de motivos. En resumen: el anteproyecto retuerce sus objetivos iniciales para acabar proponiendo lo contrario.

En primer lugar se pretende crear por encima de los ayuntamientos las “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio” (UBOST) para prestar los servicios esenciales, ya que los ayuntamientos no son eficientes para hacerlo (¿para qué sirven entonces?). En segundo lugar se crean las “Áreas Funcionales Permanentes” (AFP), que no coinciden con las UBOST. En tercer lugar se pueden crear las “Áreas Funcionales Estratégicas” (AFE), que tampoco coinciden con las UBOST ni con las AFP. Por encima de éstas se mantienen además las Diputaciones, que en el anteproyecto estatal está previsto que hagan todas esas funciones (¿?). Aparte de esto se impulsa la implantación de la administración electrónica a fin de resolver cuantos trámites sea posible por internet, lo que permitiría la centralización de muchas gestiones, hoy desperdigadas entre diversas administraciones.

Nos preguntamos qué ventajas para los ciudadanos tiene este galimatías, que incrementa en 3 los escalones administrativos, frente a una fusión de ayuntamientos con el reforzamiento del papel de las juntas vecinales. La Junta de Castilla y León propone establecer 7 escalones  (Junta Vecinal, Ayuntamiento, UBOST, AFP, AFE, Comarca y Diputación) a partir de los 5 que existen actualmente. Si consideramos las mancomunidades, Proyecto León propone pasar de los 5 niveles actuales a 3 (Juntas Vecinales, Ayuntamientos y Diputaciones) mediante una fusión de municipios que haga innecesaria la mancomunación. No tiene sentido hablar de eficiencia cuando con menos recursos se multiplican las instituciones, lo que conllevará presupuestos añadidos, gastos corrientes, dietas, etc. Es contradictorio hablar de simplificación cuando se multiplican los centros de decisión. No se puede argumentar racionalidad cuando se mantienen ayuntamientos insolventes y minúsculos cuyas funciones pueden ser asumidas por una junta vecinal.

En definitiva, Proyecto León no entiende qué se pretende con el anteproyecto de ley de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León. Si encontramos una orientación manifiesta en este borrador es la de mantener a alcaldes y concejales en sus puestos aun a costa de sacrificar servicios a los ciudadanos. No es posible prestar más y mejores servicios sin reducir los costes de administración y sin mejorar la ejecutividad y rapidez en la toma de decisiones. Creemos que eludir la simplificación de municipios esconde intereses de partido y abona las tesis de quienes creen que nada importa a la clase política cuando de defender sus privilegios se trata.

Municipios: una dejación injustificable

Proyecto León defiende la fusión de municipios como una herramienta necesaria para que los ciudadanos reciban el máximo de servicios con el mínimo de gastos administrativos. Esto es debido a que la distribución de la población en León -y en España en general- ha sufrido cambios radicales en los últimos decenios. Los ciudadanos se han concentrado en las áreas metropolitanas -una o dos en la mayoría de las provincias- dejando entre ellas enormes espacios con ayuntamientos casi despoblados.

En consecuencia han aflorado dos disfunciones cada vez más evidentes: en los pueblos se mantiene una costosa estructura administrativa, que otrora resultaba lógica, basada en ayuntamientos sin apenas censo, por lo que carecen de capacidad inversora y de prestación de servicios; por su parte las áreas metropolitanas, formadas por varios municipios que antaño estaban separados físicamente, se han compactado configurándose un solo núcleo urbano, pero mantienen sin cambios las viejas estructuras administrativas.

Los signos más claros de esta situación en León los tenemos en que hay 143 municipios con menos de 1.000 habitantes de un total de 211 (el 68%), y una capital compuesta, al menos, por tres municipios que reúnen 182.000 habitantes gobernados por 3 alcaldes y 62 concejales, cuando en Burgos, de un tamaño similar, se hace lo mismo con un alcalde y 26 concejales.

Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone podemos poner como ejemplo los ayuntamientos de 600 habitantes aproximadamente (Fresno de la Vega, Almanza, Toral de los Guzmanes, Destriana, Benuza ...). Son entidades con un presupuesto anual en torno a medio millón de euros. Un 10% han de dedicarlo a pagar al secretario del Ayuntamiento y sus seguros sociales. Otros 400.000 euros se suelen ir en gasto corriente (salarios, cobros del alcalde y concejales, luz, calefacción, gastos financieros...). La capacidad de inversión queda reducida a unos 50.000 euros, a repartir normalmente entre varios pueblos. Por esta causa defendemos que el papel de las juntas vecinales debe ser fundamental para el sostenimiento de los servicios; potenciadas y bien gestionadas, son las administraciones más cercanas al ciudadano del mundo rural y las de funcionamiento más económico.

Proyecto León cree que la fusión permite reducir drásticamente las partidas dedicadas a políticos y burocracia, así como racionalizar las de personal y servicios al ser compartidas por más población. Proyecto León estima el ahorro de una fusión municipal en costes de administración en un rango que va del 10% al 30%, según ayuntamientos. Por esta razón la misma debe ser una prioridad en la reflotación de la economía de la Región Leonesa y de España en general.

Por contra, el Presidente del Gobierno se ha reunido con el de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre éste particular, mostrando interés por paralizar cualquier avance en la reestructuración municipal, mientras que no hemos observado interés alguno por otras cuestiones de interés general como las ayudas a entidades financieras quebradas y liquidables, por preservar el carácter público del sistema nacional de salud, o por vigilar la limpieza de la selección del personal público. En este marco, el retraso de una reordenación de la administración pública local plagada de ineficiencias y sobrecostes, denota, a nuestro juicio, síntomas de una grave descomposición de la autoridad del Estado frente a  intereses políticos particulares. Las administraciones locales presentan un malgasto identificado y evidente cuya corrección debiera ser inmediata.

Fusión frente a mancomunidad municipal

El 27 de abril de 2012 el Ministro de Economía y Competitividad anunció que el Gobierno abordará en un breve plazo la reforma de las administraciones públicas. Hizo hincapié en el elevado número de ayuntamientos que presenta la geografía española y la necesidad de acometer su reorganización con un objetivo: reducir gastos y mejorar los servicios públicos.

