Los Ayuntamientos y la nueva Ley de Bases de Régimen Local

Ayuntamiento viejo - León

Proyecto León ha venido preconizando la fusión entre municipios como una medida que mejorará las condiciones de vida en nuestra tierra. Por otro lado el Gobierno ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que afecta directamente a esta cuestión. Este documento es una modificación de la existente Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  La reforma de esta Ley va a acarrear numerosos cambios en el mapa municipal, si el texto dado a conocer no cambia sustancialmente. Para lograrlo se abren varias vías.

En primer lugar todos los Ayuntamientos cuya situación económica sea difícil se verán obligados a redactar un plan económico-financiero que habrán de remitir al Ministerio de Hacienda. En este plan se debe reflejar obligatoriamente, entre otras cosas, una propuesta de fusión con un municipio colindante. Así por ejemplo León y San Andrés del Rabanedo tendrán que presentar una propuesta de fusión municipal entre ellos o con otros, que les permitirá racionalizar los gastos y enjugar así sus cuantiosas deudas.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/
A/BOCG-10-A-58-1.PDF

En segundo lugar todos aquellos municipios que se fusionen recibirán recursos extra, lo que viene a impulsar aún más la desaparición de municipios financieramente tocados. Esto supone  que León, San Andrés del Rabanedo y Valderas, por ejemplo, que no pueden afrontar el pago de sus deudas en tiempo y forma con los ingresos actuales, deberán fusionarse con otros y pedir así un incremento de las transferencias de recursos desde otras administraciones.

Otra línea de acción de la Ley, que afecta sobre todo a los municipios pequeños, es el establecimiento de las remuneraciones de los alcaldes y el número de cargos con dedicación exclusiva.  En los municipios de menos de 1.000 habitantes, que son la gran mayoría, nadie podría recibir una remuneración por dedicación exclusiva. Esto dejaría sin salario a unos cuantos alcaldes, si bien es cierto que a muchos otros no les afecta. Por otra parte, como hay numerosos Ayuntamientos en el camino de bajar de los 1.000 habitantes, buscarán cómo unirse a otros para mantener las remuneraciones de alcaldes que sí las perciben. Todos los municipios que puedan descender de 1.000, de 2.000, de 5.000 (Fabero, Valencia de Don Juan) o de 10.000 habitantes (Villablino, Bembibre) corren en distinta medida ese riesgo.

Municipios de León y propuesta de fusión de Ayuntamientos.

Fuente: elaboración propia

Otro detalle importante es que la remuneración de los presidentes de Diputaciones equivaldrá a la del alcalde de la mayor población de la provincia. Esto puede inducir procesos de fusión por el interés de aumentar las retribuciones de los cabezas de los partidos, habitualmente elegidos a dedo en estas instituciones. El caso de León, que podría fusionarse con San Andrés del Rabanedo beneficiando así a la presidencia de la Diputación, es uno de ellos.

Ayuntamiento nuevo - León

Un aspecto que puede provocar guerras de intereses en los partidos -mayores de las que ya existen- será la reducción de puestos con dedicación exclusiva tras las fusiones municipales. Por ejemplo, en el caso de San Andrés del Rabanedo caben 10 dedicaciones exclusivas en la situación actual y en el caso de León 18. Tras una hipotética fusión municipal entre ambos, sólo podrán existir 18 ediles con dedicación exclusiva, por lo que los partidos tendrían 10 sueldos menos a repartir.

Otra faceta que no queremos que pase desapercibida es que una parte de la reflotación de los Ayuntamientos se pretende realizar usurpando los bienen comunales que gestionan las Juntas Vecinales. Los planes económico-financieros a que obliga la Ley tienen obligatoriamente que incluir la supresión de estas entidades y la apropiación de sus bienes, un auténtico expolio, algo con lo que Proyecto León no puede estar de acuerdo en ningún caso; antes bien, nuestro grupo aboga por la implantación y el reforzamiento de estas instituciones en todas las entidades de población donde sea posible.

Las Juntas Vecinales y la Ley que viene

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/
CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-58-1.PDF

Se ha hecho público el texto del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata de una modificación de la preexistente Ley de Bases de Régimen Local, donde se regula el funcionamiento, entre otras instituciones, de las Juntas Vecinales.

Las Juntas Vecinales son entidades inferiores al municipio. En España hay más de tres mil y de ellas un tercio están en la provincia de León. Las Juntas Vecinales leonesas son herederas de los Concejos, una institución tradicional leonesa que ha regulado la vida rural durante siglos de la forma más democrática que se ha conocido hasta ahora y que sigue permitiendo la supervivencia de una amplia red de núcleos de población. Esos Concejos son propietarios de cuantiosos bienes comunales, que ahora administran las Juntas Vecinales, aunque en origen se trate de propiedades privadas colectivas. Proyecto León opina que los Concejos leoneses deberían estar reconocidos en la legislación estatal como una figura singular que merece protección.

La reforma de la Ley de Régimen Local a la que acabamos de referirnos puede producir, si no se modifica, la desaparición de las Juntas Vecinales leonesas, el trasvase de todos los bienes concejiles a los Ayuntamientos y, como corolario, el abandono definitivo de gran parte de nuestros pueblos. En la citada norma se hace alusión a las mismas en varios aspectos:

En el artículo 3 las Juntas Vecinales pierden la condición de entidades locales, es decir, su personalidad jurídica, lo que las elimina como receptoras de numerosas ayudas y posibilidades de cofinanciación. Dado que han sido las Juntas Vecinales quienes han dotado de numerosos servicios a los núcleos más pequeños de población (traída de aguas, cementerio, alumbrado público…), la Ley deja estas poblaciones a merced de la voluntad municipal a partir de ahora, ya que dispondrán de muchos menos recursos para añadir cualquier dotación.

Montes de Utilidad Pública pertenecientes a Entidades Locales Menores de la provincia de León
Fuente: Plataforma de Omaña. Por la Defensa de las Entidades Locales Menores.
http://www.xn--juntasdeomaa-khb.org/wp-content/uploads/2012/09/imagen_MUP.jpg

En segundo lugar, en el caso de Juntas Vecinales que dependan de un Ayuntamiento que esté en dificultades financieras, aquéllas serán liquidadas en favor de éste, que asumirá todos sus bienes. Esto supondrá por un lado, la desaparición de todas las de la municipalidad de León o las de San Andrés del Rabanedo, por poner un ejemplo, aunque nada hayan tenido que ver en la quiebra de esos municipios, y por otro un expolio de los bienes que les pertenecen –de origen privado, por más que sean comunales-.

