Desde que estalló la crisis parece extenderse una propensión a atacar la apertura de aeropuertos regionales. Son calificados de "obras faraónicas", aunque este tipo de afirmaciones se hacen sin aportar comparación alguna entre los costes de la navegación aérea y los de otros medios de transporte. En Proyecto León hemos evaluado las principales infraestructuras de comunicación, las hemos comparado y puesto que los resultados parecen esclarecedores, queremos aportarlos para conocimiento público. Quizás por esta vía concluyamos con más exactitud qué obras son faraónicas en materia de comunicaciones y qué obras no lo son.
En primer lugar analizamos las autovías, cuyo importe se sufraga íntegramente por la vía de los impuestos. Su coste de construcción por kilómetro fluctúa entre los 3,5 millones de euros y los 15, según se trate de terrenos llanos o montañosos. La media está en torno a los 7 millones de euros, por lo que construir 100 km de autovía supone unos 700 millones de euros. El mantenimiento de cada kilómetro cuesta entre 19.000 y 42.000 euros al año, según la Dirección General de Tráfico. En otras palabras, cada centenar de kilómetros supone al erario público una media de 3 millones de euros extra año tras año. A esto habría que sumarle la factura de coche y combustible, pero esa parte queda fuera de nuestra medición porque lo paga directamente el usuario. Por último, el número de usuarios es el mayor de cualquier medio de transporte.
Añadimos al análisis el coste de las estaciones públicas de autobuses. Por ejemplo la de Ávila, con 17 dársenas, estuvo presupuestada en 5 millones de euros. Las tasas que pagan los operadores vienen a cubrir los gastos de funcionamiento, pero no la amortización de la instalación. En resumen, el transporte por carretera es versátil y popular, pero no barato. La red nacional, aproximadamente 15.600 km, costaría a precios actuales unos 100.000 millones de euros y su mantenimiento requiere gastar casi 400 millones de euros al año.
En segundo lugar podemos hablar del ferrocarril de "Alta Velocidad". Sus vías no son aptas para el transporte de mercancías, lo que obliga a mantener abierto simultáneamente el viejo trazado convencional o a rebajar la velocidad de los convoyes hasta considerarlos de "Velocidad Alta", a fin de disponer así de carriles de doble uso. El coste medio de construcción de vía AVE es de 15.000.000 de euros por kilómetro, por lo que 100 kilómetros suponen 1.500 millones -más del doble que una autovía- y hay que añadir el importe de las unidades de material rodante. Cada tren de 250 plazas supone una inversión de unos 40.000 € por asiento, es decir, unos 10.000.000 de euros en total. A esto se suma el coste de operación y mantenimiento anual por asiento ofertado, que está en torno a los 80 € si la ocupación es total, lo que hace poco probable su cobertura por la venta de billetes.
Hay que añadir a todo lo expuesto la construcción de las estaciones e instalaciones anejas. Esto quiere decir que la alta velocidad, con un número de usuarios infinitamente inferior a las autovías, no cubre ni de lejos sus costes y que la mayor parte de la inversión se hace a fondo perdido, siendo, pues, deficitarias todas las líneas AVE de España. Debido al rango de las cifras económicas que se manejan, el impacto sobre las cuentas públicas es incomparablemente más alto que el de cualquier otro medio de comunicación.
León alcanzará los 200.000 pasajeros/año de Alta Velocidad cuando el AVE esté concluido. Aplicando el precio medio de un billete se descubre que este ferrocarril es la forma más onerosa de desplazamiento de cuantas se ofertan en esta provincia. Mucho más si se tiene en cuenta que algunos de los costes de referencia que aportamos proceden de la línea Madrid-Sevilla -con un nivel de utilización que es muy superior al esperable en León o en todo el noroeste y además el mayor de España-, por lo que en consecuencia son más bajos de lo que resultarán aquí.
Para hacerse una idea, los 2.600 km de AVE en servicio habrían costado a precios actuales 39.000 millones de euros. Pero no concluye ahí la cantidad de recursos que requiere el ferrocarril porque, una vez concluida la línea de Alta Velocidad, habrá que mantener la convencional para el transporte de mercancías y de viajeros de cercanías, aunque con mucho menos tráfico. Sólo el coste de mantenimiento de las líneas AVE en España se cifra en unos 300 millones de euros al año (112.000 € por kilómetro y año, el cuádruple que una autovía). Como se puede apreciar, ser el segundo país del mundo (después de China) en ferrocarriles de Alta Velocidad no sale precisamente barato. En consecuencia, el tren veloz se configura como un medio de transporte estructurante y necesario, pero con unas necesidades de financiación astronómicas y un importante déficit perpetuo.
