Desde el grupo de opinión Proyecto León hemos elaborado un proyecto de concentración municipal en el que llevamos trabajando más de un año. Creemos que la situación socioeconómica de nuestra provincia requiere un reajuste estructural urgente que permita consolidar municipios con Ayuntamientos más fuertes, con más población y mayor peso ante instituciones superiores. Asimismo permitiría llevar a cabo un ajuste en el gasto, ya que tanto los capítulos de personal como los de gastos corrientes están, en muchos casos, asfixiando a nuestras administraciones municipales. Tan es así que a veces no tienen capacidad económica para implantar los servicios mínimos que según la Ley de Régimen Local tienen obligación de prestar a la población, servicios que los habitantes tienen derecho a recibir.
El proceso de segregación que las localidades de Villaornate y Castrofuerte van a emprender nos previene sobre cuál es la fórmula correcta para realizar un proceso de fusión, aunque está regulado claramente en la Ley de Régimen Local. Los vecinos de estas poblaciones esgrimen dos argumentos que consideramos importantes: por un lado alegan que les fusionaron engañados, ya que creían que sería con Valencia de Don Juan; por otro, enarbolan que los bienes comunales de Villaornate pasaron a manos del Ayuntamiento, pero no así los de Castrofuerte que quedaron en manos de su Junta Vecinal. Tenemos por tanto, dos cuestiones problemáticas: por un lado falta de claridad en el proceso y por otro una desigualdad de condiciones en lo que aportan los concurrentes.
El actual municipio de Villaornate y Castro tenía, a 1 de enero de 2008, 437 habitantes, una superficie de 53,94 km2 y una densidad de población de 8,10 hab/km2. En los presupuestos de dicho año constan 89.500 euros en gastos de personal (alcalde, concejales, secretario, administrativo…) y 117.000 euros en gastos corrientes (desde la luz del Ayuntamiento, la calefacción o el ordenador, hasta las fotocopias que se realizan a diario). Sobre un total de 562.144 euros suponen el 36,73% de los gastos totales. Esto se traduce en que cada habitante del municipio debe dedicar 204,81 euros anuales a sufragar gastos antes de recibir servicio alguno.
En el proceso de segregación que ahora inician las dos localidades estos gastos se verán multiplicados: habrá que dotar un edificio para el nuevo Ayuntamiento, los bienes muebles que se necesiten, más los gastos añadidos de alcalde y concejales, secretario de ayuntamiento, administrativo, etc. Creemos que es un gasto excesivo e innecesario para las menguadas arcas de las poblaciones.
A 1 de enero de 2009, este municipio presenta una población de 418 habitantes, es decir, ha perdido en un año un 4,35%. Se distribuye así: la población de Villaornate es de 246 habitantes y la de Castrofuerte de 172 habitantes. Dos municipios de esta dimensión carecen de entidad y de potencial para crecer y hasta para subsistir. Teniendo en cuenta que el principal baremo para asignar fondos a los Ayuntamientos se basa en el número de habitantes, se concluye que en poco tiempo nos encontraremos no ya con una, sino con dos instituciones que no podrán hacer frente a sus gastos.
Un proceso de fusión de Ayuntamientos pasa por implementar medidas igualitarias para los implicados con el fin de que el proceso sea equilibrado. León es una provincia con un gran número de Entidades Menores al Municipio o Juntas Vecinales y los habitantes de León son los propietarios de abundantes bienes comunales, que están administrados por dichas Juntas. Estas fusiones no pueden basarse en la desaparición de las Juntas Vecinales sino todo lo contrario. Lo lógico sería que se reforzaran dotándolas de más competencias para que puedan seguir gestionando sus bienes y otras labores delegadas, como lo han hecho a lo largo de los siglos con gran acierto.
En esta época de crisis, donde son comunes los expedientes de regulación de empleo, pensamos que también dentro de la llamada “clase política” se debería realizar una racionalización. Hay que incrementar la productividad de los Ayuntamientos y hacerlos económicamente eficientes. Los datos apuntan a que una gran parte de los presupuestos se esfuman en los emolumentos y gastos varios de una maraña de alcaldes y concejales, muchas veces imposibilitados para el desempeño de sus funciones por falta de recursos.
Nuestra propuesta defiende eliminar esos gastos innecesarios y aumentar los servicios a la población, servicios a veces tan escasos que impiden que nuestros pueblos se desarrollen invitando a su despoblación.
¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir según nuestro punto de vista? En primer lugar se deberían restituir las juntas vecinales con sus bienes de origen. Esto dejaría la institución municipal en una situación aún más precaria que la actual. En consecuencia se debería proceder a la fusión intermunicipal hasta alcanzar un tamaño adecuado. Según la propuesta de Proyecto León, Villaornate y Castro se integrarían en una entidad municipal con Campazas, Valderas, Valdemorilla, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Izagre, Villabraz y Castilfalé. El nuevo municipio reuniría 3.996 habitantes según el recién publicado censo del I.N.E. de 2009, una cifra significativa en un panorama provincial marcado por la despoblación y el envejecimiento. La capacidad reivindicativa de su alcalde nada tendría que ver con la irrelevancia de los diez munícipes actuales y la homogeneidad de sus problemas permitiría soluciones compartidas con un gasto moderado y el compromiso de los concejos.
