Fusión frente a mancomunidad municipal

El 27 de abril de 2012 el Ministro de Economía y Competitividad anunció que el Gobierno abordará en un breve plazo la reforma de las administraciones públicas. Hizo hincapié en el elevado número de ayuntamientos que presenta la geografía española y la necesidad de acometer su reorganización con un objetivo: reducir gastos y mejorar los servicios públicos.

En este contexto Proyecto León aprueba la actividad desplegada por la Junta de Castilla y León en favor de garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos de las áreas rurales. Sin embargo la fórmula escogida para dar satisfacción a esta inquietud no nos parece la adecuada. Como es conocido, Proyecto León viene subrayando desde 2009 la necesidad de reordenar el mapa municipal provincial con este mismo fin: dedicar los recursos públicos a prestar servicios a los ciudadanos en vez de perderlos en una ineficaz burocracia y fragmentación presupuestaria que convierte cada pequeño municipio en una mal financiada, desgobernada y empobrecida taifa. Y decimos esto porque creemos que buena parte de la riqueza de los ciudadanos europeos reside en la calidad de los servicios públicos que reciben.

La Junta de Castilla y León pretende mancomunar buena parte de los servicios, puesto que la mayoría de los 2.200 municipios de la autonomía son entidades sin capacidad para prestarlos. Según las informaciones provenientes de la propia Junta, su pretensión pasa por mantener las mancomunidades que ya existen y que delatan que esta iniciativa llega tarde. Asume además que en este marco de profunda crisis económica e institucional, se creen nuevas entidades –Distritos de Interés Comunitario-, con nuevos empleados, nueva papelería, nuevos cargos, nuevos locales y oficinas, nuevos teléfonos... En Proyecto León no somos capaces de entender este empeño en añadir una nueva administración, mucho menos en un momento en que hay menos dinero para los servicios públicos.

Nuestro grupo siempre ha sostenido que la fusión de ayuntamientos es la medida óptima, ya que esta reorganización es suficiente para poder prescindir de los nuevos distritos y de las actuales mancomunidades, que reporta una reducción inmediata de oficinas, teléfonos, locales, empleados, cargos políticos, gastos en papelería, coches de servicio, simplifica los trámites en las obras públicas, resulta más ágil para tomar decisiones, permite acometer más inversiones con suficiencia financiera, cuenta con menos interlocutores, pero más cualificados... La gestión del gasto es más racional tras una fusión municipal, que toda Europa ha acometido ya.

Se ha dicho que los pueblos quieren mantener una supuesta identidad ligada al ayuntamiento. Lo dudamos. ¿Es que en el resto de Europa carecen de identidad? ¿Es que alguno de los pueblos que fusionaron ya sus municipios perdió su identidad? No. El sentimiento de pertenencia a un territorio no lo sustenta un edificio administrativo ni los gastos que apareja. La identidad aquí se utiliza como pretexto para esconder otro interés. Para los habitantes supone más pérdida identitaria pertenecer a un Distrito de Interés Comunitario que no respeta ni los límites provinciales. Es el arraigo a la tierra, a sus tradiciones y costumbres lo que genera identidad.

Proyecto León urge a fusionar los municipios leoneses hasta alcanzar un tamaño mínimo de 1000 habitantes en la montaña, y de 5.000 en las riberas y páramos. Es imprescindible además que las ciudades leonesas sumen el máximo de habitantes bajo el mismo municipio. Eso nos da más relevancia a los ojos del resto de los españoles, de los europeos y, si se nos apura, de los asiáticos, que tanta importancia están adquiriendo. Consideramos que plantear las mancomunidades o los distritos allá donde se pueden fusionar ayuntamientos simplificando la administración y facilitando mejores servicios, es un error. Corresponde a la Diputación y a la autonomía promover la fusión municipal, ya que si no lo hacen -con posibilidad de reorganizar nuestro territorio sobre criterios de identidad, históricos, culturales …-, será el Gobierno de España el que lo llevará a cabo y perderemos la oportunidad de realizarla atendiendo a nuestra propia idiosincrasia. Esperemos que la racionalidad y el buen sentido prevalezcan, y hagan de la fusión la mejor herramienta para la regeneración de las instituciones locales.

