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lunes, 31 de mayo de 2010

La Crónica reabre el debate sobre fusiones de ayuntamientos

La prensa local ha reabierto el debate sobre nuestra propuesta de concentración municipal, en la que llevamos trabajado casi dos años.

La Crónica también se hace eco de esta reestructuración necesaria en nuestra provincia.

Artículo publicado en La Crónica.



El Diario de León se hace eco de nuestra propuesta de concentración municipal

Este domingo, a consecuencia de la crisis económica que está sufriendo España, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de una concentración municipal con el fin de racionalizar gasto público.
Este es el artículo publicado en el Diario de León.
En el DIARIO DE LEÓN






domingo, 23 de mayo de 2010

Plan Regional de Ámbito Territorial del Corredor de la Plata

 En marzo de 2010 se ha publicado el Plan Regional de Ámbito Territorial del Corredor de la Plata (PRATCP). El documento pretende llevar a cabo una ordenación territorial en las provincias de León, Zamora y Salamanca atravesadas de norte a sur por este eje estratégico. El Corredor de la Plata queda así constituido como una infraestructura esencial en las comunicaciones y en revulsivo económico fundamental para la zona. Este corredor axial coincide con la actual N-630 / A-66 y afecta fundamentalmente a los municipios situados a lo largo de su recorrido, pero debe extender su influencia a los adyacentes, sobre los que también se dejará sentir la intervención del Plan.
El Corredor de la Plata se configura de este modo como el nexo entre el norte y el sur de la Península mediante una línea recta. Además pasará a estar conectado con la autopista marítima de Europa occidental, que comunica el Mar del Norte con España y Portugal, integrando por vía naval el Arco Atlántico. Con ello se acrecientan las posibilidades de desarrollo tanto económico como social, lo que concentrará flujos específicos dentro del territorio peninsular sobre este pasillo.
Los objetivos generales del PRAT del Corredor de la Plata se centran en “la promoción de su desarrollo equilibrado y sostenible, el aumento de la cohesión económica y social y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, así como la gestión de sus recursos naturales y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural”.
El PRAT del Corredor de la Plata se divide en siete Planes de Actuación sectoriales que abarcan economía, infraestructuras, turismo, patrimonio, y cultura, medio ambiente y paisaje, imagen territorial e identidad y gestión del territorio, por lo que recoge los capítulos de referencia de cualquier plan de desarrollo regional.
Desde el grupo de opinión Proyecto León, apoyamos el desarrollo y la ejecución de este Plan Regional que no sólo favorece a las tres provincias afectadas por el mismo (León, Zamora y Salamanca) sino que se presenta como una actuación estratégica para todo el occidente peninsular.  Su amplio efecto final desplazará flujos económicos en la traza entre Asturias y Sevilla, evitando desplazamientos de mercancías y personas a través de la saturada periferia de Madrid, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos. Además será el soporte sobre el que se organicen las comunicaciones con Portugal y asimismo vinculará el occidente peninsular con los itinerarios internacionales.
Aunque a nuestro criterio el Plan aparece bastante completo en sus actuaciones, pensamos que se pueden matizar o añadir algunas que creemos que no están suficientemente desarrolladas. Así, desde Proyecto León presentamos los siguientes puntos que vendrían a completar el Plan Regional:
En el Programa 1.3: Creación de un corredor de la Innovación del Plan 1 que trata la Reactivación Económica e Innovación Tecnológica, sería importante reflejar la creación de “clusters” sectoriales de empresas a lo largo del corredor, con el fin de que se constituyan en focos de crecimiento, conocimiento y competitividad. Así mismo y también dentro de este Plan 1, en el Programa 1.2, se debería incluir específicamente el despliegue de la autovía León-La Bañeza a través de Santa María del Páramo.
Proponemos la inclusión dentro Programa 2.1 de Refuerzo de la actividad económica en el espacio León – Benavente – Astorga del Plan 2 de Mejora de Infraestructuras y Equipamientos y Cohesión Social un plan de circunvalaciones de los subcorredores La Bañeza-Rionegro del Puente, La Bañeza-Camarzana de Tera y Rionegro del Puente-Zamora como vías que vendrán a reforzar los corredores principales.
Y por último nuestras propuestas en el Programa 5.3 de Recuperación de paisajes piloto del Plan 5 que trata sobre el Medio Ambiente y Paisaje, abogan por la inclusión de una nueva actuación, que pasaría por definir áreas naturales dentro del triángulo León-Astorga-Benavente como objetivos de recuperación y valorización de una zona sin ese tipo de caracterización.
Desde nuestro grupo de opinión apoyamos el PRATCP y esperamos que su ejecución sea efectiva en el menor plazo, ya que lo valoramos como una planificación imprescindible para una de las zonas menos desarrolladas del contexto nacional. La exposición pública concluye a finales de mayo y proponemos hasta ese momento un debate abierto a las fuerzas vivas de la provincia leonesa para dotar al PRATCP de la mayor consistencia posible.

