Necesidad de una concentración municipal: la población

La provincia de León tiene una población de 500.200 habitantes (padrón de 1 de enero de 2008). Esta población se distribuye en 211 municipios de forma muy irregular: los 8 mayores de la provincia, de más de 10.000 habitantes, aglutinan el 58,65% de la población (León, Ponferrada, San Andrés, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza, Villablino y Bembibre); en términos absolutos 293.376 habitantes. Generalizando, se puede afirmar que los habitantes de estos términos municipales reciben una completa oferta de servicios de sus ayuntamientos.

El 41,35% restante está distribuido en municipios que sólo en tres casos superan los 5.000 habitantes (Valverde de la Virgen, Cacabelos y Fabero). Estos ayuntamientos aún disponen de recursos para ofrecer una calidad de servicios públicos razonable. El resto viven en municipios de menos de 5.000 y en un porcentaje elevado, no superan los 1.000 habitantes: de los 211 actuales, 141 tienen menos de mil habitantes, lo que supone un 66,82% del total. Es sobre todo en este último caso, los inferiores a 1.000 habitantes, en los que el cumplimiento de las obligaciones que la institución tiene con sus administrados es deficiente.

Por añadidura, la población provincial se despliega en un número altísimo de núcleos de población: 1.388. A la vista de los datos se deduce que nuestros municipios están formados por un elevado número de pueblos, con muy pocos habitantes en cada uno de ellos. Esto viene a agravar las dificultades en los ayuntamientos con recursos escasos, que no alcanzan a prestar los servicios mínimos que la ley establece.

Debemos añadir a estos parámetros, que la población de la provincia de León disminuye año tras año. Con datos absolutos, a uno de enero de 1996 había 517.191 habitantes, mientras que a uno de enero de 2008, doce años después, la población se ha reducido en 16.800 personas, presentando 500.200. La línea de tendencia indica que ésta despoblación va a ir en aumento, debida mayoritariamente a la emigración desde los núcleos pequeños a núcleos más grandes (con predominio hacia las ciudades) y también a la elevada tasa de población envejecida que presenta la provincia.

La emigración es debida, en la mayoría de los casos, a que la población asentada en los núcleos pequeños no dispone de servicios básicos necesarios que les aseguren una calidad de vida óptima. La oferta de puestos de trabajo es reducida cuando no inexistente. En muchos casos no hay expectativa laboral, por lo que el nivel socio-económico de los habitantes se ve seriamente afectado. En consecuencia poco a poco se van trasladando a núcleos más grandes donde tienen resueltos algunos de estos inconvenientes.

En resumen, nos encontramos con dos problemas para garantizar unos mínimos en la calidad de los servicios que reciben los leoneses en buena parte de la provincia:

-La despoblación de ciertos municipios, que reduce o impide la posibilidad de prestar servicios por la escasez de recursos que implica y por la absorción de éstos por los gastos fijos del ayuntamiento (secretario, administrativos, sede municipal, alcalde y concejales, etc.).

-La atomización de la población en pequeñas aldeas que, si un día tuvieron una población reseñable, actualmente se encuentran casi desiertas, lo que impide garantizar los servicios individualizadamente en cada una, como se había hecho hasta ahora.

La única posibilidad que existe para resolver estos problemas es la creación de municipios rurales más grandes en los que los gastos fijos se diluyan entre más habitantes liberando recursos para la prestación de servicios. La agrupación de municipios permite además implantar equipos móviles para llegar a todos los núcleos cuando se demande.

Por otra parte, aquellos ayuntamientos que disponen de una población concentrada en un casco urbano amplio (Sahagún, Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, Villafranca del Bierzo, etc.) pueden racionalizar su administración con más facilidad, prescindiendo en su término incluso de núcleos que por su configuración se adaptarían mejor a otra municipalidad más rural.

Una concentración municipal dará como resultado dos tipos de municipios, con la premisa de que su población no sea inferior a 1.000 habitantes: por un lado los concentrados (o urbanos) y por otro lado los rurales, donde las Juntas Vecinales, esencia de nuestra administración secular, deberán tener un papel más relevante aún del que tienen en la actualidad.

Con esta distribución se conseguirán ayuntamientos equilibrados, unos netamente urbanos y otros de muchos núcleos, más fuertes, con más recursos económicos, con más relevancia ante otras administraciones y con mayor capacidad de interlocución y demanda. Esto se traducirá en un aumento de la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el asentamiento de la misma, evitando de esta forma que nuestros pueblos se queden vacíos.

1	24089 León	135.119	27,01%
2	24115 Ponferrada	67.969	13,59%
3	24142 San Andrés del Rabanedo	30.217	6,04%
4	24222 Villaquilambre	15.996	3,20%
5	24008 Astorga	12.039	2,41%
6	24010 Bañeza (La)	11.040	2,21%
7	24202 Villablino	10.860	2,17%
8	24014 Bembibre	10.136	2,03%
	TOTAL (8 municipios más grandes)	293.376	58,65%
9	24189 Valverde de la Virgen	6.178	1,24%
10	24030 Cacabelos	5.477	1,09%
11	24070 Fabero	5.295	1,06%

Nº de municipios en función de la población
HABITANTES	MUNICIPIOS
Menos de 1.000 hab.	141
Entre 1.001 y 5.000 hab.	59
Entre 5.001 y 20.000 hab.	8
Entre 20.001 y 50.000 hab.	1
Más de 50.001 hab.	2
TOTAL	211

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2008.
Tablas: Elaboración propia.

