Fusión de ayuntamientos y foro de expertos

Recientemente se ha reunido el antiguo “banco de pensadores”, reconvertido en la actualidad a “foro de expertos”, creado en su momento por  la Junta de Castilla y León. El tema a tratar era la funcionalidad de los ayuntamientos de la autonomía y la organización del territorio de la misma. Al hilo de lo que Proyecto León viene exponiendo y argumentando con datos para la provincia de León desde finales de 2008, en dicho foro se reconoció la falta de operatividad de gran parte de los ayuntamientos leoneses y castellanos, por su escasa dimensión, y la progresiva despoblación que sufren los municipios.

Ante el reconocimiento de ese hecho el foro de expertos y el Gobierno Autonómico proponen la creación de Áreas Mancomunadas de Interés Comunitario, lo que vendría a significar que se crearían entidades de orden superior a los ayuntamientos, pero sin que desaparezcan éstos. El planteamiento de la Junta parece ser que los ayuntamientos se unan sólo si sus munícipes quieren. Para justificar tal postura se recurre a argumentos como la supuesta identidad municipal.

La lógica indica que, evidentemente, no van a querer. Desde nuestro grupo de opinión pensamos que es fundamental  suprimir entidades poco operativas y nada funcionales en la organización del territorio y no crear unas nuevas manteniendo las anteriores. En la práctica esto se traduciría en más puestos políticos, más gasto público y más presión fiscal para los ciudadanos, que van a tener que costear el mantenimiento de los tradicionales ayuntamientos y de las nuevas entidades.

Parece ser que en algunas zonas las mancomunidades están funcionando con eficacia y ofrecen a los ciudadanos los servicios que los ayuntamientos no son capaces de asumir económicamente. Desde este punto de vista, si los ayuntamientos quedan progresivamente sin funciones porque es otro órgano quien presta los servicios eficazmente, ¿para qué los mantenemos? Si sumamos el gasto de personal y el corriente de estos organismos, en muchos casos supera el 70% u 80% de los recursos del ayuntamiento. ¿Cuál es el coste que le supone a la población mantener un edificio y unos políticos que no cumplen con las obligaciones recogidas en la Ley de Régimen Local?

Proyecto León quiere apelar al sentido común. No entendemos qué tiene que ver la identidad de cada pueblo con los ayuntamientos, que no dejan de ser simples entes administrativos. Si algo hay que respetar como identitario en León, está representado por los concejos y sus instituciones delegadas en los pueblos: las juntas vecinales. En el caso castellano existen instituciones similares en algunas zonas, como Burgos o Palencia. Por el contrario, el ayuntamiento tiene sentido en tanto que es prestador de servicios, no de identidad. Si no es esa su función se convierte en un ente parasitario que devora recursos y no aporta nada al contribuyente. Esa es la situación que se repite en buena parte de los municipios de León y Castilla. Por esta razón no entendemos el empecinamiento en mantener ayuntamientos “zombi”, que sólo persisten a mayor gloria de su corporación municipal.

Por otra parte, es la propia Ley de Régimen Local la que establece como límite aconsejable una dimensión de al menos 1.000 habitantes. Dicha norma cita que la Junta podrá actuar de oficio fusionando entidades cuando se produzca una dejación de sus funciones obligatorias, perfectamente fijadas en el articulado. La inoperancia de estos municipios se está convirtiendo en la de la propia Junta, que se muestra incapaz de resolver una situación surrealista que se plasma con una autonomía que reúne el 25% de los municipios y sólo un 5% de la población. Ante ese panorama parece que el único planteamiento que se presenta es añadir un nuevo escalón administrativo, un sobrecoste, para proporcionar servicios de obligado cumplimiento.

Proyecto León aboga por no actuar con evasivas ante un problema cuya magnitud alcanza a una buena parte del territorio; conflicto que deja en estado de abandono a la población rural fomentando la despoblación aún más. No puede dejarse en manos de ediles con intereses ajenos a los de los administrados una decisión cuya responsabilidad alcanza a los poderes públicos superiores. En definitiva, las mancomunidades de municipios tienen sentido si sirven de ensayo a una fusión posterior. De lo contrario es ocultar un problema en una nube de humo mientras la situación continúa degradándose.

