martes, 22 de diciembre de 2009

Concentración municipal y aumento de servicios

Proyecto León ha realizado una propuesta de fusión municipal basada en el aumento de eficiencia del gasto público, con el fin de liberar recursos económicos para proporcionar a los habitantes de nuestros municipios -sobre todo de los de menos de 1.000 habitantes- más servicios de los que disfrutan en este momento sin incrementar los costes.
Varias han sido las manifestaciones públicas en contra de esta propuesta, pero adolecen de debilidad argumental. Hay versiones tan variopintas como que la concentración municipal dejaría sin servicios a los ciudadanos, que los pueblos de León perderían su identidad o que el proceso es muy problemático Como pensamos que nada de esto es sustancialmente cierto queremos responder.
Uno de los mayores limitantes de nuestros ayuntamientos son los gastos de personal. En los pequeños ayuntamientos se concentran en la remuneración de los alcaldes y concejales, así como en la del secretario municipal, que es una figura funcionarial imprescindible, pero cuyo alto coste no se justifica por debajo de cierta dimensión. La concentración supone globalmente la eliminación de corporaciones y con ella la supresión de equipos de gobierno que en algunos casos  tienen una funcionalidad meramente residual ante la falta de capacidad de gasto y gestión. Esta supresión traerá de la mano  el ahorro de cuantiosos fondos para, al menos, mantener los servicios prestados actualmente en cada pueblo e incluso incrementarlos en muchos casos.
Por lo tanto una concentración liberaría recursos económicos. Además permitiría acudir a las instituciones con mayor autoridad y representatividad, lo que redundaría en una aún mayor captación de fondos en la Diputación, la Junta y el gobierno central. En resumen, más dinero, más inversiones y más servicios para todos.
En el caso de los grandes ayuntamientos, especialmente en León y Ponferrada, nos encontramos con estructuras disparatadamente grandes. Por ejemplo en el área metropolitana de la capital los presupuestos de personal de León, San Andrés y Villaquilambre sumaron en 2008 casi 79 millones de euros. Si suponemos una media salarial de 30.000 euros brutos por trabajador y año deducimos el dislate de 2.633 empleados para una población de 181.000 habitantes. La ciudad de Burgos hace lo mismo con la mitad de empleados. Más claro no puede estar que es necesario configurar las áreas metropolitanas como ayuntamientos únicos, con todos los matices que se quiera, pero concentrando estructuras.
Respecto a la mención de los ayuntamientos como elementos identitarios, en León hay que negar tal afirmación. Los elementos identitarios leoneses por antonomasia son los concejos y sus estructuras administrativas superpuestas: las juntas vecinales. En segundo lugar están las comarcas, pero ese sería otro debate. Es a las juntas vecinales a las que hay que dotar de control presupuestario desde el ayuntamiento -que debería tener los medios-, aunque no se limiten sus decisiones ni potestades. Hay que potenciarlas administrativa y simbólicamente exigiendo gestión, y normativizando su funcionamiento.
Ante el argumento que magnifica la complejidad de la concentración, creemos que nuestros representantes políticos no deben  amedrentarse. El proceso está totalmente normativizado y explicado en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local. El hecho de que se esgrima que es una meta enrevesada, da pie a pensar que muchos de nuestros representantes no quieren alcanzarla porque conlleva más volumen de trabajo del que están acostumbrados y no les interesa. Los procesos pueden ser más o menos intrincados, llevar más o menos tiempo y más o menos trabajo, pero si suponen un beneficio para la población, no entendemos que su posible complicación se vea como obstáculo.
Estamos convencidos de que, como representantes de los ciudadanos y desde la responsabilidad política que ostentan alcaldes y concejales de nuestros municipios, son conscientes del cambio de estructura territorial que se debe emprender y terminarán por liderar esta propuesta, sobre todo si se desea promover el asentamiento de población que constituya el relevo generacional en nuestros pueblos antes que muchos de ellos queden vacíos. Deben ser los propios alcaldes quienes expliquen la inoperancia de corporaciones incapaces hasta de proporcionar aguas limpias o alumbrado público, o de cofinanciar obras con la Diputación por falta de recursos.
En una última reflexión, aunque estamos convencidos de que es una gran minoría, creemos que sólo pueden ver como “problemático” el proceso de fusión municipal quienes se preocupen más por su puesto político que por el bienestar de los ciudadanos. Desde este punto de vista el principal problema que paralizaría los procesos de  fusión sería el interés personal de algunos. Por eso solicitamos a las instancias competentes que actúen para remover obstáculos que no merecen consideración.

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