En tercer lugar se contempla que todas las Juntas deberán presentar sus cuentas, cosa que es positiva. Sin embargo no lo es que en el plazo de solo tres meses desde que se publique la Ley sean liquidadas todas aquellas que aún no hayan satisfecho ese requisito. Si este punto se aplicara a todas las instituciones, es evidente que desaparecerían un alto porcentaje de ellas en un tiempo mínimo. Recordemos que muchos Ayuntamientos presentan los presupuestos de un año al año siguiente y que el control de cuentas de un ejercicio se efectúa con años de demora.

Parece evidente que, con el pretexto de racionalizar el gasto de las Administraciones Locales, la voluntad del Gobierno es la de expoliar los bienes comunales para sanear las arcas de otras instituciones, aunque ello signifique acabar con entidades seculares, que han funcionado bien en general –especialmente cuando las comparamos con las de rango superior-, que no tienen deudas y de las que depende la continuidad del poblamiento rural en muchas zonas.

Proyecto León quiere manifestar que el texto del Anteproyecto debe ser modificado en el sentido de que las Juntas Vecinales han de mantener su estatus y personalidad jurídica, han de presentar sus cuentas en los mismos plazos que los propios ayuntamientos, deben prestar servicios en coordinación y cofinanciación con el Ayuntamiento evitando cargarlas con las que son competencia exclusiva del mismo, y han de ser reforzadas como herramientas de descentralización y de redistribución de la riqueza. Las Juntas Vecinales son un fijador de población de primer orden en el medio rural y pensamos que en ningún caso deben ser liquidadas, sino que se debe hacer todo lo posible para que el Gobierno modifique en tal sentido el Anteproyecto de Ley antes de su aprobación.

En todo caso pensamos que, si de ahorrar se trata, deben olvidarse de las Juntas Vecinales y levantar la mirada hacia otras organizaciones territoriales como las propias Comunidades Autónomas o la organización general del Estado.

La demorada reforma de las Administraciones Públicas

Proyecto León viene reclamando desde 2009 una reforma de las administraciones públicas que adapte sus estructuras, surgidas en algunos casos hace más de 150 años, a las necesidades de una sociedad moderna del siglo XXI. Si bien el Gobierno de España se marcó como prioridad esta reforma a partir de la entrada efectiva del Partido Popular, en enero del año pasado, aún no se ha producido cambio alguno en ese capítulo, salvo el de incrementar el número de desempleados del sector público. Intuimos que, al contrario de lo que ha sucedido con otras reformas, como la laboral o la financiera, existen intereses que retienen esta iniciativa gubernamental.

Casi simultáneamente se han publicado dos anteproyectos de ley: el de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” del gobierno central y el de “Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio” del gobierno autonómico. Esta coincidencia viene a reconocer la necesidad de reformas que con tanta insistencia hemos reclamado desde Proyecto León durante los últimos 4 años. Por ser esencial en el conjunto del Estado, vamos a centrarnos en el anteproyecto de Castilla y León, territorio que con un 5% de la población reúne un 25% de los ayuntamientos de España y donde la mayor parte no alcanza los 1.000 habitantes.

La exposición de motivos que justifica el borrador autonómico, es un canto a la “eficiencia, sostenibilidad y racionalidad”, donde se hace hincapié en la necesaria suficiencia financiera de las entidades locales para exponer a renglón seguido, que no se suprimirá ningún ayuntamiento. Como sabemos que son numerosos los que presentan insuficiencia financiera y prácticamente todos insuficiencia de servicios,  nos preguntamos cómo se logrará subsanar lo que es una contradicción in terminis. Viene seguidamente el enunciado de que se evitará la creación de nuevas estructuras administrativas y que se simplificará la gestión pública. A partir de ahí todo entra en conflicto con lo expresado en la exposición de motivos. En resumen: el anteproyecto retuerce sus objetivos iniciales para acabar proponiendo lo contrario.

En primer lugar se pretende crear por encima de los ayuntamientos las “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio” (UBOST) para prestar los servicios esenciales, ya que los ayuntamientos no son eficientes para hacerlo (¿para qué sirven entonces?). En segundo lugar se crean las “Áreas Funcionales Permanentes” (AFP), que no coinciden con las UBOST. En tercer lugar se pueden crear las “Áreas Funcionales Estratégicas” (AFE), que tampoco coinciden con las UBOST ni con las AFP. Por encima de éstas se mantienen además las Diputaciones, que en el anteproyecto estatal está previsto que hagan todas esas funciones (¿?). Aparte de esto se impulsa la implantación de la administración electrónica a fin de resolver cuantos trámites sea posible por internet, lo que permitiría la centralización de muchas gestiones, hoy desperdigadas entre diversas administraciones.

Nos preguntamos qué ventajas para los ciudadanos tiene este galimatías, que incrementa en 3 los escalones administrativos, frente a una fusión de ayuntamientos con el reforzamiento del papel de las juntas vecinales. La Junta de Castilla y León propone establecer 7 escalones  (Junta Vecinal, Ayuntamiento, UBOST, AFP, AFE, Comarca y Diputación) a partir de los 5 que existen actualmente. Si consideramos las mancomunidades, Proyecto León propone pasar de los 5 niveles actuales a 3 (Juntas Vecinales, Ayuntamientos y Diputaciones) mediante una fusión de municipios que haga innecesaria la mancomunación. No tiene sentido hablar de eficiencia cuando con menos recursos se multiplican las instituciones, lo que conllevará presupuestos añadidos, gastos corrientes, dietas, etc. Es contradictorio hablar de simplificación cuando se multiplican los centros de decisión. No se puede argumentar racionalidad cuando se mantienen ayuntamientos insolventes y minúsculos cuyas funciones pueden ser asumidas por una junta vecinal.

En definitiva, Proyecto León no entiende qué se pretende con el anteproyecto de ley de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León. Si encontramos una orientación manifiesta en este borrador es la de mantener a alcaldes y concejales en sus puestos aun a costa de sacrificar servicios a los ciudadanos. No es posible prestar más y mejores servicios sin reducir los costes de administración y sin mejorar la ejecutividad y rapidez en la toma de decisiones. Creemos que eludir la simplificación de municipios esconde intereses de partido y abona las tesis de quienes creen que nada importa a la clase política cuando de defender sus privilegios se trata.

Municipios: una dejación injustificable

Proyecto León defiende la fusión de municipios como una herramienta necesaria para que los ciudadanos reciban el máximo de servicios con el mínimo de gastos administrativos. Esto es debido a que la distribución de la población en León -y en España en general- ha sufrido cambios radicales en los últimos decenios. Los ciudadanos se han concentrado en las áreas metropolitanas -una o dos en la mayoría de las provincias- dejando entre ellas enormes espacios con ayuntamientos casi despoblados.