En este contexto Proyecto León aprueba la actividad desplegada por la Junta de Castilla y León en favor de garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos de las áreas rurales. Sin embargo la fórmula escogida para dar satisfacción a esta inquietud no nos parece la adecuada. Como es conocido, Proyecto León viene subrayando desde 2009 la necesidad de reordenar el mapa municipal provincial con este mismo fin: dedicar los recursos públicos a prestar servicios a los ciudadanos en vez de perderlos en una ineficaz burocracia y fragmentación presupuestaria que convierte cada pequeño municipio en una mal financiada, desgobernada y empobrecida taifa. Y decimos esto porque creemos que buena parte de la riqueza de los ciudadanos europeos reside en la calidad de los servicios públicos que reciben.

La Junta de Castilla y León pretende mancomunar buena parte de los servicios, puesto que la mayoría de los 2.200 municipios de la autonomía son entidades sin capacidad para prestarlos. Según las informaciones provenientes de la propia Junta, su pretensión pasa por mantener las mancomunidades que ya existen y que delatan que esta iniciativa llega tarde. Asume además que en este marco de profunda crisis económica e institucional, se creen nuevas entidades –Distritos de Interés Comunitario-, con nuevos empleados, nueva papelería, nuevos cargos, nuevos locales y oficinas, nuevos teléfonos... En Proyecto León no somos capaces de entender este empeño en añadir una nueva administración, mucho menos en un momento en que hay menos dinero para los servicios públicos.

Nuestro grupo siempre ha sostenido que la fusión de ayuntamientos es la medida óptima, ya que esta reorganización es suficiente para poder prescindir de los nuevos distritos y de las actuales mancomunidades, que reporta una reducción inmediata de oficinas, teléfonos, locales, empleados, cargos políticos, gastos en papelería, coches de servicio, simplifica los trámites en las obras públicas, resulta más ágil para tomar decisiones, permite acometer más inversiones con suficiencia financiera, cuenta con menos interlocutores, pero más cualificados... La gestión del gasto es más racional tras una fusión municipal, que toda Europa ha acometido ya.

Se ha dicho que los pueblos quieren mantener una supuesta identidad ligada al ayuntamiento. Lo dudamos. ¿Es que en el resto de Europa carecen de identidad? ¿Es que alguno de los pueblos que fusionaron ya sus municipios perdió su identidad? No. El sentimiento de pertenencia a un territorio no lo sustenta un edificio administrativo ni los gastos que apareja. La identidad aquí se utiliza como pretexto para esconder otro interés. Para los habitantes supone más pérdida identitaria pertenecer a un Distrito de Interés Comunitario que no respeta ni los límites provinciales. Es el arraigo a la tierra, a sus tradiciones y costumbres lo que genera identidad.

Proyecto León urge a fusionar los municipios leoneses hasta alcanzar un tamaño mínimo de 1000 habitantes en la montaña, y de 5.000 en las riberas y páramos. Es imprescindible además que las ciudades leonesas sumen el máximo de habitantes bajo el mismo municipio. Eso nos da más relevancia a los ojos del resto de los españoles, de los europeos y, si se nos apura, de los asiáticos, que tanta importancia están adquiriendo. Consideramos que plantear las mancomunidades o los distritos allá donde se pueden fusionar ayuntamientos simplificando la administración y facilitando mejores servicios, es un error. Corresponde a la Diputación y a la autonomía promover la fusión municipal, ya que si no lo hacen -con posibilidad de reorganizar nuestro territorio sobre criterios de identidad, históricos, culturales …-, será el Gobierno de España el que lo llevará a cabo y perderemos la oportunidad de realizarla atendiendo a nuestra propia idiosincrasia. Esperemos que la racionalidad y el buen sentido prevalezcan, y hagan de la fusión la mejor herramienta para la regeneración de las instituciones locales.

Distritos de Interés Comunitario

Desde el año 2008 Proyecto León viene proponiendo una fusión de ayuntamientos en la provincia. A causa de las últimas noticias y declaraciones del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, acompañadas de las reacciones de varios de los alcaldes de León, queremos aportar algunas reflexiones al debate.

El gobierno de la Junta de Castilla y León aboga por garantizar la prestación de los servicios municipales mediante la creación de Distritos de Interés Comunitario: un total de 39 en la provincia; pero enfatiza que no se trata de suprimir ningún ayuntamiento, ya que la Junta es consciente de una supuesta carga afectiva e identitaria de cada uno de ellos. Decimos supuesta porque se trata de una apreciación subjetiva que nosotros no hemos detectado más que en algunos de los pueblos de León. La creación de Colegios Rurales Agrupados es un ejemplo de concentración de servicios que no han supuesto ningún tipo de trauma ni ha contribuido a despersonalizar la identidad de ningún pueblo.

Respecto a este planteamiento de ordenación del territorio, tal y como se ha explicado por el consejero, la pretensión pasa por implantar un nivel institucional más en la ya pesada estructura existente. En este momento en la provincia de León nos administramos a través de  juntas vecinales, ayuntamientos, mancomunidades, Consejo Comarcal en el caso del Bierzo y Diputación, además de la Junta y el Gobierno Central. Nada más y nada menos siete niveles administrativos. Si no se suprime ningún ayuntamiento y además se crean Distritos de Interés Comunitario, lo que se establece es un nuevo escalón añadido a los ya existentes. En consecuencia, más gasto, menos racionalización del mismo, más engrose y complejidad de las administraciones… menos eficiencia y menos recursos para los ciudadanos.

Por otro lado, pensamos que “la carga afectiva e identitaria” no la sustentan los entes administrativos, que son edificios donde se resuelven aspectos burocráticos. La verdadera identidad de los municipios de nuestra provincia recae sobre las juntas vecinales –donde sí participan estrechamente los vecinos- como administradoras de los históricos concejos leoneses, que han gestionado con eficacia y funcionalidad desde tiempos remotos sus bienes comunales.  Este sistema de concejo abierto sí dota a los núcleos leoneses de identidad propia. No así los ayuntamientos que, como hemos dicho, son meramente entes administrativos y que, por añadidura, frecuentemente no pueden cumplir con sus obligaciones en prestación de servicios, dejándolas al cargo de las juntas vecinales o de mancomunidades, a pesar de que el art. 2.2 de la LRL establece que “la Junta de Castilla y León garantizará que los municipios dispongan de los medios adecuados y suficientes para el cumplimiento eficaz de sus fines”.