Distritos ¿de Interés Comunitario?

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un plan de ordenación del territorio de la comunidad, creando los llamados Distritos de Interés Comunitario. Tal y como se deduce de las informaciones que se han hecho públicas, éstos  vienen a sustituir a las actuales mancomunidades de municipios, refundiendo sus zonas de influencia y dándoles otra denominación.

La realidad de la provincia de León está marcada por el pequeño tamaño de la mayoría de nuestros 211 municipios. Esta distribución municipal no permite aplicar economías de escala y, por tanto, no se pueden prestar los servicios que corresponden y que necesitan sus vecinos. Proyecto León ha trabajado durante más de tres años en dos modelos de organización territorial: uno, que preserva las áreas rurales separadas de las netamente urbanas, fusionando los municipios para obtener la cuarta parte de los existentes en la provincia; otro, todavía más ambicioso, tomando las cabeceras comarcales como núcleo aglutinador de servicios, con lo que se obtuvimos un total de 23 ayuntamientos una vez hecha la refundición.

 Aunque los dos modelos no dejan de ser meras propuestas, consideramos que están fundamentados en la racionalidad. Se obtendría por un lado más organización y eficiencia en el gasto de las administraciones públicas y por otro una respuesta de aprobación en los ciudadanos, que se sentirían plenamente identificados con su comarca natural.

Las conclusiones vertidas desde la Junta de Castilla y León en su informe de enero de 2012, creado a iniciativa propia sobre Población y Poblamiento en Castilla y León, no dejan de ser sorprendentes. Abogan por la creación de los Distritos de Interés Comunitario (DIC), extendiéndolos incluso fuera de los límites provinciales. Esta nueva configuración no contempla en ningún caso las fusiones de ayuntamientos, salvo que alguno lo solicite voluntariamente. Con ello ni se simplifica el armazón administrativo en áreas que han quedado despobladas, ni se aporta capacidad operativa a los ayuntamientos, que siguen dependiendo de una suerte de mancomunidades bautizadas con otro nombre.

Desde Proyecto León pensamos que los DIC van a constituir un nuevo escalón administrativo añadido a los que ya existen: Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades, Consejos Comarcales, Diputaciones, Junta de Castilla y León, y Gobierno Central. En el mejor de los casos supondrá el mantenimiento de la misma estructura, suponiendo que los distritos vengan a remplazar a todas las mancomunidades. La racionalización en el gasto, por tanto, no deja de ser meramente declarativa por parte de la Junta de Castilla y León, ya que no vemos reducción alguna del entramado administrativo y del coste que conlleva.

Por otra parte, que los DIC puedan extenderse más allá de los ámbitos provinciales nos hace pensar que un objetivo subliminal de la Junta es el de difuminar los límites de unos territorios que, por la idiosincrasia y los derechos históricos de las dos regiones que forman esta comunidad, son diferentes. Creemos que la propuesta entraña la utilización de estos DIC como una herramienta más para confundirlos. En Proyecto León cuestionamos además cómo se van a resolver ciertas dificultades que conllevará la creación de estas nuevas entidades: ¿cómo se van a financiar estos distritos si son multiprovinciales? ¿En función de qué baremos se van a realizar los presupuestos? ¿Qué papel tendrían las diputaciones en esos casos? ¿Actuarían de forma proporcional al número de habitantes que aporte cada provincia? ¿Cómo afectarían los DIC a las áreas sanitarias, educativas o de otras dotaciones ya establecidas?

Ante todos esos interrogantes, la opinión de Proyecto León es que la creación de los mencionados DIC viene a degradar aún más una situación ya complicada por la despoblación. Se va a intentar diluir el sentimiento de pertenencia de los habitantes al territorio por lo que éstos no se identificarán con los distritos; no se racionaliza el gasto ya que los DIC vienen a sustituir, en el mejor de los casos, a las mancomunidades ya existentes; no se reducen microayuntamientos que son el foco de buena parte del gasto administrativo municipal y, además, habrá que adoptar nuevas medidas de financiación que probablemente generen problemas añadidos en la situación económica actual.