En consecuencia han aflorado dos disfunciones cada vez más evidentes: en los pueblos se mantiene una costosa estructura administrativa, que otrora resultaba lógica, basada en ayuntamientos sin apenas censo, por lo que carecen de capacidad inversora y de prestación de servicios; por su parte las áreas metropolitanas, formadas por varios municipios que antaño estaban separados físicamente, se han compactado configurándose un solo núcleo urbano, pero mantienen sin cambios las viejas estructuras administrativas.

Los signos más claros de esta situación en León los tenemos en que hay 143 municipios con menos de 1.000 habitantes de un total de 211 (el 68%), y una capital compuesta, al menos, por tres municipios que reúnen 182.000 habitantes gobernados por 3 alcaldes y 62 concejales, cuando en Burgos, de un tamaño similar, se hace lo mismo con un alcalde y 26 concejales.

Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone podemos poner como ejemplo los ayuntamientos de 600 habitantes aproximadamente (Fresno de la Vega, Almanza, Toral de los Guzmanes, Destriana, Benuza ...). Son entidades con un presupuesto anual en torno a medio millón de euros. Un 10% han de dedicarlo a pagar al secretario del Ayuntamiento y sus seguros sociales. Otros 400.000 euros se suelen ir en gasto corriente (salarios, cobros del alcalde y concejales, luz, calefacción, gastos financieros...). La capacidad de inversión queda reducida a unos 50.000 euros, a repartir normalmente entre varios pueblos. Por esta causa defendemos que el papel de las juntas vecinales debe ser fundamental para el sostenimiento de los servicios; potenciadas y bien gestionadas, son las administraciones más cercanas al ciudadano del mundo rural y las de funcionamiento más económico.

Proyecto León cree que la fusión permite reducir drásticamente las partidas dedicadas a políticos y burocracia, así como racionalizar las de personal y servicios al ser compartidas por más población. Proyecto León estima el ahorro de una fusión municipal en costes de administración en un rango que va del 10% al 30%, según ayuntamientos. Por esta razón la misma debe ser una prioridad en la reflotación de la economía de la Región Leonesa y de España en general.

Por contra, el Presidente del Gobierno se ha reunido con el de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre éste particular, mostrando interés por paralizar cualquier avance en la reestructuración municipal, mientras que no hemos observado interés alguno por otras cuestiones de interés general como las ayudas a entidades financieras quebradas y liquidables, por preservar el carácter público del sistema nacional de salud, o por vigilar la limpieza de la selección del personal público. En este marco, el retraso de una reordenación de la administración pública local plagada de ineficiencias y sobrecostes, denota, a nuestro juicio, síntomas de una grave descomposición de la autoridad del Estado frente a  intereses políticos particulares. Las administraciones locales presentan un malgasto identificado y evidente cuya corrección debiera ser inmediata.

Proyecto León en La 1 y Canal 24 Horas de RTVE

Recientemente los reporteros del programa Repor de RTVE hicieron un trabajo sobre fusiones municipales en el que participó nuestro grupo.

El programa se ha emitido en La 1 y en Canal 24 H.

Aquí están los enlaces al vídeo del programa. También se puede ver con más calidad, en la sección "Televisión a la Carta" de la página web de RTVE y en el canal de Youtube:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/repor/repor-ajuntamientos/1540787/

www.youtube.com/proyectoleon

Repor - RTVE (1/3)

Repor - RTVE (2/3)

Repor - RTVE (3/3)

La reforma pendiente de la Administración Local

Pese a los numerosos anuncios de reforma de la administración local que ha efectuado el Gobierno de España en los últimos meses, a día de hoy se desconoce cuál va a ser ésta en su conjunto. La única propuesta que ha trascendido al respecto sobre esta reorganización administrativa es la relativa a la supresión de las Juntas Vecinales y Entidades Locales Menores. No deja de ser cuando menos sorprendente que pretendan eliminar el único escalón administrativo que no genera gasto alguno al Estado, ya que estas entidades se autofinancian.

Pendones Leoneses
Fuente: http://raigame.blogspot.com.es/2012/10/pendones-leoneses-fotos.html

En este sentido las Juntas Vecinales (en León es así prácticamente en todos los casos), son propietarias de muchos bienes comunales que gestionan secularmente con acierto y consenso democrático a través de los concejos. Causa perplejidad la pretensión liquidadora, ya que si desaparecen estas entidades, los bienes que les pertenecen (por derecho, por historia y por ley también a los habitantes de esos pueblos), pasarían a ser propiedad de los ayuntamientos, así como su gestión y los beneficios que reportan. En definitiva se trata de todo un expolio.

Concejo en un pueblo de León
Fuente: http://www.templete.org/2012/09/todos-una-jjvv-y-concejos-manana-se.html

Por otro lado parece que la actuación de diversos grupos de interés puede llegar a doblegar la voluntad de convertir esta reforma en una herramienta de reducción y racionalización del gasto público. El descenso en la recaudación de impuestos sumado a los profundos cambios de la población española, que ha supuesto la concentración en las ciudades y áreas metropolitanas, y la práctica desertización de grandes áreas rurales exigen reestructurar en profundidad la organización de municipios, diputaciones y autonomías por razones de interés general.

Nuestro colectivo cree que el primer paso para realizar cualquier análisis de las necesidades es reconocer los problemas que actualmente atenazan a nuestro entramado institucional. El primero es que nuestras ciudades y sus áreas periféricas han crecido hasta fundir la trama urbana en sus bordes. En esta situación no hay diferencia ni separación entre muchas capitales de provincia y los municipios contiguos. Estas áreas metropolitanas operan como una sola unidad económica y social en la que los ciudadanos interactúan libremente. Sin embargo la administración local no ha asumido ese cambio y estas zonas urbanas permanecen fraccionadas innecesariamente en varios municipios.

No existe una explicación racional ligada al interés común que justifique el mantenimiento de tantos municipios con todos sus gastos, autoridades y unidades administrativas, que complican cualquier tramitación o mejora de los servicios a los ciudadanos. Por esta razón todas las ciudades deberían experimentar una “compactación institucional” que adapte la dimensión municipal a la social y económica. Proyecto León viene abogando por la fusión de municipios desde 2008 a fin de paliar esta situación que convierte a las ciudades en conjuntos polimunicipales desordenados e ingobernables.

Una propuesta de reorganización basada en cabeceras comarcales
Fuente: Elaboración propia

El segundo problema que se debe asumir es el profundo despoblamiento de muchas zonas rurales, lo que ha llevado a sus ayuntamientos a perder relevancia, presupuesto, operatividad y justificación de su propia existencia. Más aún  si consideramos que la red de comunicaciones actual permite a los ciudadanos desplazamientos más lejanos en distancia con mucha más seguridad y en menos tiempo. Asimismo, la introducción de las nuevas tecnologías en la administración facilita a los usuarios la realización de trámites burocráticos desde su domicilio. Es muy gráfico el caso de León, en el que dos terceras partes de la provincia no reúnen realmente ni 70.000 habitantes, mientras que en el tercio restante del territorio se concentran 425.000. En esas condiciones es prioritario garantizar los servicios públicos en las zonas despobladas concentrando las unidades administrativas para dedicar el máximo de recursos a la prestación de servicios, como defiende Proyecto León desde 2008.