Del presupuesto de gastos municipales, en muchos casos, entre un 70% y un 80%  se diluye en dos capítulos: gastos de personal (alcalde, concejales, secretario…) y gastos corrientes (desde la luz del edificio hasta el ordenador o las fotocopias realizadas en el mismo). Todo esto antes de prestar servicios a la población.  Sin embargo, tras cubrir esos capítulos, muchos ayuntamientos no disponen ya de los fondos necesarios para prestar los servicios a los que la Ley, insistimos, obliga. Delegan entonces sus funciones en las juntas vecinales, que son las que asumen la responsabilidad sin que tengan obligación alguna. Por otro lado, la creación de mancomunidades de municipios, cuyo fin es prestar servicios municipales, vuelve a poner de manifiesto la quiebra operativa de muchos ayuntamientos. Aunando las dos situaciones, lo que se deduce es que existen numerosos municipios que en la actualidad no son viables económicamente y que suponen un gasto excesivo que repercute sobre el administrado: en consecuencia deben suprimirse.

Para eliminar las últimas dudas y excusas la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León en su Título II, artículo 11 punto 1 establece que la creación de un municipio por fusión de otros limítrofes se podrá cuando de forma separada carezcan de capacidad o recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por Ley, cuando sus núcleos de población se confundan como consecuencia del desarrollo urbanístico (León y su alfoz) y por cualquier otro motivo (económico, administrativo, etc.) que pudiera hacerla necesaria. Es claro, pues, que la propia Ley recoge unas premisas para la fusión de ayuntamientos que en el momento actual se cumplen. Otra cosa es que quien tiene la potestad para provocarlo o imponerlo abdique de sus deberes de gobierno.

Uno de los argumentos utilizados por algunos alcaldes en contra de la fusión de ayuntamientos es una supuesta incomodidad para los ciudadanos mayores y sin vehículo que deberían desplazarse para “arreglar un papel”. Ante esto debemos decir que actualmente, con la excepción de los habitantes del núcleo donde se ubica el edificio del ayuntamiento, todos se desplazan para acceder a él. Es decir, que de los 1.388 núcleos leoneses, los habitantes de 1.177 que no son sede municipal, han de utilizar un vehículo. En todo caso, el transporte a la demanda resuelve eficazmente esta necesidad.

En cuanto a la dificultad para dar con una fórmula equitativa de fusión, pensamos que no es tan complejo. Los parámetros pueden estar basados en factores comunes entre municipios: culturales, históricos, agrícolas, ganaderos, comarcales, de ruralidad, de urbanidad, que dispongan de vías de comunicación que les unan, que compartan costumbres, usos, etc. Proyecto León ha realizado dos mapas con dos propuestas diferentes, pero puede haber muchas más.

Resumiendo: la creación de Distritos de Interés Comunitario, sin suprimir ayuntamientos, traerá consigo el mantenimiento de las estructuras actuales y su engrosamiento, más cargos políticos y menos racionalización del gasto, cuando el fin primordial ha de ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Como corolario, ante este énfasis conservador de concejales y alcaldes dejamos en el aire un par de preguntas: ¿cuánto dejaría de percibir cada partido político en las convocatorias electorales por la reducción de concejales debido a la supresión de numerosos municipios? ¿No será esa una de las razones, quizá la más importante, por las que existe tanta resistencia a eliminar sedes administrativas inoperantes?

Concentración municipal y crisis económica

Sobradamente conocida es la actual depresión económica que atraviesa el país. Observamos las medidas con que el gobierno de la nación reacciona juzgándolas como más o menos acertadas, aunque hasta ahora incompletas.  La reducción de un 5% de media en los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma laboral, la subida de impuestos y la reciente desaparición del subsidio a los parados de larga duración afectan  a una gran masa de población, pero se manifiestan insuficientes como racionalizadoras del gasto público. Es más, creemos que adolecen de una acusada parcialidad. ¿Cuándo se abordará, por ejemplo, la reforma y racionalización de las instituciones públicas?
Nuestra provincia no presenta en términos generales una arquitectura institucional muy diferente a la del resto del país. Sin embargo existe un detalle diferenciador respecto a otros territorios cercanos como Galicia y Asturias: el gran número de municipios con una población poco significativa en el cómputo global. De los 211 que configuran nuestra provincia, un total de 141 presentan una población inferior a los 1.000 habitantes. Algunos no llegan a los 100. Estos ayuntamientos están obligados a soportar los gastos corrientes que genera la entidad, los gastos de personal, incluyendo los de alcaldes y concejales, ... Además, la ley obliga a dotar servicios como alumbrado público, traída de aguas, alcantarillado, limpieza… cuyos costes son superiores a las posibilidades de lo recaudado.
Pese a tímidas medidas de ahorro, como compartir el secretario municipal, el colapso económico de numerosos ayuntamientos, que desde hace tiempo se venía intuyendo, está cercano. Sirvan como ejemplo la situación crítica por la que atraviesan tanto la capital como algunos municipios del alfoz, más visibles por su dimensión y centralidad. Villaquilambre no ha podido afrontar los pagos del servicio de basuras, León ha tenido que renegociar la deuda con Urbaser y San Andrés del Rabanedo mantiene sin visos de solución una estratosférica deuda con los proveedores. Pero en los pequeños entes locales aparecen también los primeros signos de estrangulamiento: gastos corrientes a los que no se puede hacer frente, empleados que tardan en cobrar las nóminas, proveedores que no reciben el pago en los plazos comprometidos, nula o casi nula capacidad de endeudamiento…
Aunque son muchos los apaños para maquillar la grave situación hasta las elecciones de mayo, algunos de nuestros ayuntamientos no tardarán tras éstas en  encontrarse en la quiebra. Urge por tanto, una reestructuración municipal, concentrando por un lado pequeños y desfasados entes administrativos y por otro grandes e inviables por mala administración y pérdida de personalidad propia. De la reforma han de surgir entes que reúnan más población y que uniformicen la prestación de servicios, como los del área metropolitana de León. El objetivo ha de ser configurar instituciones cuyo prócer represente a un número significativo de ciudadanos y que esté investido de una autoridad moral y territorial de la que ahora carece. De esta manera no sólo se conseguirá una racionalización del gasto público, una liberación de recursos y un reparto más eficaz de prestaciones, sino que podremos afrontar los próximos decenios con instituciones más ágiles, eficaces, capaces y suficientes.
Los concejos, que se constituyen como un hecho diferenciador de nuestra provincia, han venido funcionando con rigor y eficacia desde hace siglos hasta hace unos decenios. En esta situación se configuran como un capital fundamental en una reestructuración de las entidades municipales. En Proyecto León abogamos por una concentración de ayuntamientos previa a las elecciones de mayo a la vez que lo entendemos como una oportunidad para potenciar las Juntas Vecinales, imbricarlas en el entramado municipal y dotarlas nuevamente del contenido social que han ido perdiendo.  No desperdiciemos, pues, la ocasión para superar nuestras debilidades y poder salir de la crisis con estructuras fuertes, homologables con el resto de Europa, que nos permitan afrontar los exigentes retos que, indudablemente, va a traer el futuro.