En conclusión, desde nuestro grupo de opinión creemos que lo más eficiente sería organizar el territorio mediante fusiones municipales sobre las cabeceras comarcales, tal y como plantea el gobierno gallego. En la provincia de León podrían ser aproximadamente 23, aunque existen otras posibles cabeceras sobre las que fusionar. En cualquier caso los nuevos municipios respetarían el sentimiento de pertenencia de la población, que se identifica plenamente con las comarcas así establecidas, reducirían gastos por agrupar más beneficiarios para cada servicio y no generarían ningún conflicto por no incluir dentro de ellos poblaciones de otras provincias.

Un proyecto para León

La crisis parece haber sumido a los leoneses en una espiral de mensajes negativos que amenazan con quebrar el ánimo colectivo. Parece que una vez se constata que no queda dinero para realizar nuevas inversiones, los leoneses quedamos abocados al abandono y la ruina, y algunos lo asumen con una mezcla de resignación y pesimismo.

Nada más lejos de la realidad. El país está sufriendo cambios muy relevantes y León con él. Sin embargo en Proyecto León creemos que esta marea de transformaciones debe ser una oportunidad para llevar a la provincia a una nueva situación más favorable respecto a nuestro entorno. Para alcanzar esa nueva posición competitiva hemos de saber hacia dónde orientar los cambios que se empiezan a registrar.

Proyecto León opina que la reforma de las instituciones públicas es un factor clave para el despegue económico de la provincia. La concentración de ayuntamientos hasta un número razonable, en torno a 50,  con el objetivo de conseguir municipios más grandes, más operativos y autónomos económicamente, es un paso fundamental para el futuro. La conversión de la Diputación de León en un órgano técnico, dirigido por políticos votados expresamente para ello por los ciudadanos es crucial. La Diputación debe ser una institución que desarrolle y adapte las políticas autonómicas, y que fije y defienda el presupuesto que corresponde por superficie y población a la provincia.

Proyecto León apuesta por la constitución del área metropolitana de León de manera efectiva. La capital leonesa es hoy la cuarta población autonómica, cuando en realidad se trata de la segunda ciudad en número de habitantes. La división del conglomerado urbano en varios ayuntamientos debilita a todos ellos y empeora la proyección futura de los leoneses, que viven en una ciudad de una categoría inferior a la real a los ojos de la Junta y del Gobierno Central. León ha de figurar con 200.000 habitantes en todos los foros y hacia esa meta se deben encaminar los esfuerzos.

Un aspecto más que consideramos clave en el desarrollo provincial es la potenciación de Astorga como ciudad de enlace entre Ponferrada y León. El debilitamiento de la urbe asturicense fracciona el mercado leonés y rompe la continuidad poblacional hacia El Bierzo, del que hablaremos en otra ocasión. Astorga debe tener un plan de lanzamiento con soporte provincial y autonómico. Asimismo, La Bañeza es la ciudad de enlace de León con Braganza, por lo que debe tener una consideración especial. La construcción de una vía rápida entre ambas capitales será un revulsivo para todo el corredor entre ellas, y la provincia se integrará con él en los grandes corredores europeos.

Una mirada más a nuestro entorno nos lleva hasta el aeropuerto civil. El aeropuerto de León es un fruto del esfuerzo colectivo de los leoneses, que llevan casi 20 años luchando por su construcción y desarrollo. Lo más difícil de conseguir ya se ha logrado: una terminal suficiente, las pistas y dotaciones técnicas adecuadas, y un tráfico de partida a pesar de las múltiples dificultades con que hay que luchar. Falta lo más sencillo: una gestión adecuada por parte de las instituciones que proporcione vuelos a precios competitivos desde y hacia León. Eso proporcionará a la provincia unos beneficios económicos cuyo alcance todavía no somos capaces de imaginar. Por eso el aeropuerto es una pieza clave en cualquier plan de desarrollo de la provincia de León.

Pero si hemos de agrupar este conjunto de acciones en un solo plan lo más adecuado sería redactar un Plan Estratégico Provincial, que fije los objetivos que deseamos alcanzar y el plazo para llevarlos a cabo. Son muchas las ciudades de nuestro entorno que cuentan con su plan estratégico. La capital leonesa llega tarde a diseñar esta herramienta, pero no así la provincia, que sería pionera en el norte de España.