Concentración municipal en la provincia de León

León es una de las provincias que mayor extensión territorial ocupa dentro del conjunto español. Sus 15.570,14 km2 representan un 3,08% del total nacional, lo que le sitúa en el séptimo puesto en superficie, y en el primer puesto en la comunidad autónoma, con un 16,54% de su territorio.

Esta notable extensión y la ubicación geográfica en que se enclava, configuran la provincia de León como un territorio paisajísticamente heterogéneo en el que encontramos zonas de alta montaña, media montaña, valles y páramos, con características especiales en cada una de ellas asociadas a tanta diversidad.

Dentro del total nacional, León ocupa el puesto decimosexto en número de municipios con 211 en total. Un número tan elevado de ayuntamientos no garantiza que las necesidades de los ciudadanos queden cubiertas, más bien al contrario, ya que reúnen pocos habitantes;  más en una zona como León, donde el grado de ruralidad (baja densidad de población) es bastante alto y los movimientos migratorios naturales nos indican que la tendencia se encamina a una despoblación cada vez más elevada de los núcleos rurales.

En el momento actual, de los 211 municipios de los que consta la provincia, 200 tienen menos de 5.000 habitantes, y de éstos, 141 están por debajo de los 1.000. La financiación de los Ayuntamientos depende estrechamente del número de habitantes censados en el municipio, por lo que, basándonos en los datos anteriores y en los presupuestos de que dispone cada corporación municipal, encontramos que existen entidades locales que no disponen de los fondos suficientes para prestar los servicios básicos a la población. Estos servicios vienen expresamente citados en Ley de Régimen Local.

Actualmente, las políticas de presión económica que sobre estos pequeños municipios están llevando a cabo determinadas instituciones y su propia incapacidad, van a generar que a corto plazo estas minúsculas entidades locales desaparezcan.

Las inversiones generan infraestructuras, éstas generan trabajo, que a su vez se traducirá en asentamiento de población. Si las inversiones no alcanzan a los municipios más pequeños y necesitados, es inevitable que la población se vea abocada a emigrar de dichas zonas hacia otras más prósperas cuando no directamente a ciudades.

Esto no sólo conllevará la desaparición de pueblos enteros, sino también la de una Entidad Local Menor con una tradición de siglos en la provincia: la Junta Vecinal. Las Juntas Vecinales surgen en el siglo XIX como instrumento administrativo oficial del sistema de Concejo Abierto y constituyen un elemento diferenciador de la provincia respecto al resto por su omnipresencia.

Más de un tercio de entidades inferiores al municipio de España están en León y son precisamente estas juntas vecinales. Se constituyen como entes de gobierno de pequeños núcleos de población, administran sus bienes comunales y gestionan desde la traída de agua corriente, el alcantarillado, las fincas públicas, los inmuebles, hasta los cotos de caza y los recursos forestales, entre otros. De hecho se hacen cargo frecuentemente de servicios que corresponden a los ayuntamientos por la incapacidad de éstos.

Una vez desaparecido un núcleo, y con él su Junta Vecinal, las propiedades comunales que obraban en su poder quedarán bajo la administración del Ayuntamiento. Desaparecido ese Ayuntamiento los bienes comunales, acumulados con el esfuerzo económico de los vecinos de esa población,  quedarán en poder de la Junta de Castilla y León.
Se impone, por tanto, un cambio profundo en el modelo territorial actual, que beneficie a toda la población por igual, que equilibre los esfuerzos inversores y que sea capaz de favorecer el desarrollo socioeconómico de todos los núcleos de población.

Mejorar la calidad de vida de sus habitantes -garantizando a éstos el acceso a los servicios e infraestructuras públicas básicas y al patrimonio cultural y natural de su provincia-, llevar a cabo un desarrollo sostenible para garantizar la protección del medio ambiente y gestionar de una forma racional la utilización del territorio y sus recursos deben ser los objetivos. Para lograrlo es necesario disponer de municipios con capacidad suficiente y de juntas vecinales con un nivel competencial definido y una fiscalización adecuada.

Con estas premisas, es razonable pensar que una vía de solución a los problemas de financiación con los que nuestros pequeños municipios se encuentran en este momento es elaborar una propuesta de reordenación municipal de la provincia en el que primen estos criterios. Reagrupar municipios en los que el número de habitantes no sea inferior a 1.000, con el fin de crear Ayuntamientos viables que sean capaces de asumir las necesidades de la población.

Las metas han de pasar por racionalizar el gasto público y dotar a todos los núcleos de las infraestructuras básicas suficientes; dotaciones que potencien el acceso al mercado laboral para conseguir de esta manera que el asentamiento poblacional sea un hecho. Asimismo, que impulsen la capacidad gestora de las Juntas Vecinales, imprescindibles, para facilitar ciertos servicios “puerta a puerta”, y que retornen a tener la importancia y el vigor que han lucido en el pasado. Su relanzamiento es necesario para salvaguardar parte de nuestra idiosincrasia, pero también como solución adecuada a las necesidades de un poblamiento atomizado: casi 1.400 núcleos de población.