Finanzas y fusión de municipios

El grupo de opinión Proyecto León propone profundizar en el debate de la fusión de municipios a la vista de las crecientes dificultades financieras y fiscales. La concentración es uno de los instrumentos más eficaces de desarrollo para nuestra tierra ya que, concluida ésta, se podrían prestar más servicios con menos coste; especialmente en las áreas que están sufriendo una mayor despoblación.

Los ayuntamientos españoles se ven obligados a devolver al Gobierno Central parte de los fondos recibidos como anticipo en 2008 y 2009, puesto que la recaudación fue inferior a la prevista. Por otro lado, se limita el endeudamiento a partir de 2011 y los ingresos propios también son muy bajos. En consecuencia, numerosos ayuntamientos en los próximos meses, además de no poder proporcionar apenas servicios a los ciudadanos, se verán colapsados. Varias entidades ya no han podido hacer frente a los gastos corrientes, otras reclaman reiteradamente el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social… Desde la Federación Española de Municipios y Provincias se apunta la posibilidad de numerosas declaraciones de quiebra técnica y que a finales de año el 30% no puedan hacer frente al pago de las nóminas.

Ante la descapitalización en que se ven sumidos los entes municipales, Proyecto León apunta una vez más hacia la fusión de los mismos para favorecer la eficiencia en el gasto público. Centrándonos en nuestra provincia, según la Ley de Bases de Régimen Local (Tít. II, Cap. III, Art. 26.1.a): “Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas”. En León, además, contamos con las juntas vecinales, que permiten cierta autogestión y control de los servicios por parte de los pueblos. Esto podría ser muy ventajoso bajo la tutela de ayuntamientos fuertes, capaces de imponer racionalidad. Por el contrario son muchos los que incumplen la ley, dada su incapacidad financiera.

La Ley de Régimen Local explicita que “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales” (Tít. II, Cap. I, Art. 13.3). Asimismo en el Artículo 13.2 advierte “La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales”. En resumen, la responsabilidad de esta fusión municipal estaría en la autonomía y en el Gobierno Central.

En el caso de la Junta de Castilla y León la cuestión resulta especialmente candente. Si España cuenta con un total de 8.115 municipios, esta autonomía reúne la asombrosa cifra de 2.248, más de la cuarta parte. Galicia, con una población un poco superior, cuenta 315 y aún así ha abierto el debate de la fusión municipal, con el criterio de concentrar municipios de, al menos, 15.000 habitantes. Parece evidente que el ente castellano y leonés debiera acometer una inexcusable reconversión que racionalice el uso de los recursos económicos municipales y mejore la prestación de servicios en la autonomía más extensa de Europa.

Sin embargo no podemos dejar de lado a las diputaciones, que pueden proponer al gobierno autonómico reformas, pese a no tener capacidad ejecutiva. La Ley de Bases de Régimen Local expresa que “son fines propios y específicos de la provincia garantizar (…), y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal” (Tít. III, Art. 31.2). Dado que es conocido que muchos ayuntamientos no prestan los servicios a los que la ley obliga, la diputación debería obrar en consecuencia proponiendo una fusión en los casos que proceda.

En resumen, según nuestro criterio existe cierta dejación de funciones en los diferentes niveles institucionales. Es palmaria la necesidad de una fusión municipal urgente. En un camino lógico la diputación debería justificar una propuesta ante la autonomía. A su vez, la autonomía debería hacer una consulta no vinculante a los municipios afectados. Por último se debería cerrar el nuevo modelo con las correcciones correspondientes y remitirlo al Consejo de Estado para su aprobación e implantación.

De lo contrario, existe una alta probabilidad de que en unos meses muchos municipios queden bloqueados. Entonces el Gobierno de España podría establecer unos criterios fijos para todo el territorio, sin adaptación local alguna, y sobrevendría una fusión municipal por decreto. En manos de las instituciones locales y autonómicas está evitar este lamentable desenlace.

Publicación en La Crónica

Fusión municipal y comarcalización

El Fondo Monetario Internacional está descubriéndonos un itinerario de ajustes para los países más afectados por la crisis financiero-fiscal. Dicha cadena de medidas puede ser reconocida por su aplicación a Grecia en las últimas semanas. En los días precedentes se ha comprobado cómo, casi en la misma medida, los pasos se están aplicando con cierta urgencia en otros países y entre ellos, en España. Una de las medidas que parece obvio que sea trasladada es la concentración municipal y la racionalización de los escalones de la administración pública por su manifiesta irracionalidad.

Proyecto León elaboró en 2009 una propuesta de fusión de ayuntamientos para la provincia de León con el fin de explorar una mejoría de la deteriorada eficiencia municipal. La propuesta, un modelo planteado para debatir, perseguía una estructura con dos tipos de municipios: unos netamente urbanos y otros puramente rurales, que aglutinasen al menos 1.000 habitantes. Así se aspiraría a especializar la gestión municipal para enfocar la solución de problemas específicos, como el abandono de los ancianos en pueblos semivacíos o la mala utilización de los bienes comunales.