Proyecto León está de acuerdo con la declaración de intenciones que apunta hacia una distribución estricta de instituciones y competencias, lo que permitirá acabar con el actual grado de desorden. Sin embargo nuestro colectivo cree que cualquier reordenación de competencias, servicios y estructura administrativa debe ir imprescindiblemente acompañada de un cálculo de los costes de administración. Si se continúa hablando de crear estructuras supramunicipales –en la comunidad de Castilla y León los Distritos de Interés Comunitario- o de supresión de entidades inframunicipales –Juntas Vecinales y Entidades Locales Menores a nivel nacional- sin ponerlo en relación con cifras concretas de ahorro, se estará escondiendo la realidad de la propuesta.

Nadie debe cerrar los ojos ante un descenso de recursos –en cuyas causas no queremos ahondar ahora- que es evidente, duradero e inevitable. En esas condiciones cualquier decisión que se tome ha de tender a reducir los gastos de gestión cuanto se pueda, mantener la prestación de servicios tanto como sea posible y reducir los centros de decisión para agilizar la gestión de unos recursos muy inferiores a los de hace cinco años. Cualquier propuesta que no incluya este detalle económico es inadecuada –por ejemplo ¿cuál es el ahorro generado con la supresión de las Entidades Locales Menores?-  y esconde más que resuelve.

Distritos de Interés Comunitario

Desde el año 2008 Proyecto León viene proponiendo una fusión de ayuntamientos en la provincia. A causa de las últimas noticias y declaraciones del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, acompañadas de las reacciones de varios de los alcaldes de León, queremos aportar algunas reflexiones al debate.

El gobierno de la Junta de Castilla y León aboga por garantizar la prestación de los servicios municipales mediante la creación de Distritos de Interés Comunitario: un total de 39 en la provincia; pero enfatiza que no se trata de suprimir ningún ayuntamiento, ya que la Junta es consciente de una supuesta carga afectiva e identitaria de cada uno de ellos. Decimos supuesta porque se trata de una apreciación subjetiva que nosotros no hemos detectado más que en algunos de los pueblos de León. La creación de Colegios Rurales Agrupados es un ejemplo de concentración de servicios que no han supuesto ningún tipo de trauma ni ha contribuido a despersonalizar la identidad de ningún pueblo.

Respecto a este planteamiento de ordenación del territorio, tal y como se ha explicado por el consejero, la pretensión pasa por implantar un nivel institucional más en la ya pesada estructura existente. En este momento en la provincia de León nos administramos a través de  juntas vecinales, ayuntamientos, mancomunidades, Consejo Comarcal en el caso del Bierzo y Diputación, además de la Junta y el Gobierno Central. Nada más y nada menos siete niveles administrativos. Si no se suprime ningún ayuntamiento y además se crean Distritos de Interés Comunitario, lo que se establece es un nuevo escalón añadido a los ya existentes. En consecuencia, más gasto, menos racionalización del mismo, más engrose y complejidad de las administraciones… menos eficiencia y menos recursos para los ciudadanos.

Por otro lado, pensamos que “la carga afectiva e identitaria” no la sustentan los entes administrativos, que son edificios donde se resuelven aspectos burocráticos. La verdadera identidad de los municipios de nuestra provincia recae sobre las juntas vecinales –donde sí participan estrechamente los vecinos- como administradoras de los históricos concejos leoneses, que han gestionado con eficacia y funcionalidad desde tiempos remotos sus bienes comunales.  Este sistema de concejo abierto sí dota a los núcleos leoneses de identidad propia. No así los ayuntamientos que, como hemos dicho, son meramente entes administrativos y que, por añadidura, frecuentemente no pueden cumplir con sus obligaciones en prestación de servicios, dejándolas al cargo de las juntas vecinales o de mancomunidades, a pesar de que el art. 2.2 de la LRL establece que “la Junta de Castilla y León garantizará que los municipios dispongan de los medios adecuados y suficientes para el cumplimiento eficaz de sus fines”.

Del presupuesto de gastos municipales, en muchos casos, entre un 70% y un 80%  se diluye en dos capítulos: gastos de personal (alcalde, concejales, secretario…) y gastos corrientes (desde la luz del edificio hasta el ordenador o las fotocopias realizadas en el mismo). Todo esto antes de prestar servicios a la población.  Sin embargo, tras cubrir esos capítulos, muchos ayuntamientos no disponen ya de los fondos necesarios para prestar los servicios a los que la Ley, insistimos, obliga. Delegan entonces sus funciones en las juntas vecinales, que son las que asumen la responsabilidad sin que tengan obligación alguna. Por otro lado, la creación de mancomunidades de municipios, cuyo fin es prestar servicios municipales, vuelve a poner de manifiesto la quiebra operativa de muchos ayuntamientos. Aunando las dos situaciones, lo que se deduce es que existen numerosos municipios que en la actualidad no son viables económicamente y que suponen un gasto excesivo que repercute sobre el administrado: en consecuencia deben suprimirse.

Para eliminar las últimas dudas y excusas la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León en su Título II, artículo 11 punto 1 establece que la creación de un municipio por fusión de otros limítrofes se podrá cuando de forma separada carezcan de capacidad o recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por Ley, cuando sus núcleos de población se confundan como consecuencia del desarrollo urbanístico (León y su alfoz) y por cualquier otro motivo (económico, administrativo, etc.) que pudiera hacerla necesaria. Es claro, pues, que la propia Ley recoge unas premisas para la fusión de ayuntamientos que en el momento actual se cumplen. Otra cosa es que quien tiene la potestad para provocarlo o imponerlo abdique de sus deberes de gobierno.

Uno de los argumentos utilizados por algunos alcaldes en contra de la fusión de ayuntamientos es una supuesta incomodidad para los ciudadanos mayores y sin vehículo que deberían desplazarse para “arreglar un papel”. Ante esto debemos decir que actualmente, con la excepción de los habitantes del núcleo donde se ubica el edificio del ayuntamiento, todos se desplazan para acceder a él. Es decir, que de los 1.388 núcleos leoneses, los habitantes de 1.177 que no son sede municipal, han de utilizar un vehículo. En todo caso, el transporte a la demanda resuelve eficazmente esta necesidad.