domingo, 21 de febrero de 2010

Segregaciones y sus consecuencias

Desde el grupo de opinión Proyecto León hemos elaborado un proyecto de concentración municipal en el que llevamos trabajando más de un año. Creemos que la situación socioeconómica de nuestra provincia requiere un reajuste estructural urgente que permita consolidar municipios con Ayuntamientos más fuertes, con más población y mayor peso ante instituciones superiores. Asimismo permitiría llevar a cabo un ajuste en el gasto, ya que tanto los capítulos de personal como los de gastos corrientes están, en muchos casos, asfixiando a nuestras administraciones municipales. Tan es así que a veces no tienen capacidad económica para implantar los servicios mínimos que según la Ley de Régimen Local tienen obligación de prestar a la  población, servicios que los habitantes tienen derecho a recibir.
El proceso de segregación que las localidades de Villaornate y Castrofuerte van a emprender nos previene sobre cuál es la fórmula correcta para realizar un proceso de fusión, aunque está regulado claramente en la Ley de Régimen Local. Los vecinos de estas poblaciones esgrimen dos argumentos que consideramos importantes: por un lado alegan que les fusionaron engañados, ya que creían que sería con Valencia de Don Juan; por otro, enarbolan que los bienes comunales de Villaornate pasaron a manos del Ayuntamiento, pero no así los de Castrofuerte que quedaron en manos de su Junta Vecinal. Tenemos por tanto, dos cuestiones problemáticas: por un lado falta de claridad en el proceso y por otro una desigualdad de condiciones en lo que aportan los concurrentes.
El actual municipio de Villaornate y Castro tenía, a 1 de enero de 2008, 437 habitantes, una superficie de 53,94 km2 y una densidad de población de 8,10 hab/km2. En los presupuestos de dicho año constan 89.500 euros en gastos de personal (alcalde, concejales, secretario, administrativo…) y 117.000 euros en gastos corrientes (desde la luz del Ayuntamiento, la calefacción o el ordenador, hasta las fotocopias que se realizan a diario). Sobre un total de 562.144 euros suponen el 36,73% de los gastos totales. Esto se traduce en que cada habitante del municipio debe dedicar 204,81 euros anuales a sufragar gastos antes de recibir servicio alguno.
En el proceso de segregación que ahora inician las dos localidades estos gastos se verán multiplicados: habrá que dotar un edificio para el nuevo Ayuntamiento, los bienes muebles que se necesiten, más los gastos añadidos de alcalde y concejales, secretario de ayuntamiento, administrativo, etc.  Creemos que es un gasto excesivo e innecesario para las menguadas arcas de las poblaciones.
A 1 de enero de 2009, este municipio presenta una población de 418 habitantes, es decir, ha perdido en un año un 4,35%. Se distribuye así: la población de Villaornate es de 246 habitantes y la de Castrofuerte de 172 habitantes. Dos municipios de esta dimensión carecen  de entidad y de potencial para crecer y hasta para subsistir. Teniendo en cuenta que el principal baremo para asignar fondos a los Ayuntamientos se basa en el número de habitantes, se concluye que en poco tiempo nos encontraremos no ya con una, sino con dos instituciones que no podrán hacer frente a sus gastos.
Un proceso de fusión de Ayuntamientos pasa por implementar medidas igualitarias para los implicados con el fin de que el proceso sea equilibrado.  León es una provincia con un gran número de Entidades Menores al Municipio o Juntas Vecinales y los habitantes de León son los propietarios de abundantes bienes comunales, que están administrados por dichas Juntas.  Estas fusiones no pueden basarse en la desaparición de las Juntas Vecinales sino todo lo contrario. Lo lógico sería que se reforzaran dotándolas de más competencias para que puedan seguir gestionando sus bienes y otras labores delegadas, como lo han hecho a lo largo de los siglos con gran acierto.
En esta época de crisis, donde son comunes los expedientes de regulación de empleo, pensamos que también dentro de la llamada “clase política” se debería realizar una racionalización. Hay que incrementar la productividad de los Ayuntamientos y hacerlos económicamente eficientes. Los datos apuntan a que una gran parte de los presupuestos se esfuman en los emolumentos y gastos varios de una maraña de alcaldes y concejales, muchas veces imposibilitados para el desempeño de sus funciones por falta de recursos.
Nuestra propuesta defiende eliminar esos gastos innecesarios y aumentar los servicios a la población, servicios a veces tan escasos que impiden que nuestros pueblos se desarrollen invitando a su despoblación.
¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir según nuestro punto de vista? En primer lugar se deberían restituir las juntas vecinales con sus bienes de origen. Esto dejaría la institución municipal en una situación aún más precaria que la actual. En consecuencia se debería proceder a la fusión intermunicipal hasta alcanzar un tamaño adecuado. Según la propuesta de Proyecto León, Villaornate y Castro se integrarían en una entidad municipal con Campazas, Valderas, Valdemorilla, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Izagre, Villabraz y Castilfalé. El nuevo municipio reuniría 3.996 habitantes según el recién publicado censo del I.N.E. de 2009, una cifra significativa en un panorama provincial marcado por la despoblación y el envejecimiento. La capacidad reivindicativa de su alcalde nada tendría que ver con la irrelevancia de los diez munícipes actuales y la homogeneidad de sus problemas permitiría soluciones compartidas con un gasto moderado y el compromiso de los concejos.
Por último, para quienes opinen que es importante tener un ayuntamiento inoperante y minúsculo  en cada pueblo lanzamos una pregunta: ¿qué servicios es capaz de proporcionarles ese microayuntamiento que no pueda resolver una junta vecinal conectada con una institución municipal fuerte?