A consecuencia del turbulento proceso de ajuste que sufre la economía española han surgido voces que abogan por la comarcalización como alternativa a la concentración. Proyecto León no puede estar de acuerdo si eso implica la creación de un nivel más en la administración, confusa ya en términos de competencias e innecesariamente aparatosa. Por el contrario, si se plantea como una concentración municipal en torno a las cabeceras creemos que puede ser una alternativa plausible. Una reestructuración de este tipo no evitaría el abandono de las zonas más ruralizadas, como ha demostrado la experiencia, pero no es menos cierto que fortalecería definitivamente una red de poblaciones con una oferta de servicios diferencial capaces de abarcar todo el territorio. Como complemento habría que dar un papel relevante a las juntas vecinales, cuyos presupuestos debieran ser supervisados desde los ayuntamientos y su estructura dotada de los medios necesarios para desempeñar localmente ciertas competencias municipales.

Sin embargo no podemos estar de acuerdo en otro aspecto que se reclama: la desaparición de las diputaciones provinciales. Creemos que es necesario conectar directamente la elección de sus equipos directivos con la voluntad popular, pero en otro orden de cosas, las diputaciones son organismos especialistas en sus territorios. En consecuencia serían las delegaciones territoriales de la autonomía las que deberían subsumirse en las diputaciones por pura economía de medios. La autonomía debiera traspasar la capacidad ejecutiva de sus competencias a la institución provincial. Ese modelo, que se aproximaría al de las autonomías uniprovinciales, reproduce una estructura cuyos resultados destacan poderosamente sobre el resto y con la que se conseguirían eliminar muchas de las actuales duplicidades administrativas.

En definitiva, Proyecto León propone un mapa de concentración municipal en torno a 23 cabeceras, que se acerca a la comarcalización, pero evitando sus prescindibles sobrecostes. Es un modelo alternativo al que propusimos anteriormente. Cuenta con la ventaja de que puede tener un carácter más de largo plazo al no verse tan azotado por la despoblación, pues las cabeceras mantendrían un notable contingente poblacional en cualquier escenario a varios decenios vista.

Ambas propuestas definen caminos que probablemente haya que recorrer en unos meses, por lo que Proyecto León aboga por un debate sin límites del que los leoneses van a salir, sin duda beneficiados.

Debate sobre la fusión municipal en el Diario de León

El principal objetivo de Proyecto León se ha cumplido: el debate se ha abierto. La sociedad debe moverse y manifestar sus opiniones, a favor o en contra, pero siempre siendo partícipes.

La Crónica reabre el debate sobre fusiones de ayuntamientos

La prensa local ha reabierto el debate sobre nuestra propuesta de concentración municipal, en la que llevamos trabajado casi dos años.

La Crónica también se hace eco de esta reestructuración necesaria en nuestra provincia.

Artículo publicado en La Crónica.

El Diario de León se hace eco de nuestra propuesta de concentración municipal

Este domingo, a consecuencia de la crisis económica que está sufriendo España, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de una concentración municipal con el fin de racionalizar gasto público.

Este es el artículo publicado en el Diario de León.

En el DIARIO DE LEÓN

Segregaciones y sus consecuencias

Desde el grupo de opinión Proyecto León hemos elaborado un proyecto de concentración municipal en el que llevamos trabajando más de un año. Creemos que la situación socioeconómica de nuestra provincia requiere un reajuste estructural urgente que permita consolidar municipios con Ayuntamientos más fuertes, con más población y mayor peso ante instituciones superiores. Asimismo permitiría llevar a cabo un ajuste en el gasto, ya que tanto los capítulos de personal como los de gastos corrientes están, en muchos casos, asfixiando a nuestras administraciones municipales. Tan es así que a veces no tienen capacidad económica para implantar los servicios mínimos que según la Ley de Régimen Local tienen obligación de prestar a la  población, servicios que los habitantes tienen derecho a recibir.
El proceso de segregación que las localidades de Villaornate y Castrofuerte van a emprender nos previene sobre cuál es la fórmula correcta para realizar un proceso de fusión, aunque está regulado claramente en la Ley de Régimen Local. Los vecinos de estas poblaciones esgrimen dos argumentos que consideramos importantes: por un lado alegan que les fusionaron engañados, ya que creían que sería con Valencia de Don Juan; por otro, enarbolan que los bienes comunales de Villaornate pasaron a manos del Ayuntamiento, pero no así los de Castrofuerte que quedaron en manos de su Junta Vecinal. Tenemos por tanto, dos cuestiones problemáticas: por un lado falta de claridad en el proceso y por otro una desigualdad de condiciones en lo que aportan los concurrentes.
El actual municipio de Villaornate y Castro tenía, a 1 de enero de 2008, 437 habitantes, una superficie de 53,94 km² y una densidad de población de 8,10 hab/km². En los presupuestos de dicho año constan 89.500 euros en gastos de personal (alcalde, concejales, secretario, administrativo…) y 117.000 euros en gastos corrientes (desde la luz del Ayuntamiento, la calefacción o el ordenador, hasta las fotocopias que se realizan a diario). Sobre un total de 562.144 euros suponen el 36,73% de los gastos totales. Esto se traduce en que cada habitante del municipio debe dedicar 204,81 euros anuales a sufragar gastos antes de recibir servicio alguno.
En el proceso de segregación que ahora inician las dos localidades estos gastos se verán multiplicados: habrá que dotar un edificio para el nuevo Ayuntamiento, los bienes muebles que se necesiten, más los gastos añadidos de alcalde y concejales, secretario de ayuntamiento, administrativo, etc.  Creemos que es un gasto excesivo e innecesario para las menguadas arcas de las poblaciones.
A 1 de enero de 2009, este municipio presenta una población de 418 habitantes, es decir, ha perdido en un año un 4,35%. Se distribuye así: la población de Villaornate es de 246 habitantes y la de Castrofuerte de 172 habitantes. Dos municipios de esta dimensión carecen  de entidad y de potencial para crecer y hasta para subsistir. Teniendo en cuenta que el principal baremo para asignar fondos a los Ayuntamientos se basa en el número de habitantes, se concluye que en poco tiempo nos encontraremos no ya con una, sino con dos instituciones que no podrán hacer frente a sus gastos.
Un proceso de fusión de Ayuntamientos pasa por implementar medidas igualitarias para los implicados con el fin de que el proceso sea equilibrado.  León es una provincia con un gran número de Entidades Menores al Municipio o Juntas Vecinales y los habitantes de León son los propietarios de abundantes bienes comunales, que están administrados por dichas Juntas.  Estas fusiones no pueden basarse en la desaparición de las Juntas Vecinales sino todo lo contrario. Lo lógico sería que se reforzaran dotándolas de más competencias para que puedan seguir gestionando sus bienes y otras labores delegadas, como lo han hecho a lo largo de los siglos con gran acierto.
En esta época de crisis, donde son comunes los expedientes de regulación de empleo, pensamos que también dentro de la llamada “clase política” se debería realizar una racionalización. Hay que incrementar la productividad de los Ayuntamientos y hacerlos económicamente eficientes. Los datos apuntan a que una gran parte de los presupuestos se esfuman en los emolumentos y gastos varios de una maraña de alcaldes y concejales, muchas veces imposibilitados para el desempeño de sus funciones por falta de recursos.
Nuestra propuesta defiende eliminar esos gastos innecesarios y aumentar los servicios a la población, servicios a veces tan escasos que impiden que nuestros pueblos se desarrollen invitando a su despoblación.
¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir según nuestro punto de vista? En primer lugar se deberían restituir las juntas vecinales con sus bienes de origen. Esto dejaría la institución municipal en una situación aún más precaria que la actual. En consecuencia se debería proceder a la fusión intermunicipal hasta alcanzar un tamaño adecuado. Según la propuesta de Proyecto León, Villaornate y Castro se integrarían en una entidad municipal con Campazas, Valderas, Valdemorilla, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Izagre, Villabraz y Castilfalé. El nuevo municipio reuniría 3.996 habitantes según el recién publicado censo del I.N.E. de 2009, una cifra significativa en un panorama provincial marcado por la despoblación y el envejecimiento. La capacidad reivindicativa de su alcalde nada tendría que ver con la irrelevancia de los diez munícipes actuales y la homogeneidad de sus problemas permitiría soluciones compartidas con un gasto moderado y el compromiso de los concejos.
Por último, para quienes opinen que es importante tener un ayuntamiento inoperante y minúsculo  en cada pueblo lanzamos una pregunta: ¿qué servicios es capaz de proporcionarles ese microayuntamiento que no pueda resolver una junta vecinal conectada con una institución municipal fuerte?