En cuanto a la dificultad para dar con una fórmula equitativa de fusión, pensamos que no es tan complejo. Los parámetros pueden estar basados en factores comunes entre municipios: culturales, históricos, agrícolas, ganaderos, comarcales, de ruralidad, de urbanidad, que dispongan de vías de comunicación que les unan, que compartan costumbres, usos, etc. Proyecto León ha realizado dos mapas con dos propuestas diferentes, pero puede haber muchas más.

Resumiendo: la creación de Distritos de Interés Comunitario, sin suprimir ayuntamientos, traerá consigo el mantenimiento de las estructuras actuales y su engrosamiento, más cargos políticos y menos racionalización del gasto, cuando el fin primordial ha de ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Como corolario, ante este énfasis conservador de concejales y alcaldes dejamos en el aire un par de preguntas: ¿cuánto dejaría de percibir cada partido político en las convocatorias electorales por la reducción de concejales debido a la supresión de numerosos municipios? ¿No será esa una de las razones, quizá la más importante, por las que existe tanta resistencia a eliminar sedes administrativas inoperantes?

Fusión municipal y nuevo mapa político

Las elecciones locales de León han supuesto un cambio político en numerosos ayuntamientos. Los leoneses han dado a un solo partido una mayoría clara de alcaldías. Un primer efecto de este nuevo mapa político municipal es que reducirá las disensiones entre diferentes niveles institucionales.

Por otra parte, la financiación de los municipios se ha visto severamente reducida con la crisis económica. Los ingresos por licencias de construcción y por la venta de solares se han desplomado. Los referidos a otros capítulos también han mermado a causa de la baja actividad económica y a los impagos y demoras que han aparecido como consecuencia. Como los gastos corrientes se fueron incrementando en una medida similar durante el periodo expansivo, la situación de ahogo financiero es apremiante. Sólo los pequeños ayuntamientos, que no sufrieron la explosión inmobiliaria, no se hallan en tan lamentable situación. Sin embargo en la mayoría de los casos comparten entre sí una característica: la prestación deficiente o muy deficiente de los servicios municipales. Por esta razón, salvo excepciones, los ayuntamientos poco endeudados no quedan al margen de la aguda crisis de que adolece la institución municipal en España.

Los extraordinarios cambios en la distribución de la población leonesa en los últimos decenios exigen acomodar el mapa municipal, que ancla sus raíces en el siglo XIX, a la nueva situación. La coyuntura que une el cambio de gobierno municipal, la homogeneización política, la insuficiencia financiera y la crisis del modelo institucional de España y de León deben propiciar una adaptación.

León no tiene nada que ver con la provincia que fue, la que conocimos en los años 50 del pasado siglo. Además nada indica que se pueda volver a aquella situación. Por esta causa Proyecto León viene planteando una fusión municipal que permitiría notables ahorros, una sustancial mejora de los servicios públicos y una acomodación de las instituciones municipales a las nuevas necesidades. Hay que repensar el mapa de servicios municipales redistribuyéndolo y simplificándolo para conseguir que esos servicios lleguen eficientemente a todos los ciudadanos.

Proyecto León ha propuesto dos mapas diferentes partiendo de premisas también diferentes y en ambos casos válidas. En uno se pasa de los 211 municipios actuales a 52 y en el otro a 23. No pretendemos ofrecer opciones cerradas, sino que se produzca el debate. Así ha sido en estos meses, como hemos comprobado por las manifestaciones de diversos políticos. En conclusión, el mapa de fusión municipal podría ser otro –aunque estamos convencidos de la racionalidad de nuestras propuestas-, pero el proceso debe acometerse cuanto antes.

En todo caso es insostenible que casi 150 municipios de León no lleguen a los 1.000 habitantes. Es frecuente que no mantengan un nivel de endeudamiento alto, pero la prestación de servicios es mala en general, cuando no desastrosa.

Por otro lado, León como ciudad ha agotado sus recursos de crecimiento ya que no dispone de espacio de expansión. Esta situación viene dada por el hecho de mantener municipios anejos que carecen hace tiempo de auténtica entidad diferenciada y razón de ser. No se puede sostener tres equipos municipales en lo que funcionalmente es una sola ciudad, como sucede en León. La fusión de los municipios del alfoz con la capital dará como resultado una ciudad de más de 200.000 habitantes que alcanzará el estatus de “gran ciudad”, con todas las ventajas que eso supone, y pasará a tener un puesto más relevante en el conjunto de las ciudades españolas. Todos saldremos ganando.

La victoria casi monocolor (igual ésta conservadora que si hubiese sido progresista) debe servir para acometer sin demoras una reforma institucional que optimice el destino de nuestros impuestos. No nos podemos permitir, inmersos en la profunda crisis económica en que nos encontramos, el ineficaz  derroche en la administración que suponen 211 municipios en la provincia distribuidos sin apenas criterios racionales. Confiamos en la responsabilidad de quienes acaban de acceder a los gobiernos municipales para satisfacer la demanda ciudadana de una administración que centre su razón de ser en el servicio al contribuyente. Por esta razón la Diputación debería abordar sin tardanza la elaboración de un nuevo mapa municipal. Con ello los leoneses tomaríamos ventaja respecto a otras zonas del país.

Fusión de ayuntamientos y foro de expertos

Recientemente se ha reunido el antiguo “banco de pensadores”, reconvertido en la actualidad a “foro de expertos”, creado en su momento por  la Junta de Castilla y León. El tema a tratar era la funcionalidad de los ayuntamientos de la autonomía y la organización del territorio de la misma. Al hilo de lo que Proyecto León viene exponiendo y argumentando con datos para la provincia de León desde finales de 2008, en dicho foro se reconoció la falta de operatividad de gran parte de los ayuntamientos leoneses y castellanos, por su escasa dimensión, y la progresiva despoblación que sufren los municipios.

Ante el reconocimiento de ese hecho el foro de expertos y el Gobierno Autonómico proponen la creación de Áreas Mancomunadas de Interés Comunitario, lo que vendría a significar que se crearían entidades de orden superior a los ayuntamientos, pero sin que desaparezcan éstos. El planteamiento de la Junta parece ser que los ayuntamientos se unan sólo si sus munícipes quieren. Para justificar tal postura se recurre a argumentos como la supuesta identidad municipal.

La lógica indica que, evidentemente, no van a querer. Desde nuestro grupo de opinión pensamos que es fundamental  suprimir entidades poco operativas y nada funcionales en la organización del territorio y no crear unas nuevas manteniendo las anteriores. En la práctica esto se traduciría en más puestos políticos, más gasto público y más presión fiscal para los ciudadanos, que van a tener que costear el mantenimiento de los tradicionales ayuntamientos y de las nuevas entidades.