Por último, para quienes opinen que es importante tener un ayuntamiento inoperante y minúsculo en cada pueblo lanzamos una pregunta: ¿qué servicios es capaz de proporcionarles ese microayuntamiento que no pueda resolver una junta vecinal conectada con una institución municipal fuerte?
El proceso de segregación que las localidades de Villaornate y Castrofuerte van a emprender nos previene sobre cuál es la fórmula correcta para realizar un proceso de fusión, aunque está regulado claramente en la Ley de Régimen Local. Los vecinos de estas poblaciones esgrimen dos argumentos que consideramos importantes: por un lado alegan que les fusionaron engañados, ya que creían que sería con Valencia de Don Juan; por otro, enarbolan que los bienes comunales de Villaornate pasaron a manos del Ayuntamiento, pero no así los de Castrofuerte que quedaron en manos de su Junta Vecinal. Tenemos por tanto, dos cuestiones problemáticas: por un lado falta de claridad en el proceso y por otro una desigualdad de condiciones en lo que aportan los concurrentes.
El actual municipio de Villaornate y Castro tenía, a 1 de enero de 2008, 437 habitantes, una superficie de 53,94 km2 y una densidad de población de 8,10 hab/km2. En los presupuestos de dicho año constan 89.500 euros en gastos de personal (alcalde, concejales, secretario, administrativo…) y 117.000 euros en gastos corrientes (desde la luz del Ayuntamiento, la calefacción o el ordenador, hasta las fotocopias que se realizan a diario). Sobre un total de 562.144 euros suponen el 36,73% de los gastos totales. Esto se traduce en que cada habitante del municipio debe dedicar 204,81 euros anuales a sufragar gastos antes de recibir servicio alguno.
En el proceso de segregación que ahora inician las dos localidades estos gastos se verán multiplicados: habrá que dotar un edificio para el nuevo Ayuntamiento, los bienes muebles que se necesiten, más los gastos añadidos de alcalde y concejales, secretario de ayuntamiento, administrativo, etc. Creemos que es un gasto excesivo e innecesario para las menguadas arcas de las poblaciones.
A 1 de enero de 2009, este municipio presenta una población de 418 habitantes, es decir, ha perdido en un año un 4,35%. Se distribuye así: la población de Villaornate es de 246 habitantes y la de Castrofuerte de 172 habitantes. Dos municipios de esta dimensión carecen de entidad y de potencial para crecer y hasta para subsistir. Teniendo en cuenta que el principal baremo para asignar fondos a los Ayuntamientos se basa en el número de habitantes, se concluye que en poco tiempo nos encontraremos no ya con una, sino con dos instituciones que no podrán hacer frente a sus gastos.
Un proceso de fusión de Ayuntamientos pasa por implementar medidas igualitarias para los implicados con el fin de que el proceso sea equilibrado. León es una provincia con un gran número de Entidades Menores al Municipio o Juntas Vecinales y los habitantes de León son los propietarios de abundantes bienes comunales, que están administrados por dichas Juntas. Estas fusiones no pueden basarse en la desaparición de las Juntas Vecinales sino todo lo contrario. Lo lógico sería que se reforzaran dotándolas de más competencias para que puedan seguir gestionando sus bienes y otras labores delegadas, como lo han hecho a lo largo de los siglos con gran acierto.
En esta época de crisis, donde son comunes los expedientes de regulación de empleo, pensamos que también dentro de la llamada “clase política” se debería realizar una racionalización. Hay que incrementar la productividad de los Ayuntamientos y hacerlos económicamente eficientes. Los datos apuntan a que una gran parte de los presupuestos se esfuman en los emolumentos y gastos varios de una maraña de alcaldes y concejales, muchas veces imposibilitados para el desempeño de sus funciones por falta de recursos.
Nuestra propuesta defiende eliminar esos gastos innecesarios y aumentar los servicios a la población, servicios a veces tan escasos que impiden que nuestros pueblos se desarrollen invitando a su despoblación.
¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir según nuestro punto de vista? En primer lugar se deberían restituir las juntas vecinales con sus bienes de origen. Esto dejaría la institución municipal en una situación aún más precaria que la actual. En consecuencia se debería proceder a la fusión intermunicipal hasta alcanzar un tamaño adecuado. Según la propuesta de Proyecto León, Villaornate y Castro se integrarían en una entidad municipal con Campazas, Valderas, Valdemorilla, Fuentes de Carbajal, Gordoncillo, Matanza de los Oteros, Izagre, Villabraz y Castilfalé. El nuevo municipio reuniría 3.996 habitantes según el recién publicado censo del I.N.E. de 2009, una cifra significativa en un panorama provincial marcado por la despoblación y el envejecimiento. La capacidad reivindicativa de su alcalde nada tendría que ver con la irrelevancia de los diez munícipes actuales y la homogeneidad de sus problemas permitiría soluciones compartidas con un gasto moderado y el compromiso de los concejos.
Por último, para quienes opinen que es importante tener un ayuntamiento inoperante y minúsculo en cada pueblo lanzamos una pregunta: ¿qué servicios es capaz de proporcionarles ese microayuntamiento que no pueda resolver una junta vecinal conectada con una institución municipal fuerte?