Concentración municipal y aumento de servicios

Proyecto León ha realizado una propuesta de fusión municipal basada en el aumento de eficiencia del gasto público, con el fin de liberar recursos económicos para proporcionar a los habitantes de nuestros municipios -sobre todo de los de menos de 1.000 habitantes- más servicios de los que disfrutan en este momento sin incrementar los costes.
Varias han sido las manifestaciones públicas en contra de esta propuesta, pero adolecen de debilidad argumental. Hay versiones tan variopintas como que la concentración municipal dejaría sin servicios a los ciudadanos, que los pueblos de León perderían su identidad o que el proceso es muy problemático Como pensamos que nada de esto es sustancialmente cierto queremos responder.
Uno de los mayores limitantes de nuestros ayuntamientos son los gastos de personal. En los pequeños ayuntamientos se concentran en la remuneración de los alcaldes y concejales, así como en la del secretario municipal, que es una figura funcionarial imprescindible, pero cuyo alto coste no se justifica por debajo de cierta dimensión. La concentración supone globalmente la eliminación de corporaciones y con ella la supresión de equipos de gobierno que en algunos casos  tienen una funcionalidad meramente residual ante la falta de capacidad de gasto y gestión. Esta supresión traerá de la mano  el ahorro de cuantiosos fondos para, al menos, mantener los servicios prestados actualmente en cada pueblo e incluso incrementarlos en muchos casos.
Por lo tanto una concentración liberaría recursos económicos. Además permitiría acudir a las instituciones con mayor autoridad y representatividad, lo que redundaría en una aún mayor captación de fondos en la Diputación, la Junta y el gobierno central. En resumen, más dinero, más inversiones y más servicios para todos.
En el caso de los grandes ayuntamientos, especialmente en León y Ponferrada, nos encontramos con estructuras disparatadamente grandes. Por ejemplo en el área metropolitana de la capital los presupuestos de personal de León, San Andrés y Villaquilambre sumaron en 2008 casi 79 millones de euros. Si suponemos una media salarial de 30.000 euros brutos por trabajador y año deducimos el dislate de 2.633 empleados para una población de 181.000 habitantes. La ciudad de Burgos hace lo mismo con la mitad de empleados. Más claro no puede estar que es necesario configurar las áreas metropolitanas como ayuntamientos únicos, con todos los matices que se quiera, pero concentrando estructuras.
Respecto a la mención de los ayuntamientos como elementos identitarios, en León hay que negar tal afirmación. Los elementos identitarios leoneses por antonomasia son los concejos y sus estructuras administrativas superpuestas: las juntas vecinales. En segundo lugar están las comarcas, pero ese sería otro debate. Es a las juntas vecinales a las que hay que dotar de control presupuestario desde el ayuntamiento -que debería tener los medios-, aunque no se limiten sus decisiones ni potestades. Hay que potenciarlas administrativa y simbólicamente exigiendo gestión, y normativizando su funcionamiento.
Ante el argumento que magnifica la complejidad de la concentración, creemos que nuestros representantes políticos no deben  amedrentarse. El proceso está totalmente normativizado y explicado en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local. El hecho de que se esgrima que es una meta enrevesada, da pie a pensar que muchos de nuestros representantes no quieren alcanzarla porque conlleva más volumen de trabajo del que están acostumbrados y no les interesa. Los procesos pueden ser más o menos intrincados, llevar más o menos tiempo y más o menos trabajo, pero si suponen un beneficio para la población, no entendemos que su posible complicación se vea como obstáculo.
Estamos convencidos de que, como representantes de los ciudadanos y desde la responsabilidad política que ostentan alcaldes y concejales de nuestros municipios, son conscientes del cambio de estructura territorial que se debe emprender y terminarán por liderar esta propuesta, sobre todo si se desea promover el asentamiento de población que constituya el relevo generacional en nuestros pueblos antes que muchos de ellos queden vacíos. Deben ser los propios alcaldes quienes expliquen la inoperancia de corporaciones incapaces hasta de proporcionar aguas limpias o alumbrado público, o de cofinanciar obras con la Diputación por falta de recursos.
En una última reflexión, aunque estamos convencidos de que es una gran minoría, creemos que sólo pueden ver como “problemático” el proceso de fusión municipal quienes se preocupen más por su puesto político que por el bienestar de los ciudadanos. Desde este punto de vista el principal problema que paralizaría los procesos de  fusión sería el interés personal de algunos. Por eso solicitamos a las instancias competentes que actúen para remover obstáculos que no merecen consideración.