Parece ser que en algunas zonas las mancomunidades están funcionando con eficacia y ofrecen a los ciudadanos los servicios que los ayuntamientos no son capaces de asumir económicamente. Desde este punto de vista, si los ayuntamientos quedan progresivamente sin funciones porque es otro órgano quien presta los servicios eficazmente, ¿para qué los mantenemos? Si sumamos el gasto de personal y el corriente de estos organismos, en muchos casos supera el 70% u 80% de los recursos del ayuntamiento. ¿Cuál es el coste que le supone a la población mantener un edificio y unos políticos que no cumplen con las obligaciones recogidas en la Ley de Régimen Local?

Proyecto León quiere apelar al sentido común. No entendemos qué tiene que ver la identidad de cada pueblo con los ayuntamientos, que no dejan de ser simples entes administrativos. Si algo hay que respetar como identitario en León, está representado por los concejos y sus instituciones delegadas en los pueblos: las juntas vecinales. En el caso castellano existen instituciones similares en algunas zonas, como Burgos o Palencia. Por el contrario, el ayuntamiento tiene sentido en tanto que es prestador de servicios, no de identidad. Si no es esa su función se convierte en un ente parasitario que devora recursos y no aporta nada al contribuyente. Esa es la situación que se repite en buena parte de los municipios de León y Castilla. Por esta razón no entendemos el empecinamiento en mantener ayuntamientos “zombi”, que sólo persisten a mayor gloria de su corporación municipal.

Por otra parte, es la propia Ley de Régimen Local la que establece como límite aconsejable una dimensión de al menos 1.000 habitantes. Dicha norma cita que la Junta podrá actuar de oficio fusionando entidades cuando se produzca una dejación de sus funciones obligatorias, perfectamente fijadas en el articulado. La inoperancia de estos municipios se está convirtiendo en la de la propia Junta, que se muestra incapaz de resolver una situación surrealista que se plasma con una autonomía que reúne el 25% de los municipios y sólo un 5% de la población. Ante ese panorama parece que el único planteamiento que se presenta es añadir un nuevo escalón administrativo, un sobrecoste, para proporcionar servicios de obligado cumplimiento.

Proyecto León aboga por no actuar con evasivas ante un problema cuya magnitud alcanza a una buena parte del territorio; conflicto que deja en estado de abandono a la población rural fomentando la despoblación aún más. No puede dejarse en manos de ediles con intereses ajenos a los de los administrados una decisión cuya responsabilidad alcanza a los poderes públicos superiores. En definitiva, las mancomunidades de municipios tienen sentido si sirven de ensayo a una fusión posterior. De lo contrario es ocultar un problema en una nube de humo mientras la situación continúa degradándose.

Concentración municipal y crisis económica

Sobradamente conocida es la actual depresión económica que atraviesa el país. Observamos las medidas con que el gobierno de la nación reacciona juzgándolas como más o menos acertadas, aunque hasta ahora incompletas.  La reducción de un 5% de media en los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma laboral, la subida de impuestos y la reciente desaparición del subsidio a los parados de larga duración afectan  a una gran masa de población, pero se manifiestan insuficientes como racionalizadoras del gasto público. Es más, creemos que adolecen de una acusada parcialidad. ¿Cuándo se abordará, por ejemplo, la reforma y racionalización de las instituciones públicas?
Nuestra provincia no presenta en términos generales una arquitectura institucional muy diferente a la del resto del país. Sin embargo existe un detalle diferenciador respecto a otros territorios cercanos como Galicia y Asturias: el gran número de municipios con una población poco significativa en el cómputo global. De los 211 que configuran nuestra provincia, un total de 141 presentan una población inferior a los 1.000 habitantes. Algunos no llegan a los 100. Estos ayuntamientos están obligados a soportar los gastos corrientes que genera la entidad, los gastos de personal, incluyendo los de alcaldes y concejales, ... Además, la ley obliga a dotar servicios como alumbrado público, traída de aguas, alcantarillado, limpieza… cuyos costes son superiores a las posibilidades de lo recaudado.
Pese a tímidas medidas de ahorro, como compartir el secretario municipal, el colapso económico de numerosos ayuntamientos, que desde hace tiempo se venía intuyendo, está cercano. Sirvan como ejemplo la situación crítica por la que atraviesan tanto la capital como algunos municipios del alfoz, más visibles por su dimensión y centralidad. Villaquilambre no ha podido afrontar los pagos del servicio de basuras, León ha tenido que renegociar la deuda con Urbaser y San Andrés del Rabanedo mantiene sin visos de solución una estratosférica deuda con los proveedores. Pero en los pequeños entes locales aparecen también los primeros signos de estrangulamiento: gastos corrientes a los que no se puede hacer frente, empleados que tardan en cobrar las nóminas, proveedores que no reciben el pago en los plazos comprometidos, nula o casi nula capacidad de endeudamiento…
Aunque son muchos los apaños para maquillar la grave situación hasta las elecciones de mayo, algunos de nuestros ayuntamientos no tardarán tras éstas en  encontrarse en la quiebra. Urge por tanto, una reestructuración municipal, concentrando por un lado pequeños y desfasados entes administrativos y por otro grandes e inviables por mala administración y pérdida de personalidad propia. De la reforma han de surgir entes que reúnan más población y que uniformicen la prestación de servicios, como los del área metropolitana de León. El objetivo ha de ser configurar instituciones cuyo prócer represente a un número significativo de ciudadanos y que esté investido de una autoridad moral y territorial de la que ahora carece. De esta manera no sólo se conseguirá una racionalización del gasto público, una liberación de recursos y un reparto más eficaz de prestaciones, sino que podremos afrontar los próximos decenios con instituciones más ágiles, eficaces, capaces y suficientes.
Los concejos, que se constituyen como un hecho diferenciador de nuestra provincia, han venido funcionando con rigor y eficacia desde hace siglos hasta hace unos decenios. En esta situación se configuran como un capital fundamental en una reestructuración de las entidades municipales. En Proyecto León abogamos por una concentración de ayuntamientos previa a las elecciones de mayo a la vez que lo entendemos como una oportunidad para potenciar las Juntas Vecinales, imbricarlas en el entramado municipal y dotarlas nuevamente del contenido social que han ido perdiendo.  No desperdiciemos, pues, la ocasión para superar nuestras debilidades y poder salir de la crisis con estructuras fuertes, homologables con el resto de Europa, que nos permitan afrontar los exigentes retos que, indudablemente, va a traer el futuro.

Finanzas y fusión de municipios

El grupo de opinión Proyecto León propone profundizar en el debate de la fusión de municipios a la vista de las crecientes dificultades financieras y fiscales. La concentración es uno de los instrumentos más eficaces de desarrollo para nuestra tierra ya que, concluida ésta, se podrían prestar más servicios con menos coste; especialmente en las áreas que están sufriendo una mayor despoblación.