Presentación de la Fusión Municipal en el Centro Leonés en Cataluña

Recientemente, el 13 de marzo de 2011, uno de los miembros de Proyecto León, Javier Callado, se ha desplazado a Barcelona para asistir a las XVIII Jornadas Culturales organizadas por el Centro Leonés en Cataluña, al que fue invitado para exponer el tema de la Fusión Municipal en el que llevamos trabajando desde hace años.


Tal como se refleja en las imágenes, el público llenó completamente el salón de actos del Centro Leonés y la conferencia de nuestro compañero fue todo un éxito.

 Presentación de la conferencia de nuestro compañero Javier Callado

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 En plena presentación

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El público abarrotó el salón de actos

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La prensa local también se hizo eco de esta noticia, tanto el Diario de León como La Crónica, ya que los dos periódicos tuvieron sus representantes en las Jornadas Culturales.

Elecciones y autovía sociológica a Portugal

Proyecto León viene defendiendo la conexión por autovía entre León y Bragança como una infraestructura básica de comunicación con el norte de Portugal. Este enlace debería verse precedido por lo que hemos denominado como “autovía sociológica”, un vínculo menos tangible que una vía geográfica, pero aun más  importante para el futuro de los dos territorios. El entramado sociológico está basado en el fomento de las relaciones entre los leoneses y los vecinos transfronterizos, y en el descubrimiento de las numerosas oportunidades de ocio, negocio, cultura, etc. por ambas partes. Son estos intereses los que han de fraguar la necesidad de esa comunicación, inexplicablemente olvidada hasta hoy.

El territorio norte de Portugal, cuya puerta para los leoneses es Bragança y el departamento de Tras os Montes con el que nos unen fuertes lazos culturales, reúne en una superficie similar a la que suman León y Zamora una población de más de 4.000.000 de habitantes, que suponen más de un tercio de la población total del país. En ese espacio se concentra el 70% de las industrias que exportan el 45% de la producción de Portugal.  Sus principales sectores son el textil -en proceso de un profundo  ajuste-, calzado, cuero, madera, muebles y construcción.
Presenta dos debilidades importantes: el paro, que alcanza el 11%, prácticamente la media del país -si bien es la mitad de porcentaje que en España- y la agricultura, que ha sufrido una desastrosa aplicación de la PAC. La pretendida mejora de la productividad por la política agraria común no se alcanzó, por lo que su oferta ha llegado a ser insuficiente incluso para atender la propia demanda interna.
La futura autovía León – Bragança abrirá un corredor estratégico hacia el Norte de Portugal. El núcleo más importante es Oporto, ciudad que con 1.250.000 habitantes  y una superficie que es tres veces la de Ponferrada, se erige en cabecera del área. En el Gran Oporto hay una  fuerte concentración industrial en torno a un importante puerto de mar -en Leix­oes-, las bodegas de vino de Oporto -en  Vila Nova de Gaia-, y las fábricas de muebles y de filigranas de oro y plata -en Gondomar-. Asimismo, dispone de un importante nudo ferroviario en Ermesinde, con un sólido centro empresarial.
Por otra parte, para el espacio Norte de Portugal, León y su área de influencia conforman un gran centro de gravedad. Nuestra concentración humana es destacada en la escala portuguesa, donde León sería el tercer casco urbano en dimensiones poblacionales. Los atractivos artísticos, las estaciones de esquí y el turismo de montaña, las ofertas de ocio en general, la capacidad de consumo y nuestra industria agroalimentaria son aspectos de gran interés para los portugueses, que debemos divulgar.
Ante esta perspectiva, Proyecto León opina que el desarrollo de las relaciones con el norte de Portugal aparece como una prioridad para los intereses de León. Los intercambios con Portugal son irrelevantes en la actualidad y por lo tanto el posible incremento es enorme.  Calcular los beneficios que conllevaría este nuevo vector económico es todo un desafío. Por esta razón opinamos que los partidos políticos deberían incluir en sus programas para las elecciones locales y autonómicas medidas concretas que estimulen las relaciones entre León, Astorga, La Bañeza, Sta. Mª del Páramo, Valencia de Don Juan -y por extensión con el Bierzo, la Montaña, etc.-  con Bragança, Vila Real, Braga y Oporto.
Son las cabeceras urbanas y sus agentes económicos, culturales y sociales, especialmente en el caso de España, las que pueden catalizar esta oportunidad emergente para convertirla en una pieza clave del desarrollo. Mucho más en plena crisis, cuando cualquier esfuerzo dedicado al despliegue de esta reubicación estratégica puede reportar negocios, empleos y, al fin, progreso en todo el área.

