Proyecto León viene observando que el final de los mandatos en las
instituciones locales y generales del estado se aproxima y que varias de las
más importantes reformas pendientes continúan sin realizarse. Aunque es cierto
que las propuestas que expondremos a continuación se escapan a las competencias
provinciales, no es menos cierto que las instituciones leonesas no han hecho el
más mínimo gesto por reivindicarlas ante otras de rango superior. La más
importante nos parece la concentración municipal en torno a las ciudades y la
reordenación de los municipios en las áreas rurales, donde hay que repensar el
papel de estas instituciones y su necesario engranaje con la actividad vecinal
a través de los concejos. Sin esta reforma la actividad local continúa plagada
de ineficacias, servicios duplicados y gastos de funcionamiento superfluos que
devoran recursos necesarios para la inversión. Y, aunque sea cierto en muchos
casos, no vale el decir que los pueblos no tienen deuda y que los ediles no
cobran. Este argumento se viene abajo cuando comprobamos cómo en muchas
ocasiones prácticamente la totalidad del presupuesto de un ayuntamiento se
dedica a su sostenimiento quedando un exiguo porcentaje para inversiones. El
problema es que en los pueblos faltan servicios que en las ciudades sí hay y
esa carencia provoca en gran parte el despoblamiento, por lo que debe ser
cubierta en la medida de lo posible. La realidad divide al territorio en dos
grandes grupos: el de las extensiones cuasidespobladas y el de las que
conservan niveles considerables de población, lo que requiere un nuevo
planteamiento que no vemos en los programas electorales. La austeridad y
racionalidad que exigen para los demás parece no tener reflejo en aquello que
es de gestión directa de los poderes políticos.
Una reforma pendiente que frenaría la asoladora despoblación de
nuestro territorio sería la del mercado energético, para que los precios se
ajusten a los costes reales, más los márgenes
Embalse del Porma (León)
comerciales lógicos. Los precios
energéticos en España están entre los más altos del mundo desarrollado. No hay
que esconder un problema estructural que se debe corregir de manera inmediata:
el sistema eléctrico español tiene unas pérdidas por transporte en torno al
28%. Eso, que es un disparate, sucede porque el kilovatio cuesta igual en
cualquier lugar de la Península, lo que permite que las empresas se fijen lejos
de los lugares donde se produce la energía. En otras palabras, las zonas
productoras de energía están subvencionando el kilovatio que se consume en las
zonas industriales. Lo que dicta el sentido común es que la energía cueste
menos donde menos costes tiene, es decir, donde se produce. Item más, los
lugares con gran producción de energía hidroeléctrica deberían beneficiarse de
tarifas más bajas, puesto que se trata de la más barata. Dicho en román
paladino, León está subvencionando la energía que se consume en Madrid, Bilbao
o Barcelona. Si se quiere reducir los costes a la industria hay que condicionar
los precios a su proximidad a los centros de producción.
Es necesaria una reforma de la Ley electoral
Aunque son muchas las reformas pendientes, hoy solo citaremos una
más: la ley electoral. León ha vivido uno de los periodos más bochornosos de su
historia reciente, con detenciones por corrupción, numerosos implicados con
raíces en esta tierra en casos levantados por la fiscalía y la policía, incluso
el asesinato, en lo que parece un ajuste de cuentas, de una autoridad
provincial. Es evidente que hace falta una reforma institucional profunda con
elección directa de nuestros representantes. En ella ha de suprimirse la
duplicidad de Delegación de la Junta y Diputación, a nuestro criterio,
integrando la primera en la segunda. Se necesita una Diputación donde los
políticos desempeñen solamente cargos de consejo, de fijación de objetivos y
presupuestos. La capacidad ejecutiva debe estar exclusivamente en manos de
funcionarios, de los que los políticos hablan actual y “oficialmente” muy bien,
pero a los que luego ningunean en la toma de decisiones y ejecución de los
planes. Este mismo criterio debería aplicarse en los ayuntamientos, pasando
éstos a ser cámaras municipales donde los concejos sean escuchados. Y no son
éstas, como decimos, las únicas necesidades de reforma, pero nos parecen las
más necesarias y urgentes para resolver los profundos problemas que agitan a
nuestra tierra.