martes, 20 de marzo de 2012

Distritos ¿de Interés Comunitario?

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un plan de ordenación del territorio de la comunidad, creando los llamados Distritos de Interés Comunitario. Tal y como se deduce de las informaciones que se han hecho públicas, éstos  vienen a sustituir a las actuales mancomunidades de municipios, refundiendo sus zonas de influencia y dándoles otra denominación.
La realidad de la provincia de León está marcada por el pequeño tamaño de la mayoría de nuestros 211 municipios. Esta distribución municipal no permite aplicar economías de escala y, por tanto, no se pueden prestar los servicios que corresponden y que necesitan sus vecinos. Proyecto León ha trabajado durante más de tres años en dos modelos de organización territorial: uno, que preserva las áreas rurales separadas de las netamente urbanas, fusionando los municipios para obtener la cuarta parte de los existentes en la provincia; otro, todavía más ambicioso, tomando las cabeceras comarcales como núcleo aglutinador de servicios, con lo que se obtuvimos un total de 23 ayuntamientos una vez hecha la refundición.
 Aunque los dos modelos no dejan de ser meras propuestas, consideramos que están fundamentados en la racionalidad. Se obtendría por un lado más organización y eficiencia en el gasto de las administraciones públicas y por otro una respuesta de aprobación en los ciudadanos, que se sentirían plenamente identificados con su comarca natural.
Las conclusiones vertidas desde la Junta de Castilla y León en su informe de enero de 2012, creado a iniciativa propia sobre Población y Poblamiento en Castilla y León, no dejan de ser sorprendentes. Abogan por la creación de los Distritos de Interés Comunitario (DIC), extendiéndolos incluso fuera de los límites provinciales. Esta nueva configuración no contempla en ningún caso las fusiones de ayuntamientos, salvo que alguno lo solicite voluntariamente. Con ello ni se simplifica el armazón administrativo en áreas que han quedado despobladas, ni se aporta capacidad operativa a los ayuntamientos, que siguen dependiendo de una suerte de mancomunidades bautizadas con otro nombre.
Desde Proyecto León pensamos que los DIC van a constituir un nuevo escalón administrativo añadido a los que ya existen: Juntas Vecinales, Ayuntamientos, Mancomunidades, Consejos Comarcales, Diputaciones, Junta de Castilla y León, y Gobierno Central. En el mejor de los casos supondrá el mantenimiento de la misma estructura, suponiendo que los distritos vengan a remplazar a todas las mancomunidades. La racionalización en el gasto, por tanto, no deja de ser meramente declarativa por parte de la Junta de Castilla y León, ya que no vemos reducción alguna del entramado administrativo y del coste que conlleva.
Por otra parte, que los DIC puedan extenderse más allá de los ámbitos provinciales nos hace pensar que un objetivo subliminal de la Junta es el de difuminar los límites de unos territorios que, por la idiosincrasia y los derechos históricos de las dos regiones que forman esta comunidad, son diferentes. Creemos que la propuesta entraña la utilización de estos DIC como una herramienta más para confundirlos. En Proyecto León cuestionamos además cómo se van a resolver ciertas dificultades que conllevará la creación de estas nuevas entidades: ¿cómo se van a financiar estos distritos si son multiprovinciales? ¿En función de qué baremos se van a realizar los presupuestos? ¿Qué papel tendrían las diputaciones en esos casos? ¿Actuarían de forma proporcional al número de habitantes que aporte cada provincia? ¿Cómo afectarían los DIC a las áreas sanitarias, educativas o de otras dotaciones ya establecidas?
Ante todos esos interrogantes, la opinión de Proyecto León es que la creación de los mencionados DIC viene a degradar aún más una situación ya complicada por la despoblación. Se va a intentar diluir el sentimiento de pertenencia de los habitantes al territorio por lo que éstos no se identificarán con los distritos; no se racionaliza el gasto ya que los DIC vienen a sustituir, en el mejor de los casos, a las mancomunidades ya existentes; no se reducen microayuntamientos que son el foco de buena parte del gasto administrativo municipal y, además, habrá que adoptar nuevas medidas de financiación que probablemente generen problemas añadidos en la situación económica actual.
En conclusión, desde nuestro grupo de opinión creemos que lo más eficiente sería organizar el territorio mediante fusiones municipales sobre las cabeceras comarcales, tal y como plantea el gobierno gallego. En la provincia de León podrían ser aproximadamente 23, aunque existen otras posibles cabeceras sobre las que fusionar. En cualquier caso los nuevos municipios respetarían el sentimiento de pertenencia de la población, que se identifica plenamente con las comarcas así establecidas, reducirían gastos por agrupar más beneficiarios para cada servicio y no generarían ningún conflicto por no incluir dentro de ellos poblaciones de otras provincias.