Los ayuntamientos españoles se ven obligados a devolver al Gobierno Central parte de los fondos recibidos como anticipo en 2008 y 2009, puesto que la recaudación fue inferior a la prevista. Por otro lado, se limita el endeudamiento a partir de 2011 y los ingresos propios también son muy bajos. En consecuencia, numerosos ayuntamientos en los próximos meses, además de no poder proporcionar apenas servicios a los ciudadanos, se verán colapsados. Varias entidades ya no han podido hacer frente a los gastos corrientes, otras reclaman reiteradamente el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social… Desde la Federación Española de Municipios y Provincias se apunta la posibilidad de numerosas declaraciones de quiebra técnica y que a finales de año el 30% no puedan hacer frente al pago de las nóminas.

Ante la descapitalización en que se ven sumidos los entes municipales, Proyecto León apunta una vez más hacia la fusión de los mismos para favorecer la eficiencia en el gasto público. Centrándonos en nuestra provincia, según la Ley de Bases de Régimen Local (Tít. II, Cap. III, Art. 26.1.a): “Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas”. En León, además, contamos con las juntas vecinales, que permiten cierta autogestión y control de los servicios por parte de los pueblos. Esto podría ser muy ventajoso bajo la tutela de ayuntamientos fuertes, capaces de imponer racionalidad. Por el contrario son muchos los que incumplen la ley, dada su incapacidad financiera.

La Ley de Régimen Local explicita que “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales” (Tít. II, Cap. I, Art. 13.3). Asimismo en el Artículo 13.2 advierte “La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales”. En resumen, la responsabilidad de esta fusión municipal estaría en la autonomía y en el Gobierno Central.

En el caso de la Junta de Castilla y León la cuestión resulta especialmente candente. Si España cuenta con un total de 8.115 municipios, esta autonomía reúne la asombrosa cifra de 2.248, más de la cuarta parte. Galicia, con una población un poco superior, cuenta 315 y aún así ha abierto el debate de la fusión municipal, con el criterio de concentrar municipios de, al menos, 15.000 habitantes. Parece evidente que el ente castellano y leonés debiera acometer una inexcusable reconversión que racionalice el uso de los recursos económicos municipales y mejore la prestación de servicios en la autonomía más extensa de Europa.

Sin embargo no podemos dejar de lado a las diputaciones, que pueden proponer al gobierno autonómico reformas, pese a no tener capacidad ejecutiva. La Ley de Bases de Régimen Local expresa que “son fines propios y específicos de la provincia garantizar (…), y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal” (Tít. III, Art. 31.2). Dado que es conocido que muchos ayuntamientos no prestan los servicios a los que la ley obliga, la diputación debería obrar en consecuencia proponiendo una fusión en los casos que proceda.

En resumen, según nuestro criterio existe cierta dejación de funciones en los diferentes niveles institucionales. Es palmaria la necesidad de una fusión municipal urgente. En un camino lógico la diputación debería justificar una propuesta ante la autonomía. A su vez, la autonomía debería hacer una consulta no vinculante a los municipios afectados. Por último se debería cerrar el nuevo modelo con las correcciones correspondientes y remitirlo al Consejo de Estado para su aprobación e implantación.

De lo contrario, existe una alta probabilidad de que en unos meses muchos municipios queden bloqueados. Entonces el Gobierno de España podría establecer unos criterios fijos para todo el territorio, sin adaptación local alguna, y sobrevendría una fusión municipal por decreto. En manos de las instituciones locales y autonómicas está evitar este lamentable desenlace.

Publicación en La Crónica

Fusión municipal y comarcalización

El Fondo Monetario Internacional está descubriéndonos un itinerario de ajustes para los países más afectados por la crisis financiero-fiscal. Dicha cadena de medidas puede ser reconocida por su aplicación a Grecia en las últimas semanas. En los días precedentes se ha comprobado cómo, casi en la misma medida, los pasos se están aplicando con cierta urgencia en otros países y entre ellos, en España. Una de las medidas que parece obvio que sea trasladada es la concentración municipal y la racionalización de los escalones de la administración pública por su manifiesta irracionalidad.

Proyecto León elaboró en 2009 una propuesta de fusión de ayuntamientos para la provincia de León con el fin de explorar una mejoría de la deteriorada eficiencia municipal. La propuesta, un modelo planteado para debatir, perseguía una estructura con dos tipos de municipios: unos netamente urbanos y otros puramente rurales, que aglutinasen al menos 1.000 habitantes. Así se aspiraría a especializar la gestión municipal para enfocar la solución de problemas específicos, como el abandono de los ancianos en pueblos semivacíos o la mala utilización de los bienes comunales.

A consecuencia del turbulento proceso de ajuste que sufre la economía española han surgido voces que abogan por la comarcalización como alternativa a la concentración. Proyecto León no puede estar de acuerdo si eso implica la creación de un nivel más en la administración, confusa ya en términos de competencias e innecesariamente aparatosa. Por el contrario, si se plantea como una concentración municipal en torno a las cabeceras creemos que puede ser una alternativa plausible. Una reestructuración de este tipo no evitaría el abandono de las zonas más ruralizadas, como ha demostrado la experiencia, pero no es menos cierto que fortalecería definitivamente una red de poblaciones con una oferta de servicios diferencial capaces de abarcar todo el territorio. Como complemento habría que dar un papel relevante a las juntas vecinales, cuyos presupuestos debieran ser supervisados desde los ayuntamientos y su estructura dotada de los medios necesarios para desempeñar localmente ciertas competencias municipales.

Sin embargo no podemos estar de acuerdo en otro aspecto que se reclama: la desaparición de las diputaciones provinciales. Creemos que es necesario conectar directamente la elección de sus equipos directivos con la voluntad popular, pero en otro orden de cosas, las diputaciones son organismos especialistas en sus territorios. En consecuencia serían las delegaciones territoriales de la autonomía las que deberían subsumirse en las diputaciones por pura economía de medios. La autonomía debiera traspasar la capacidad ejecutiva de sus competencias a la institución provincial. Ese modelo, que se aproximaría al de las autonomías uniprovinciales, reproduce una estructura cuyos resultados destacan poderosamente sobre el resto y con la que se conseguirían eliminar muchas de las actuales duplicidades administrativas.

En definitiva, Proyecto León propone un mapa de concentración municipal en torno a 23 cabeceras, que se acerca a la comarcalización, pero evitando sus prescindibles sobrecostes. Es un modelo alternativo al que propusimos anteriormente. Cuenta con la ventaja de que puede tener un carácter más de largo plazo al no verse tan azotado por la despoblación, pues las cabeceras mantendrían un notable contingente poblacional en cualquier escenario a varios decenios vista.