Respecto a los aeropuertos civiles, son en su mayoría gestionados por una empresa pública: AENA y se mantienen en déficit casi todos, especialmente Madrid y Barcelona, que generaron más de las tres cuartas partes de la deuda. Hay que advertir que no existe un contrato-programa por el que el Estado transfiera fondos a AENA, como en el caso de los ferrocarriles, ni se pone la construcción de las pistas por cuenta del Estado y a coste cero para la empresa. En un aeropuerto todo se carga sobre la cuenta de resultados y sobre los billetes vendidos.
El Aeropuerto de León costó 88 millones de euros desde sus inicios, menos de la vigésima parte de la vía AVE a Valladolid, y permite viajar a cualquier punto que tenga otro aeropuerto, porque no es lineal y rígido como el ferrocarril. Si los responsables lo potenciasen con vuelos de bajo coste sería rentable, absorbiendo así la amortización de las instalaciones, cosa que nunca se logrará ni con el AVE ni con las autovías. Aún con una explotación deficiente absorbe cifras muy moderadas -unos dos millones de euros por año desde su apertura- que en nada son comparable ni con los otros modos de transporte -cuesta la mitad que mantener una autovía a Valladolid-, ni por ejemplo, con el mastodóntico auditorio Miguel Delibes de la misma ciudad, que mantiene la Junta de Castilla y León -por hablar de una obra que sí es faraónica-.
Por último cabe citar tangencialmente -puesto que es un medio de transporte inexistente en León- la situación de los puertos de mar españoles. Las 28 autoridades portuarias se reúnen en la entidad pública Puertos del Estado, que acumula una deuda monumental de 2.600 millones de euros. A partir de esa cifra sobran los comentarios, ya que cada puerto sale a una media de 920 millones de deuda, nada que ver con un aeropuerto como el de León.
En resumen, Proyecto León quiere advertir que el coste del Aeropuerto de León es minúsculo comparándolo con otros medios de transporte, razón por la cual además, si se operase con eficacia, llegaría a ser rentable y generaría sinergias empresariales, turísticas y sociales que potenciarían el desarrollo económico de la provincia mucho más de lo que ya lo hace. Por el contrario, otros medios de transporte que se dan por muy eficientes como el tren o las autovías, son enormemente costosos por más que se consideren necesarios para estructurar el país y por añadidura, nunca podrán ser rentabilizados directamente. El techo de pasajeros del Aeropuerto de León es desconocido, pero en todo caso superior al del ferrocarril y el autobús.
Los beneficios indirectos de un medio de transporte, sea cual sea, son grandes siempre que no resulte redundante. Sin embargo, si se contrastan con el coste de su construcción pueden estar menos compensados de lo que parecía inicialmente. En esta comparativa se ha puesto en evidencia que la capacidad estructurante y la relación coste-beneficio de los aeropuertos regionales como el de León son muy ventajosas.
Como colofón queremos señalar que la eclosión disparatada de infraestructuras de comunicación ha obedecido en muchas ocasiones al simple interés electoral. En no pocos casos, estas grandes obras han sido utilizadas por la clase política como un carísimo instrumento de propaganda. Pero el gasto en las infraestructuras ya está realizado y lo que procede es rentabilizarlas: potenciar el incremento de los retornos económicos que generan las inversiones realizadas y no abogar por su abandono. Ahora, especialmente en estos momentos de crisis, corresponde a nuestros representantes políticos, como máximos responsables de estos desequilibrios, revertir la situación. A la vista de los datos que aporta Proyecto León se colige que se debe ajustar todos los modos de transporte por igual, ya que todos tienen un gran valor estructurante para el país, pero todos absorben recursos públicos. Igualmente se ha de buscar y potenciar aquellos servicios cuya relación coste-beneficio sea más equilibrada y el transporte aéreo es, en conclusión destacada, uno de los que con más evidencia ofrecen grandes beneficios por un coste comparativamente menor.