En definitiva, tenemos que sacarle partido a la crisis y asumirla como un estímulo para diseñar el nuevo futuro económico para la provincia. No dejemos pasar esta oportunidad de salir reforzados de la situación actual.

La necesidad de un Plan Estratégico

A estas alturas ya nadie ignora que estamos inmersos en una profunda crisis que afecta a España y con especial crudeza, a nuestra provincia: carbón, agricultura y ganadería, sector industrial, autónomos… También es universalmente aceptado que, para salir de la crisis, un elemento necesario e imprescindible es la buena gestión por parte de las instituciones; pero si en el caso de León la buena gestión es necesaria, ni mucho menos es suficiente. Esta provincia, ya antes de la crisis mundial, tenía su profunda crisis estructural y su posición era muy desfavorable por factores como la despoblación, la baja actividad económica y la clamorosa falta de liderazgo político-social. Estos elementos regresivos siguen estando de actualidad y por eso no es suficiente una buena gestión, sino que hay que hacer algo más para resolver esas carencias estructurales. Es imprescindible considerar esta crisis como el momento oportuno para optimizar las estructuras, ordenar los recursos y canalizarlos en la dirección adecuada a fin de prepararnos para salir de ella especialmente reforzados y no debilitados.

En Proyecto León pensamos que es prioritaria la elaboración de un Plan Estratégico para nuestra provincia: nuestro Plan Estratégico. Debemos decidir hacia dónde dirigir el “barco”, es decir, marcar los objetivos hacia los que encaminar nuestros esfuerzos. Una vez tomada esta trascendental decisión, hemos de remar todos al compás y sin descanso para que “el barco” se mueva lo más rápidamente posible. Ahí sí encajarían eslóganes como “Vamos León” y otros voluntarismos semejantes.

Para realizar un Plan Estratégico como el que proponemos, se deben llevar a cabo una serie de pasos que exponemos a continuación:

• Conocer lo más exactamente nuestra situación actual bajo el prisma de la calidad de vida, es decir, realizar un análisis profundo de nuestra demografía, medio físico, medio cultural, infraestructuras, estructura económica, potencial tecnológico, etc.
• Definir muy bien a las personas e instituciones a quienes va dirigido y con las que se cuenta para avanzar. Los ciudadanos leoneses tenemos a nuestro favor una idiosincrasia especial a la que debemos sacar partido aunando los esfuerzos de todos para conseguir nuestras metas.
• Conocer en profundidad el entorno exterior del territorio y su comportamiento, o sea, quiénes y cómo nos pueden ayudar a mover el “barco”, aportándonos recursos o adquiriendo lo que nosotros generamos. Saber, en fin, en qué nos pueden ayudar y cómo podemos ayudarles nosotros a ellos.
• Ese conocimiento estructurado nos permitirá analizar nuestras debilidades y amenazas y sobre todo, nuestras  fortalezas y oportunidades (lo que los técnicos llaman análisis DAFO).
• Con todo lo anterior en la balanza podemos decidir qué queremos ser o qué queremos que sea nuestro territorio en el futuro.
• Se debe, además, definir la estrategia a seguir para alcanzar los objetivos marcados.
• Por último, es imprescindible realizar un seguimiento de los resultados. Por este motivo los objetivos han de ser por necesidad medibles y se comprobará  periódicamente su progreso y la idoneidad de la estrategia, introduciendo modificaciones si fueran precisas.

Aportaremos ahora algunos puntos de reflexión para avalar los argumentos que estamos exponiendo: uno de los problemas estructurales de la provincia de León, quizás el más importante, es el descenso demográfico, la despoblación, especialmente en el medio rural. Las causas para que se produzca ese fenómeno las podemos resumir en dos: carencia de servicios y debilidad de la actividad económica, que vamos a considerar independientes, aunque tengan cierta correlación.