Ambas propuestas definen caminos que probablemente haya que recorrer en unos meses, por lo que Proyecto León aboga por un debate sin límites del que los leoneses van a salir, sin duda beneficiados.

Debate sobre la fusión municipal en el Diario de León

El principal objetivo de Proyecto León se ha cumplido: el debate se ha abierto. La sociedad debe moverse y manifestar sus opiniones, a favor o en contra, pero siempre siendo partícipes.

La Crónica reabre el debate sobre fusiones de ayuntamientos

La prensa local ha reabierto el debate sobre nuestra propuesta de concentración municipal, en la que llevamos trabajado casi dos años.

La Crónica también se hace eco de esta reestructuración necesaria en nuestra provincia.

Artículo publicado en La Crónica.

El Diario de León se hace eco de nuestra propuesta de concentración municipal

Este domingo, a consecuencia de la crisis económica que está sufriendo España, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de una concentración municipal con el fin de racionalizar gasto público.

Este es el artículo publicado en el Diario de León.

En el DIARIO DE LEÓN

Segregaciones y sus consecuencias

Desde el grupo de opinión Proyecto León hemos elaborado un proyecto de concentración municipal en el que llevamos trabajando más de un año. Creemos que la situación socioeconómica de nuestra provincia requiere un reajuste estructural urgente que permita consolidar municipios con Ayuntamientos más fuertes, con más población y mayor peso ante instituciones superiores. Asimismo permitiría llevar a cabo un ajuste en el gasto, ya que tanto los capítulos de personal como los de gastos corrientes están, en muchos casos, asfixiando a nuestras administraciones municipales. Tan es así que a veces no tienen capacidad económica para implantar los servicios mínimos que según la Ley de Régimen Local tienen obligación de prestar a la  población, servicios que los habitantes tienen derecho a recibir.
El proceso de segregación que las localidades de Villaornate y Castrofuerte van a emprender nos previene sobre cuál es la fórmula correcta para realizar un proceso de fusión, aunque está regulado claramente en la Ley de Régimen Local. Los vecinos de estas poblaciones esgrimen dos argumentos que consideramos importantes: por un lado alegan que les fusionaron engañados, ya que creían que sería con Valencia de Don Juan; por otro, enarbolan que los bienes comunales de Villaornate pasaron a manos del Ayuntamiento, pero no así los de Castrofuerte que quedaron en manos de su Junta Vecinal. Tenemos por tanto, dos cuestiones problemáticas: por un lado falta de claridad en el proceso y por otro una desigualdad de condiciones en lo que aportan los concurrentes.
El actual municipio de Villaornate y Castro tenía, a 1 de enero de 2008, 437 habitantes, una superficie de 53,94 km² y una densidad de población de 8,10 hab/km². En los presupuestos de dicho año constan 89.500 euros en gastos de personal (alcalde, concejales, secretario, administrativo…) y 117.000 euros en gastos corrientes (desde la luz del Ayuntamiento, la calefacción o el ordenador, hasta las fotocopias que se realizan a diario). Sobre un total de 562.144 euros suponen el 36,73% de los gastos totales. Esto se traduce en que cada habitante del municipio debe dedicar 204,81 euros anuales a sufragar gastos antes de recibir servicio alguno.
En el proceso de segregación que ahora inician las dos localidades estos gastos se verán multiplicados: habrá que dotar un edificio para el nuevo Ayuntamiento, los bienes muebles que se necesiten, más los gastos añadidos de alcalde y concejales, secretario de ayuntamiento, administrativo, etc.  Creemos que es un gasto excesivo e innecesario para las menguadas arcas de las poblaciones.
A 1 de enero de 2009, este municipio presenta una población de 418 habitantes, es decir, ha perdido en un año un 4,35%. Se distribuye así: la población de Villaornate es de 246 habitantes y la de Castrofuerte de 172 habitantes. Dos municipios de esta dimensión carecen  de entidad y de potencial para crecer y hasta para subsistir. Teniendo en cuenta que el principal baremo para asignar fondos a los Ayuntamientos se basa en el número de habitantes, se concluye que en poco tiempo nos encontraremos no ya con una, sino con dos instituciones que no podrán hacer frente a sus gastos.
Un proceso de fusión de Ayuntamientos pasa por implementar medidas igualitarias para los implicados con el fin de que el proceso sea equilibrado.  León es una provincia con un gran número de Entidades Menores al Municipio o Juntas Vecinales y los habitantes de León son los propietarios de abundantes bienes comunales, que están administrados por dichas Juntas.  Estas fusiones no pueden basarse en la desaparición de las Juntas Vecinales sino todo lo contrario. Lo lógico sería que se reforzaran dotándolas de más competencias para que puedan seguir gestionando sus bienes y otras labores delegadas, como lo han hecho a lo largo de los siglos con gran acierto.
En esta época de crisis, donde son comunes los expedientes de regulación de empleo, pensamos que también dentro de la llamada “clase política” se debería realizar una racionalización. Hay que incrementar la productividad de los Ayuntamientos y hacerlos económicamente eficientes. Los datos apuntan a que una gran parte de los presupuestos se esfuman en los emolumentos y gastos varios de una maraña de alcaldes y concejales, muchas veces imposibilitados para el desempeño de sus funciones por falta de recursos.
Nuestra propuesta defiende eliminar esos gastos innecesarios y aumentar los servicios a la población, servicios a veces tan escasos que impiden que nuestros pueblos se desarrollen invitando a su despoblación.
¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir según nuestro punto de vista? En primer lugar se deberían restituir las juntas vecinales con sus bienes de origen. Esto dejaría la institución municipal en una situación aún más precaria que la actual. En consecuencia se debería proceder a la fusión intermunicipal hasta alcanzar un tamaño adecuado. Según la propuesta de Proyecto León, Villaornate y Castro se integrarían en una entidad municipal con Campazas, Valderas, Valdemorilla, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Izagre, Villabraz y Castilfalé. El nuevo municipio reuniría 3.996 habitantes según el recién publicado censo del I.N.E. de 2009, una cifra significativa en un panorama provincial marcado por la despoblación y el envejecimiento. La capacidad reivindicativa de su alcalde nada tendría que ver con la irrelevancia de los diez munícipes actuales y la homogeneidad de sus problemas permitiría soluciones compartidas con un gasto moderado y el compromiso de los concejos.
Por último, para quienes opinen que es importante tener un ayuntamiento inoperante y minúsculo  en cada pueblo lanzamos una pregunta: ¿qué servicios es capaz de proporcionarles ese microayuntamiento que no pueda resolver una junta vecinal conectada con una institución municipal fuerte?