Concentración municipal y crisis económica

Sobradamente conocida es la actual depresión económica que atraviesa el país. Observamos las medidas con que el gobierno de la nación reacciona juzgándolas como más o menos acertadas, aunque hasta ahora incompletas.  La reducción de un 5% de media en los salarios de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma laboral, la subida de impuestos y la reciente desaparición del subsidio a los parados de larga duración afectan  a una gran masa de población, pero se manifiestan insuficientes como racionalizadoras del gasto público. Es más, creemos que adolecen de una acusada parcialidad. ¿Cuándo se abordará, por ejemplo, la reforma y racionalización de las instituciones públicas?
Nuestra provincia no presenta en términos generales una arquitectura institucional muy diferente a la del resto del país. Sin embargo existe un detalle diferenciador respecto a otros territorios cercanos como Galicia y Asturias: el gran número de municipios con una población poco significativa en el cómputo global. De los 211 que configuran nuestra provincia, un total de 141 presentan una población inferior a los 1.000 habitantes. Algunos no llegan a los 100. Estos ayuntamientos están obligados a soportar los gastos corrientes que genera la entidad, los gastos de personal, incluyendo los de alcaldes y concejales, ... Además, la ley obliga a dotar servicios como alumbrado público, traída de aguas, alcantarillado, limpieza… cuyos costes son superiores a las posibilidades de lo recaudado.
Pese a tímidas medidas de ahorro, como compartir el secretario municipal, el colapso económico de numerosos ayuntamientos, que desde hace tiempo se venía intuyendo, está cercano. Sirvan como ejemplo la situación crítica por la que atraviesan tanto la capital como algunos municipios del alfoz, más visibles por su dimensión y centralidad. Villaquilambre no ha podido afrontar los pagos del servicio de basuras, León ha tenido que renegociar la deuda con Urbaser y San Andrés del Rabanedo mantiene sin visos de solución una estratosférica deuda con los proveedores. Pero en los pequeños entes locales aparecen también los primeros signos de estrangulamiento: gastos corrientes a los que no se puede hacer frente, empleados que tardan en cobrar las nóminas, proveedores que no reciben el pago en los plazos comprometidos, nula o casi nula capacidad de endeudamiento…
Aunque son muchos los apaños para maquillar la grave situación hasta las elecciones de mayo, algunos de nuestros ayuntamientos no tardarán tras éstas en  encontrarse en la quiebra. Urge por tanto, una reestructuración municipal, concentrando por un lado pequeños y desfasados entes administrativos y por otro grandes e inviables por mala administración y pérdida de personalidad propia. De la reforma han de surgir entes que reúnan más población y que uniformicen la prestación de servicios, como los del área metropolitana de León. El objetivo ha de ser configurar instituciones cuyo prócer represente a un número significativo de ciudadanos y que esté investido de una autoridad moral y territorial de la que ahora carece. De esta manera no sólo se conseguirá una racionalización del gasto público, una liberación de recursos y un reparto más eficaz de prestaciones, sino que podremos afrontar los próximos decenios con instituciones más ágiles, eficaces, capaces y suficientes.
Los concejos, que se constituyen como un hecho diferenciador de nuestra provincia, han venido funcionando con rigor y eficacia desde hace siglos hasta hace unos decenios. En esta situación se configuran como un capital fundamental en una reestructuración de las entidades municipales. En Proyecto León abogamos por una concentración de ayuntamientos previa a las elecciones de mayo a la vez que lo entendemos como una oportunidad para potenciar las Juntas Vecinales, imbricarlas en el entramado municipal y dotarlas nuevamente del contenido social que han ido perdiendo.  No desperdiciemos, pues, la ocasión para superar nuestras debilidades y poder salir de la crisis con estructuras fuertes, homologables con el resto de Europa, que nos permitan afrontar los exigentes retos que, indudablemente, va a traer el futuro.