La falta de servicios suficientes se da sobre todo en el medio rural. Los ayuntamientos, que tienen obligación de prestarlos, son en general, tan pequeños y débiles (existen 211 en la provincia para una población que no llega al medio millón de habitantes) que no pueden acometerlos en la cantidad y calidad que nuestro modo de vida actual requiere y las propias leyes estipulan. Ya tenemos aquí un problema -hoy muy de actualidad- para reflexionar.

En cuanto a la actividad económica provincial, recordemos algunos datos: La población de León entre 15 y 64 años, a 1 de enero de 2010, era de 323.336 personas, un 3,6% menos sobre el total que la media española debido a nuestro mayor grado de envejecimiento. De estas personas, a 31 de diciembre de 2010  cotizaban a la seguridad social 164.185, es decir, que solamente están en actividad laboral el 50,8% de las mismas, que son también un 3,6% menos que la media española, que a su vez es de las más bajas de Europa. Si alcanzásemos la media de España, tendríamos 11.640 personas más con actividad económica que, suponiendo  que ganasen 1.000 €/mes de media, es decir, 14.000 €/año, supondrían un ingreso adicional para la provincia de 163 millones de euros. Y esto no es un subsidio exterior, sino un producto que generaríamos nosotros mismos. Esa inyección económica fijaría población y sería un gran impulso para el consumo y también para salir de la crisis.

Tenemos una provincia extensa y de población dispersa, y las soluciones que se planteen tienen que tener en cuenta esta característica; para desarrollar León no debemos potenciar solamente una o dos ciudades o solamente algunas cabeceras comarcales, sino que se debe impulsar todo el conjunto.

Debemos ir rechazando la idea, bastante generalizada, de que son las instituciones estatales y autonómicas a quienes corresponde resolvernos los problemas. Desde este punto de vista, los fondos de cohesión son una ayuda y no una solución, por lo que estamos obligados a pensar que esa solución la tenemos que aportar nosotros mismos.

Para Proyecto León, el Plan Estratégico debe ayudar a estimular a las empresas locales, a los emprendedores, a crear una fuerza laboral experimentada, a atraer empresas de fuera interesadas en nuestras potencialidades y recursos, y crear con todo ello ventajas competitivas a largo plazo.

Desde nuestro grupo de opinión, esperamos que las autoridades sepan recoger el mensaje y ponerlo en valor, y que la sociedad leonesa tome conciencia de que, si cualquier momento es bueno para empujar todos en la dirección adecuada, éste lo es en especial. La herramienta para lograrlo es la elaboración y aplicación de un Plan Estratégico.

El Aeropuerto de León: Un servicio público básico.

En España existen en la actualidad 47 aeropuertos gestionados por AENA. Según la memoria de 2010 de esta compañía, solo en 10 de ellos el resultado de explotación ha sido positivo; por lo tanto los 37 restantes han sido deficitarios, es decir, el 78%. Los aeropuertos de Barajas y El Prat son los que presentan un mayor déficit pese a ser los que mayor número de pasajeros gestionan. El motivo principal de estas pérdidas se justifica en la amortización de las inversiones que se han realizado en la Terminal 4 (Barajas) y en la Terminal 1 (El Prat), que han supuesto un desembolso aproximado de 11.000 millones de euros. Estas obras entran dentro de los planes de expansión y modernización de los aeropuertos y se asumen con naturalidad aunque sus resultados de cuentas sean negativos.

Lógicamente, nadie se plantearía la supresión de estos dos aeropuertos pese a ser deficitarios.

No es nuevo que las mejoras en infraestructuras leonesas reciban cada cierto tiempo los embates de instituciones o personajes de la vida pública castellana. Ahora le toca a nuestra instalación aeroportuaria. Recientemente el PSOE, el PP y la Cámara de Comercio de Valladolid, en perfecta armonía se han conjugado para lanzar otra andanada contra el Aeropuerto de León y, por extensión, contra los de Burgos y Salamanca.

El argumento utilizado para este planteamiento es torpe, simple y fácilmente rebatible: ante la escasez de recursos, los que hay tienen que destinarse sólo al aeropuerto de Villanubla (recordemos que también es altamente deficitario).

Ante la cuenta de resultados negativa que presentan la mayoría de los aeropuertos, si alguien decidiera seguir las recomendaciones de estos representantes públicos, España sería un desierto aeroportuario.