martes, 22 de diciembre de 2009

Concentración municipal y aumento de servicios

Proyecto León ha realizado una propuesta de fusión municipal basada en el aumento de eficiencia del gasto público, con el fin de liberar recursos económicos para proporcionar a los habitantes de nuestros municipios -sobre todo de los de menos de 1.000 habitantes- más servicios de los que disfrutan en este momento sin incrementar los costes.
Varias han sido las manifestaciones públicas en contra de esta propuesta, pero adolecen de debilidad argumental. Hay versiones tan variopintas como que la concentración municipal dejaría sin servicios a los ciudadanos, que los pueblos de León perderían su identidad o que el proceso es muy problemático Como pensamos que nada de esto es sustancialmente cierto queremos responder.
Uno de los mayores limitantes de nuestros ayuntamientos son los gastos de personal. En los pequeños ayuntamientos se concentran en la remuneración de los alcaldes y concejales, así como en la del secretario municipal, que es una figura funcionarial imprescindible, pero cuyo alto coste no se justifica por debajo de cierta dimensión. La concentración supone globalmente la eliminación de corporaciones y con ella la supresión de equipos de gobierno que en algunos casos  tienen una funcionalidad meramente residual ante la falta de capacidad de gasto y gestión. Esta supresión traerá de la mano  el ahorro de cuantiosos fondos para, al menos, mantener los servicios prestados actualmente en cada pueblo e incluso incrementarlos en muchos casos.
Por lo tanto una concentración liberaría recursos económicos. Además permitiría acudir a las instituciones con mayor autoridad y representatividad, lo que redundaría en una aún mayor captación de fondos en la Diputación, la Junta y el gobierno central. En resumen, más dinero, más inversiones y más servicios para todos.
En el caso de los grandes ayuntamientos, especialmente en León y Ponferrada, nos encontramos con estructuras disparatadamente grandes. Por ejemplo en el área metropolitana de la capital los presupuestos de personal de León, San Andrés y Villaquilambre sumaron en 2008 casi 79 millones de euros. Si suponemos una media salarial de 30.000 euros brutos por trabajador y año deducimos el dislate de 2.633 empleados para una población de 181.000 habitantes. La ciudad de Burgos hace lo mismo con la mitad de empleados. Más claro no puede estar que es necesario configurar las áreas metropolitanas como ayuntamientos únicos, con todos los matices que se quiera, pero concentrando estructuras.
Respecto a la mención de los ayuntamientos como elementos identitarios, en León hay que negar tal afirmación. Los elementos identitarios leoneses por antonomasia son los concejos y sus estructuras administrativas superpuestas: las juntas vecinales. En segundo lugar están las comarcas, pero ese sería otro debate. Es a las juntas vecinales a las que hay que dotar de control presupuestario desde el ayuntamiento -que debería tener los medios-, aunque no se limiten sus decisiones ni potestades. Hay que potenciarlas administrativa y simbólicamente exigiendo gestión, y normativizando su funcionamiento.
Ante el argumento que magnifica la complejidad de la concentración, creemos que nuestros representantes políticos no deben  amedrentarse. El proceso está totalmente normativizado y explicado en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local. El hecho de que se esgrima que es una meta enrevesada, da pie a pensar que muchos de nuestros representantes no quieren alcanzarla porque conlleva más volumen de trabajo del que están acostumbrados y no les interesa. Los procesos pueden ser más o menos intrincados, llevar más o menos tiempo y más o menos trabajo, pero si suponen un beneficio para la población, no entendemos que su posible complicación se vea como obstáculo.
Estamos convencidos de que, como representantes de los ciudadanos y desde la responsabilidad política que ostentan alcaldes y concejales de nuestros municipios, son conscientes del cambio de estructura territorial que se debe emprender y terminarán por liderar esta propuesta, sobre todo si se desea promover el asentamiento de población que constituya el relevo generacional en nuestros pueblos antes que muchos de ellos queden vacíos. Deben ser los propios alcaldes quienes expliquen la inoperancia de corporaciones incapaces hasta de proporcionar aguas limpias o alumbrado público, o de cofinanciar obras con la Diputación por falta de recursos.
En una última reflexión, aunque estamos convencidos de que es una gran minoría, creemos que sólo pueden ver como “problemático” el proceso de fusión municipal quienes se preocupen más por su puesto político que por el bienestar de los ciudadanos. Desde este punto de vista el principal problema que paralizaría los procesos de  fusión sería el interés personal de algunos. Por eso solicitamos a las instancias competentes que actúen para remover obstáculos que no merecen consideración.

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