Los informativos de La Sexta también se interesan por este tema

El lunes 24 de noviembre de 2009 La Sexta Noticias nos ha hecho un reportaje-entrevista, donde les hemos explicado en que se fundamenta nuestra propuesta. La entrevista ha sido bastante larga, pero lógicamente, en un informativo no la emiten íntegra. Hemos pasado un día muy agradable con Carlos y Carmelo. Desde aquí nuestro saludo para ellos.
Se puede ver el video de la Sexta en este enlace:
Ver vídeo de La Sexta Noticias.

Esta es nuestra propuesta

Elconfidencial.com también nos apoya en la propuesta

El diario digital elconfidencial.com ha tratado también el tema de la concentración municipal al hilo de unas declaración de José Luis Feito, responsable económico de la CEOE. Según Feito, tan elevado número de ayuntamientos es un caldo de cultivo para las ineficiencias.
Desde este diario se han puesto en contacto con Proyecto León para conocer nuestra opinión, como así queda reflejado en el artículo de Daniel Toledo del día 20 de noviembre de 2009.
Podéis ver la noticia pulsando en este enlace:
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/feito-ceoe-sugiere-sobran-mitad-ayuntamientos.html

La Crónica de León se hace eco de nuestra propuesta

La Crónica de León nos dedica la portada del diario. Pulsa en este ENLACE para leerlo en PDF.

Y el Editorial (para leerlo en PDF pulsa AQUÍ)

Y la sección Tendencias

Para leer todo el artículo en formato PDF, haz click en este ENLACE

Personal y concentración municipal

El grupo de opinión “Proyecto León” viene reflexionando sobre la necesidad de racionalizar el gasto y mejorar los servicios en nuestros municipios. Pensamos que se trata de una poderosa herramienta de desarrollo territorial; quizás la mayor de la que León dispone actualmente.
Por otra parte, en las continuas relaciones de cooperación y competencia que mantienen las regiones entre sí, León se halla en una situación desfavorable por su atomización municipal. Otras provincias cercanas, con arquitecturas municipales más adecuadas, son más competitivas y mejores gestoras del presente y futuro de sus áreas de influencia. Por esta causa, entre otras, León debería acometer una importante reducción en su número de corporaciones municipales. Sólo así se puede afrontar proyectos con economía, rapidez y eficacia.
Uno de los análisis que ha realizado Proyecto León se ha basado en los presupuestos aprobados por los ayuntamientos de la provincia para el año 2008. Dentro de los aspectos que consideramos muy relevantes está la incidencia que tiene el capítulo I -Gastos de Personal- y su impacto sobre la población municipal. Esta partida condiciona el resto del gasto, puesto que cada trabajador requiere un lugar físico donde ubicarle, gastos de teléfono, calefacción…
Del total de 211 Ayuntamientos leoneses, hemos trabajado con los datos de 185, lo que supone el 87,68% de total. En consecuencia las conclusiones resultan significativas. A la vista de las cifras obtenemos los siguientes resultados:

• El 53,51% de los municipios estudiados soportan un gasto de personal que supera el 20% de sus recursos (llegando en algunos casos a más del 41%, casi la mitad).
• El 37,30% de los municipios tiene un gasto de personal que se sitúa entre el 10 y el 20% del total.
• Sólo el 9,19% de los municipios gasta menos del 10% en el capítulo de gastos de personal.

Hay que tener en cuenta que, por el reducido tamaño poblacional de los municipios de León, los gastos de personal de la mayoría se dedican a sufragar los salarios de los alcaldes, concejales y secretarios de Ayuntamiento.
Podemos enfocar la atención hacia algunos de los casos más llamativos. Fijemos la vista en Trabadelo a modo de ejemplo; municipio que cuenta con una reducida extensión de 64,73 km2, una exigua población de 479 habitantes (datos del INE a 1 de enero de 2008) y una débil densidad de población de 7,40 hab/km2. Su presupuesto total, aprobado para el año 2008 y publicado el 10 de septiembre de ese año en el Boletín Oficial de la Provincia, es de 552.462,60 euros, de los que 230.657,92 euros se dedican a gastos de personal, es decir, el 41,75% de los gastos generales. Si hallamos la incidencia directa que este gasto tendría sobre cada habitante del municipio, alcanzaría la cantidad de 481,54 euros al año; demasiado siendo sólo para sufragar gastos antes de prestar cualquier servicio.
Es destacable el hecho de que no son los ayuntamientos con más población y que más servicios ofrecen los que más gastos de personal soportan por habitante; así nos encontramos con algunos de alto grado de urbanidad como León, Ponferrada, Astorga,La Bañeza, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo, etc., en los que las necesidades de los ciudadanos se cubren de forma más completa y no se hallan en las primeras posiciones de las tabla por más que estén en la zona alta. Hay que ponderar además que los ayuntamientos grandes disponen de cuerpos públicos –como el de policía- incluidos en este capítulo de gastos que ayuntamientos menores no soportan.
Cabe en este punto cuestionar los ayuntamientos en los que el gasto de personal es elevado y donde los ciudadanos no reciben los servicios mínimos obligatorios según la ley de régimen local -la traída de aguas, el alcantarillado o el alumbrado público-, por lo que las juntas vecinales se ven obligadas a asumirlos. También nos preguntamos si esas cifras desmedidas no deberían estar limitadas por imperativo legal.
Proyecto León se ratifica en la idea de que es necesaria y urgente una concentración municipal en nuestra provincia. Pero no somos los únicos que pensamos así; según el estudio “La democracia en España 2009”, redactado por un centenar de expertos convocados por la Fundación Alternativas, una de las causas de la corrupción en España está determinada por “la acumulación de poder de los alcaldes y el tamaño de los municipios, que facilitan la consolidación de redes clientelares y de corrupción”, y proponen como solución “un proceso de reagrupamiento de municipios, con la eliminación de las unidades administrativas locales más pequeñas y el establecimiento de gobiernos locales de mayor tamaño y más homogéneos”.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística.