La configuración centrípeta de esta autonomía, unida a la patológica obsesión centralizadora por parte de sus dirigentes políticos, contribuye de manera definitiva a entorpecer cualquier proyecto de desarrollo económico fuera de las fronteras que establecen quienes, por definición, debería de representarnos a todos. Quizás sea esta irracional visión egocéntrica la que impida comprender que en el desarrollo económico equilibrado de las regiones debe haber complementariedad en lugar de competencia, que hay mercado para todos si existe buena gestión y que no hay que suprimir sino potenciar con racionalidad y equilibrio.

Cuestionando la necesidad de tener varios aeropuertos en la comunidad, se podría considerar que precisamente Villanubla es el menos necesario de los cuatro de la comunidad. Está situado a unos 200 kilómetros del aeropuerto de Barajas y perfectamente comunicado con él mediante AVE y autovía. El de León sin embargo, presenta un enclave geográfico central respecto a todo el noroeste peninsular y una oferta de vuelos claramente diferenciada respecto al resto de aeropuertos que le rodean. Una razón más para potenciarlo es la inclusión de León en el trazado del Arco Atlántico perteneciente a la Red Transeuropea de Transporte de Mercancías.

En Proyecto León, sin embargo, pensamos que los aeropuertos son necesarios, incluido el de Villanubla, a pesar de que los cuarto de esta comunidad se encuentran en la misma situación deficitaria que Barajas y El Prat.

Estamos hablando de infraestructuras que aportan un servicio a la población, dinamizan la economía turística y empresarial de su entorno, crean puestos de trabajo directos e indirectos y, por lo tanto, riqueza. Un servicio es una actividad llevada a cabo por la Administración Pública, o bajo un cierto control y regulación de ésta, destinado a satisfacer las necesidades de la colectividad. Lo deseable sería que dichos servicios fueran rentables, pero la realidad es que prácticamente ninguno lo es. Sirvan de ejemplo autobuses, metro, trenes... Sin embargo nadie se plantea su supresión.

Por lo tanto el planteamiento reductor es absurdo. Suprimir los servicios sólo por el hecho de ser deficitarios nos llevaría a cuestionarnos qué beneficio económico se obtiene de una autovía, de un hospital, de los colegios públicos o de los centros penitenciarios y, por supuesto, podríamos cuestionar los beneficios o déficits de las Administraciones Públicas. Ello, seguramente, nos haría determinar que, como ninguna de ellas es rentable, deberían ser eliminadas; sin más.

¿Cuál es, por tanto, el objetivo del aeropuerto? Como en todos los servicios, el objetivo debe centrarse en aprovechar las actividades económicas y las sinergias que estas infraestructuras generan a su alrededor. El aeropuerto no tiene por qué ser rentable por sí mismo, pero sí debe constituirse en núcleo generador de economía. Esto no significa que haya que descuidar su gestión. Bien al contrario, la búsqueda de la ponderación entre el servicio prestado y su coste debe ser una constante por parte de sus administradores.

En resumen: un aeropuerto es un instrumento prestador de un servicio público y, por consiguiente, no debe tener como única meta el beneficio contable sino la propia prestación de ese servicio.

Según los informes de AENA, los aeropuertos que registran un incremento del número de pasajeros han pasado por la implantación de líneas de bajo coste. Estas compañías ofertan sus servicios a cambio de ayudas públicas, por lo que sus precios son altamente competitivos, lo que favorece el aumento del número de usuarios. Esta situación se dio en el Aeropuerto de León; así, mientras operó Lagun Air con unos precios muy competitivos, fue el que -proporcionalmente al número de habitantes- más aumentó la cifra de pasajeros de toda España.

A todo lo anterior hay que añadir que, según un reciente estudio, la implantación de Compañías de Bajo Coste (CBC) ha sido un gran revulsivo para muchos aeropuertos que han aumentado espectacularmente sus cifras de pasajeros. Casi un 60% de la población que utiliza el avión como medio de transporte realiza sus desplazamientos en CBC. No parece, pues, descabellado que los esfuerzos de nuestras Administraciones Públicas vayan dirigidos a captar el asentamiento de este tipo de empresas.

