Proyecto León viene defendiendo desde 2008 la fusión de municipios como uno de los factores de desarrollo más relevantes para esta provincia y para el conjunto del país. La reducción del aparato administrativo que supondría esta medida facilitaría la gestión del común, racionalizaría el gasto, mejoraría los servicios y ayudaría a afrontar los cambios que ha supuesto la nueva distribución de la población. Por una parte, los residentes en áreas rurales verían garantizados los servicios públicos básicos por entidades de tamaño suficiente. Por otra, las áreas metropolitanas, fraccionadas en varios municipios pese a que actualmente se configuren como unidades funcionales, podrían por fin planificar bajo una sola alcaldía los planes generales de ordenación y servicios.
La fusión municipal se ve así como una necesidad producto de los cambios que ha sufrido España, que se detecta por la proliferación de mancomunidades de municipios. La mancomunación de ayuntamientos es el síntoma más claro de la pérdida de sentido de la actual división municipal. Una fusión municipal eliminaría este nuevo órgano, en realidad un escalón más entre el municipio y la diputación, creado a mayor gloria del mantenimiento de micromunicipios sin sentido, con el fin de hacer frente a la prestación de servicios que éstos son incapaces de asumir.
En el nuevo mapa municipal el papel de las juntas vecinales, asistidas y auditadas por los ayuntamientos, debería ser importante en León. La distribución de la población en 1.400 núcleos así lo aconseja. La sabiduría popular creó esta solución para garantizar los servicios comunes, que es probablemente la mejor de las posibles. En las juntas vecinales, herederas de los concejos leoneses, se aúnan tradición y eficiencia, y se hace necesario incardinarlas dentro de la estructura general del Estado.
Acontece ahora un vivo debate sobre las diputaciones. Hay quien opina que han de ser suprimidas, bajo el argumento del ahorro, y quien las defiende ardientemente. Sobre el primer punto, el ahorro, desde Proyecto León consideramos que éste sería mucho más efectivo si se suprimen la mayoría de empresas públicas creadas por las administraciones, que duplican competencias, están rodeadas de un gran oscurantismo en sus cuentas y en un porcentaje elevado se utilizan como agencias de colocación. Además acumulan y esconden una deuda que en realidad es de las administraciones, aunque no se declare como tal. En definitiva, son un artificio financiero además de un nido de redes clientelares.
Las diputaciones tienen un papel muy distinto en las autonomías pequeñas y en las muy grandes. En las pequeñas, la autonomía puede funcionar como diputación, y de hecho así es en las uniprovinciales, que son casualmente las más eficientes del país. En las grandes, las diputaciones son imprescindibles porque es lógico pensar que los funcionarios autonómicos no tienen por qué conocer las peculiaridades de cada territorio. En las provincias se necesitan auténticos trabajadores especializados en la idiosincrasia de los núcleos que constituyen el ámbito de actuación de la diputación. Las diputaciones deben atender a municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, a las áreas netamente rurales y, por lo tanto, más singularizadas.
Por lo tanto, al menos en las autonomías multiprovinciales, las diputaciones han de mantenerse. Otra cosa es que se cambie su estructura, que puede pasar a ser fundamentalmente técnica, excluyendo órganos políticos. Las nuevas diputaciones han de tener además una asignación presupuestaria que garantice que el dinero llega a todas las provincias, tal y como sucede ahora. Incluso podrían asumir algunas competencias autonómicas.
Un último nivel de la administración cuya reforma parece pasar de puntillas es la comunidad autónoma. Para Proyecto León esta reforma de las instituciones debiera servir para corregir también los abundantes defectos de forma que se han apreciado en los últimos años. El primero debería ser el fraccionamiento de las autonomías excesivamente grandes. En segundo lugar sería conveniente establecer una norma que elimine los órganos que dupliquen los del aparato central del Estado como defensores del pueblo, consejos de cuentas, consejos consultivos, etc. En tercer lugar debería reducirse el número de parlamentarios en estas instituciones que, como se ha visto, poco o nada aportan al eficiente funcionamiento de la institución. Por último y como cuestión importante, tras la reforma que fusionase municipios y reconvirtiese diputaciones, deberían pasar a ser miembros natos del parlamento autonómico los representantes de cada municipio de más de 20.000 habitantes y los de las diputaciones, todos ellos con mucha más representatividad que la mayoría de los parlamentarios.
En resumen, Proyecto León propone y apoya la fusión municipal, pero añade la propuesta de realizarla dentro de una reforma institucional más amplia que englobe, mejore y simplifique todo el aparato de la administración local. Mucho más en un momento de aguda crisis en el que está en peligro la prestación de servicios básicos.