Necesidad de una concentración municipal: la población

La provincia de León tiene una población de 500.200 habitantes (padrón de 1 de enero de 2008). Esta población se distribuye en 211 municipios de forma muy irregular: los 8 mayores de la provincia, de más de 10.000 habitantes, aglutinan el 58,65% de la población (León, Ponferrada, San Andrés, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza, Villablino y Bembibre); en términos absolutos 293.376 habitantes. Generalizando, se puede afirmar que los habitantes de estos términos municipales reciben una completa oferta de servicios de sus ayuntamientos.

El 41,35% restante está distribuido en municipios que sólo en tres casos superan los 5.000 habitantes (Valverde de la Virgen, Cacabelos y Fabero). Estos ayuntamientos aún disponen de recursos para ofrecer una calidad de servicios públicos razonable. El resto viven en municipios de menos de 5.000 y en un porcentaje elevado, no superan los 1.000 habitantes: de los 211 actuales, 141 tienen menos de mil habitantes, lo que supone un 66,82% del total. Es sobre todo en este último caso, los inferiores a 1.000 habitantes, en los que el cumplimiento de las obligaciones que la institución tiene con sus administrados es deficiente.

Por añadidura, la población provincial se despliega en un número altísimo de núcleos de población: 1.388. A la vista de los datos se deduce que nuestros municipios están formados por un elevado número de pueblos, con muy pocos habitantes en cada uno de ellos. Esto viene a agravar las dificultades en los ayuntamientos con recursos escasos, que no alcanzan a prestar los servicios mínimos que la ley establece.

Debemos añadir a estos parámetros, que la población de la provincia de León disminuye año tras año. Con datos absolutos, a uno de enero de 1996 había 517.191 habitantes, mientras que a uno de enero de 2008, doce años después, la población se ha reducido en 16.800 personas, presentando 500.200. La línea de tendencia indica que ésta despoblación va a ir en aumento, debida mayoritariamente a la emigración desde los núcleos pequeños a núcleos más grandes (con predominio hacia las ciudades) y también a la elevada tasa de población envejecida que presenta la provincia.

La emigración es debida, en la mayoría de los casos, a que la población asentada en los núcleos pequeños no dispone de servicios básicos necesarios que les aseguren una calidad de vida óptima. La oferta de puestos de trabajo es reducida cuando no inexistente. En muchos casos no hay expectativa laboral, por lo que el nivel socio-económico de los habitantes se ve seriamente afectado. En consecuencia poco a poco se van trasladando a núcleos más grandes donde tienen resueltos algunos de estos inconvenientes.

En resumen, nos encontramos con dos problemas para garantizar unos mínimos en la calidad de los servicios que reciben los leoneses en buena parte de la provincia:

-La despoblación de ciertos municipios, que reduce o impide la posibilidad de prestar servicios por la escasez de recursos que implica y por la absorción de éstos por los gastos fijos del ayuntamiento (secretario, administrativos, sede municipal, alcalde y concejales, etc.).

-La atomización de la población en pequeñas aldeas que, si un día tuvieron una población reseñable, actualmente se encuentran casi desiertas, lo que impide garantizar los servicios individualizadamente en cada una, como se había hecho hasta ahora.

La única posibilidad que existe para resolver estos problemas es la creación de municipios rurales más grandes en los que los gastos fijos se diluyan entre más habitantes liberando recursos para la prestación de servicios. La agrupación de municipios permite además implantar equipos móviles para llegar a todos los núcleos cuando se demande.

Por otra parte, aquellos ayuntamientos que disponen de una población concentrada en un casco urbano amplio (Sahagún, Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Villafranca del Bierzo, etc.) pueden racionalizar su administración con más facilidad, prescindiendo en su término incluso de núcleos que por su configuración se adaptarían mejor a otra municipalidad más rural.

Una concentración municipal dará como resultado dos tipos de municipios, con la premisa de que su población no sea inferior a 1.000 habitantes: por un lado los concentrados (o urbanos) y por otro lado los rurales, donde las Juntas Vecinales, esencia de nuestra administración secular, deberán tener un papel más relevante aún del que tienen en la actualidad.

Con esta distribución se conseguirán ayuntamientos equilibrados, unos netamente urbanos y otros de muchos núcleos, más fuertes, con más recursos económicos, con más relevancia ante otras administraciones y con mayor capacidad de interlocución y demanda. Esto se traducirá en un aumento de la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el asentamiento de la misma, evitando de esta forma que nuestros pueblos se queden vacíos.

1	24089 León	135.119	27,01%
2	24115 Ponferrada	67.969	13,59%
3	24142 San Andrés del Rabanedo	30.217	6,04%
4	24222 Villaquilambre	15.996	3,20%
5	24008 Astorga	12.039	2,41%
6	24010 Bañeza (La)	11.040	2,21%
7	24202 Villablino	10.860	2,17%
8	24014 Bembibre	10.136	2,03%
	TOTAL (8 municipios más grandes)	293.376	58,65%
9	24189 Valverde de la Virgen	6.178	1,24%
10	24030 Cacabelos	5.477	1,09%
11	24070 Fabero	5.295	1,06%

Nº de municipios en función de la población
HABITANTES	MUNICIPIOS
Menos de 1.000 hab.	141
Entre 1.001 y 5.000 hab.	59
Entre 5.001 y 20.000 hab.	8
Entre 20.001 y 50.000 hab.	1
Más de 50.001 hab.	2
TOTAL	211

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2008.
Tablas: Elaboración propia.