En el momento actual, Ryanair está recibiendo una media de 3 millones de euros de la Junta de Castilla y León para que oferte vuelos a bajo coste. Además, como consecuencia de la gestión centralizadora de la Junta, Villanubla recibe pasajeros del resto de provincias, como el Club de los 60, que están obligados a coger los vuelos en este aeródromo.

En Proyecto León pensamos que no se trata de ir suprimiendo servicios en los que ya hay invertido un gran capital, sin de gestionarlos con eficiencia y desarrollar todo el potencial que tienen estas infraestructuras de primer nivel con el objetivo irrenunciable de reducir lo más posible ese déficit que ahora presentan. Esta gestión incluye, lógicamente, disponer de las ayudas necesarias que las instituciones públicas deben aportar para hacer viables estos servicios básicos. Vemos continuamente cómo se subvencionan con fondos públicos todo tipo de empresas, incluso privadas (sirva Renault como ejemplo) y se facilita su asentamiento con el fin de crear riqueza y puestos de trabajo en su entorno.

Los servicios aeroportuarios no deben de ser menos. Y León no ha de ser una excepción.

El estatismo que desde hace varios años mantiene el Consorcio (formado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Castilla y León), y las deudas mantenidas en el tiempo con las compañías aéreas, han contribuido a dejar el Aeropuerto de León bajo mínimos, con la única operatividad de una compañía que, al no tener competencia, ha elevado los precios hasta hacerlos prohibitivos.

Es, por tanto, responsabilidad del Consorcio del Aeropuerto y de la Junta de Castilla y León potenciar el mismo y conseguir compañías de bajo coste que operen desde el Aeródromo leonés con la meta final de potenciar la economía de la provincia. No debemos dejar pasar la extraordinaria oportunidad de desarrollo socioeconómico que nos brindan estas infraestructuras públicas de primer nivel que ya se han convertido en básicas.

El espacio "Hablamos de León" de Punto Radio entrevista a Proyecto León

El pasado 8 de septiembre estuvimos en Punto Radio hablando sobre el proyecto de fusión de municipios que llevamos elaborando desde el 2008.

Gracias a todo el equipo.

Distritos de Interés Comunitario

Desde el año 2008 Proyecto León viene proponiendo una fusión de ayuntamientos en la provincia. A causa de las últimas noticias y declaraciones del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, acompañadas de las reacciones de varios de los alcaldes de León, queremos aportar algunas reflexiones al debate.

El gobierno de la Junta de Castilla y León aboga por garantizar la prestación de los servicios municipales mediante la creación de Distritos de Interés Comunitario: un total de 39 en la provincia; pero enfatiza que no se trata de suprimir ningún ayuntamiento, ya que la Junta es consciente de una supuesta carga afectiva e identitaria de cada uno de ellos. Decimos supuesta porque se trata de una apreciación subjetiva que nosotros no hemos detectado más que en algunos de los pueblos de León. La creación de Colegios Rurales Agrupados es un ejemplo de concentración de servicios que no han supuesto ningún tipo de trauma ni ha contribuido a despersonalizar la identidad de ningún pueblo.

Respecto a este planteamiento de ordenación del territorio, tal y como se ha explicado por el consejero, la pretensión pasa por implantar un nivel institucional más en la ya pesada estructura existente. En este momento en la provincia de León nos administramos a través de  juntas vecinales, ayuntamientos, mancomunidades, Consejo Comarcal en el caso del Bierzo y Diputación, además de la Junta y el Gobierno Central. Nada más y nada menos siete niveles administrativos. Si no se suprime ningún ayuntamiento y además se crean Distritos de Interés Comunitario, lo que se establece es un nuevo escalón añadido a los ya existentes. En consecuencia, más gasto, menos racionalización del mismo, más engrose y complejidad de las administraciones… menos eficiencia y menos recursos para los ciudadanos.