Finanzas y fusión de municipios

El grupo de opinión Proyecto León propone profundizar en el debate de la fusión de municipios a la vista de las crecientes dificultades financieras y fiscales. La concentración es uno de los instrumentos más eficaces de desarrollo para nuestra tierra ya que, concluida ésta, se podrían prestar más servicios con menos coste; especialmente en las áreas que están sufriendo una mayor despoblación.

Los ayuntamientos españoles se ven obligados a devolver al Gobierno Central parte de los fondos recibidos como anticipo en 2008 y 2009, puesto que la recaudación fue inferior a la prevista. Por otro lado, se limita el endeudamiento a partir de 2011 y los ingresos propios también son muy bajos. En consecuencia, numerosos ayuntamientos en los próximos meses, además de no poder proporcionar apenas servicios a los ciudadanos, se verán colapsados. Varias entidades ya no han podido hacer frente a los gastos corrientes, otras reclaman reiteradamente el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social… Desde la Federación Española de Municipios y Provincias se apunta la posibilidad de numerosas declaraciones de quiebra técnica y que a finales de año el 30% no puedan hacer frente al pago de las nóminas.

Ante la descapitalización en que se ven sumidos los entes municipales, Proyecto León apunta una vez más hacia la fusión de los mismos para favorecer la eficiencia en el gasto público. Centrándonos en nuestra provincia, según la Ley de Bases de Régimen Local (Tít. II, Cap. III, Art. 26.1.a): “Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas”. En León, además, contamos con las juntas vecinales, que permiten cierta autogestión y control de los servicios por parte de los pueblos. Esto podría ser muy ventajoso bajo la tutela de ayuntamientos fuertes, capaces de imponer racionalidad. Por el contrario son muchos los que incumplen la ley, dada su incapacidad financiera.

La Ley de Régimen Local explicita que “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales” (Tít. II, Cap. I, Art. 13.3). Asimismo en el Artículo 13.2 advierte “La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales”. En resumen, la responsabilidad de esta fusión municipal estaría en la autonomía y en el Gobierno Central.

En el caso de la Junta de Castilla y León la cuestión resulta especialmente candente. Si España cuenta con un total de 8.115 municipios, esta autonomía reúne la asombrosa cifra de 2.248, más de la cuarta parte. Galicia, con una población un poco superior, cuenta 315 y aún así ha abierto el debate de la fusión municipal, con el criterio de concentrar municipios de, al menos, 15.000 habitantes. Parece evidente que el ente castellano y leonés debiera acometer una inexcusable reconversión que racionalice el uso de los recursos económicos municipales y mejore la prestación de servicios en la autonomía más extensa de Europa.

Sin embargo no podemos dejar de lado a las diputaciones, que pueden proponer al gobierno autonómico reformas, pese a no tener capacidad ejecutiva. La Ley de Bases de Régimen Local expresa que “son fines propios y específicos de la provincia garantizar (…), y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal” (Tít. III, Art. 31.2). Dado que es conocido que muchos ayuntamientos no prestan los servicios a los que la ley obliga, la diputación debería obrar en consecuencia proponiendo una fusión en los casos que proceda.

En resumen, según nuestro criterio existe cierta dejación de funciones en los diferentes niveles institucionales. Es palmaria la necesidad de una fusión municipal urgente. En un camino lógico la diputación debería justificar una propuesta ante la autonomía. A su vez, la autonomía debería hacer una consulta no vinculante a los municipios afectados. Por último se debería cerrar el nuevo modelo con las correcciones correspondientes y remitirlo al Consejo de Estado para su aprobación e implantación.

De lo contrario, existe una alta probabilidad de que en unos meses muchos municipios queden bloqueados. Entonces el Gobierno de España podría establecer unos criterios fijos para todo el territorio, sin adaptación local alguna, y sobrevendría una fusión municipal por decreto. En manos de las instituciones locales y autonómicas está evitar este lamentable desenlace.

Publicación en La Crónica