Pese
a los numerosos anuncios de reforma de la administración local que ha efectuado
el Gobierno de España en los últimos meses, a día de hoy se desconoce cuál va a
ser ésta en su conjunto. La única propuesta que ha trascendido al respecto
sobre esta reorganización administrativa es la relativa a la supresión de las
Juntas Vecinales y Entidades Locales Menores. No deja de ser cuando menos
sorprendente que pretendan eliminar el único escalón administrativo que no
genera gasto alguno al Estado, ya que estas entidades se autofinancian.
En este sentido las Juntas Vecinales (en León es así prácticamente en todos los casos), son propietarias de muchos bienes comunales que gestionan secularmente con acierto y consenso democrático a través de los concejos. Causa perplejidad la pretensión liquidadora, ya que si desaparecen estas entidades, los bienes que les pertenecen (por derecho, por historia y por ley también a los habitantes de esos pueblos), pasarían a ser propiedad de los ayuntamientos, así como su gestión y los beneficios que reportan. En definitiva se trata de todo un expolio.
Por
otro lado parece que la actuación de diversos grupos de interés puede llegar a
doblegar la voluntad de convertir esta reforma en una herramienta de reducción
y racionalización del gasto público. El descenso en la recaudación de impuestos
sumado a los profundos cambios de la población española, que ha supuesto la
concentración en las ciudades y áreas metropolitanas, y la práctica
desertización de grandes áreas rurales exigen reestructurar en profundidad la
organización de municipios, diputaciones y autonomías por razones de interés
general.
Nuestro
colectivo cree que el primer paso para realizar cualquier análisis de las
necesidades es reconocer los problemas que actualmente atenazan a nuestro
entramado institucional. El primero es que nuestras ciudades y sus áreas
periféricas han crecido hasta fundir la trama urbana en sus bordes. En esta
situación no hay diferencia ni separación entre muchas capitales de provincia y
los municipios contiguos. Estas áreas metropolitanas operan como una sola
unidad económica y social en la que los ciudadanos interactúan libremente. Sin
embargo la administración local no ha asumido ese cambio y estas zonas urbanas
permanecen fraccionadas innecesariamente en varios municipios.
No
existe una explicación racional ligada al interés común que justifique el
mantenimiento de tantos municipios con todos sus gastos, autoridades y unidades
administrativas, que complican cualquier tramitación o mejora de los servicios
a los ciudadanos. Por esta razón todas las ciudades deberían experimentar una
“compactación institucional” que adapte la dimensión municipal a la social y
económica. Proyecto León viene abogando por la fusión de municipios desde 2008
a fin de paliar esta situación que convierte a las ciudades en conjuntos
polimunicipales desordenados e ingobernables.
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Una propuesta de reorganización basada en cabeceras comarcales
Fuente: Elaboración propia |
El
segundo problema que se debe asumir es el profundo despoblamiento de muchas
zonas rurales, lo que ha llevado a sus ayuntamientos a perder relevancia,
presupuesto, operatividad y justificación de su propia existencia. Más aún si consideramos que la red de comunicaciones
actual permite a los ciudadanos desplazamientos más lejanos en distancia con
mucha más seguridad y en menos tiempo. Asimismo, la introducción de las nuevas
tecnologías en la administración facilita a los usuarios la realización de
trámites burocráticos desde su domicilio. Es muy gráfico el caso de León, en el
que dos terceras partes de la provincia no reúnen realmente ni 70.000
habitantes, mientras que en el tercio restante del territorio se concentran
425.000. En esas condiciones es prioritario garantizar los servicios públicos
en las zonas despobladas concentrando las unidades administrativas para dedicar
el máximo de recursos a la prestación de servicios, como defiende Proyecto León
desde 2008.
Proyecto
León está de acuerdo con la declaración de intenciones que apunta hacia una
distribución estricta de instituciones y competencias, lo que permitirá acabar
con el actual grado de desorden. Sin embargo nuestro colectivo cree que
cualquier reordenación de competencias, servicios y estructura administrativa
debe ir imprescindiblemente acompañada de un cálculo de los costes de
administración. Si se continúa hablando de crear estructuras supramunicipales
–en la comunidad de Castilla y León los Distritos de Interés Comunitario- o de
supresión de entidades inframunicipales –Juntas Vecinales y Entidades Locales
Menores a nivel nacional- sin ponerlo en relación con cifras concretas de
ahorro, se estará escondiendo la realidad de la propuesta.
Nadie
debe cerrar los ojos ante un descenso de recursos –en cuyas causas no queremos
ahondar ahora- que es evidente, duradero e inevitable. En esas condiciones
cualquier decisión que se tome ha de tender a reducir los gastos de gestión
cuanto se pueda, mantener la prestación de servicios tanto como sea posible y
reducir los centros de decisión para agilizar la gestión de unos recursos muy
inferiores a los de hace cinco años. Cualquier propuesta que no incluya este
detalle económico es inadecuada –por ejemplo ¿cuál es el ahorro generado con la
supresión de las Entidades Locales Menores?-
y esconde más que resuelve.