Por otro lado, pensamos que “la carga afectiva e identitaria” no la sustentan los entes administrativos, que son edificios donde se resuelven aspectos burocráticos. La verdadera identidad de los municipios de nuestra provincia recae sobre las juntas vecinales –donde sí participan estrechamente los vecinos- como administradoras de los históricos concejos leoneses, que han gestionado con eficacia y funcionalidad desde tiempos remotos sus bienes comunales.  Este sistema de concejo abierto sí dota a los núcleos leoneses de identidad propia. No así los ayuntamientos que, como hemos dicho, son meramente entes administrativos y que, por añadidura, frecuentemente no pueden cumplir con sus obligaciones en prestación de servicios, dejándolas al cargo de las juntas vecinales o de mancomunidades, a pesar de que el art. 2.2 de la LRL establece que “la Junta de Castilla y León garantizará que los municipios dispongan de los medios adecuados y suficientes para el cumplimiento eficaz de sus fines”.

Del presupuesto de gastos municipales, en muchos casos, entre un 70% y un 80%  se diluye en dos capítulos: gastos de personal (alcalde, concejales, secretario…) y gastos corrientes (desde la luz del edificio hasta el ordenador o las fotocopias realizadas en el mismo). Todo esto antes de prestar servicios a la población.  Sin embargo, tras cubrir esos capítulos, muchos ayuntamientos no disponen ya de los fondos necesarios para prestar los servicios a los que la Ley, insistimos, obliga. Delegan entonces sus funciones en las juntas vecinales, que son las que asumen la responsabilidad sin que tengan obligación alguna. Por otro lado, la creación de mancomunidades de municipios, cuyo fin es prestar servicios municipales, vuelve a poner de manifiesto la quiebra operativa de muchos ayuntamientos. Aunando las dos situaciones, lo que se deduce es que existen numerosos municipios que en la actualidad no son viables económicamente y que suponen un gasto excesivo que repercute sobre el administrado: en consecuencia deben suprimirse.

Para eliminar las últimas dudas y excusas la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León en su Título II, artículo 11 punto 1 establece que la creación de un municipio por fusión de otros limítrofes se podrá cuando de forma separada carezcan de capacidad o recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por Ley, cuando sus núcleos de población se confundan como consecuencia del desarrollo urbanístico (León y su alfoz) y por cualquier otro motivo (económico, administrativo, etc.) que pudiera hacerla necesaria. Es claro, pues, que la propia Ley recoge unas premisas para la fusión de ayuntamientos que en el momento actual se cumplen. Otra cosa es que quien tiene la potestad para provocarlo o imponerlo abdique de sus deberes de gobierno.

Uno de los argumentos utilizados por algunos alcaldes en contra de la fusión de ayuntamientos es una supuesta incomodidad para los ciudadanos mayores y sin vehículo que deberían desplazarse para “arreglar un papel”. Ante esto debemos decir que actualmente, con la excepción de los habitantes del núcleo donde se ubica el edificio del ayuntamiento, todos se desplazan para acceder a él. Es decir, que de los 1.388 núcleos leoneses, los habitantes de 1.177 que no son sede municipal, han de utilizar un vehículo. En todo caso, el transporte a la demanda resuelve eficazmente esta necesidad.

En cuanto a la dificultad para dar con una fórmula equitativa de fusión, pensamos que no es tan complejo. Los parámetros pueden estar basados en factores comunes entre municipios: culturales, históricos, agrícolas, ganaderos, comarcales, de ruralidad, de urbanidad, que dispongan de vías de comunicación que les unan, que compartan costumbres, usos, etc. Proyecto León ha realizado dos mapas con dos propuestas diferentes, pero puede haber muchas más.

Resumiendo: la creación de Distritos de Interés Comunitario, sin suprimir ayuntamientos, traerá consigo el mantenimiento de las estructuras actuales y su engrosamiento, más cargos políticos y menos racionalización del gasto, cuando el fin primordial ha de ser mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Como corolario, ante este énfasis conservador de concejales y alcaldes dejamos en el aire un par de preguntas: ¿cuánto dejaría de percibir cada partido político en las convocatorias electorales por la reducción de concejales debido a la supresión de numerosos municipios? ¿No será esa una de las razones, quizá la más importante, por las que existe tanta resistencia a eliminar sedes administrativas inoperantes?