El grupo de opinión Proyecto León propone profundizar en el debate de la fusión de municipios a la vista de las crecientes dificultades financieras y fiscales. La concentración es uno de los instrumentos más eficaces de desarrollo para nuestra tierra ya que, concluida ésta, se podrían prestar más servicios con menos coste; especialmente en las áreas que están sufriendo una mayor despoblación.
Los ayuntamientos españoles se ven obligados a devolver al Gobierno Central parte de los fondos recibidos como anticipo en 2008 y 2009, puesto que la recaudación fue inferior a la prevista. Por otro lado, se limita el endeudamiento a partir de 2011 y los ingresos propios también son muy bajos. En consecuencia, numerosos ayuntamientos en los próximos meses, además de no poder proporcionar apenas servicios a los ciudadanos, se verán colapsados. Varias entidades ya no han podido hacer frente a los gastos corrientes, otras reclaman reiteradamente el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social… Desde la Federación Española de Municipios y Provincias se apunta la posibilidad de numerosas declaraciones de quiebra técnica y que a finales de año el 30% no puedan hacer frente al pago de las nóminas.
Ante la descapitalización en que se ven sumidos los entes municipales, Proyecto León apunta una vez más hacia la fusión de los mismos para favorecer la eficiencia en el gasto público. Centrándonos en nuestra provincia, según la Ley de Bases de Régimen Local (Tít. II, Cap. III, Art. 26.1.a): “Los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas”. En León, además, contamos con las juntas vecinales, que permiten cierta autogestión y control de los servicios por parte de los pueblos. Esto podría ser muy ventajoso bajo la tutela de ayuntamientos fuertes, capaces de imponer racionalidad. Por el contrario son muchos los que incumplen la ley, dada su incapacidad financiera.
La Ley de Régimen Local explicita que “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales” (Tít. II, Cap. I, Art. 13.3). Asimismo en el Artículo 13.2 advierte “La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales”. En resumen, la responsabilidad de esta fusión municipal estaría en la autonomía y en el Gobierno Central.
En el caso de la Junta de Castilla y León la cuestión resulta especialmente candente. Si España cuenta con un total de 8.115 municipios, esta autonomía reúne la asombrosa cifra de 2.248, más de la cuarta parte. Galicia, con una población un poco superior, cuenta 315 y aún así ha abierto el debate de la fusión municipal, con el criterio de concentrar municipios de, al menos, 15.000 habitantes. Parece evidente que el ente castellano y leonés debiera acometer una inexcusable reconversión que racionalice el uso de los recursos económicos municipales y mejore la prestación de servicios en la autonomía más extensa de Europa.
Sin embargo no podemos dejar de lado a las diputaciones, que pueden proponer al gobierno autonómico reformas, pese a no tener capacidad ejecutiva. La Ley de Bases de Régimen Local expresa que “son fines propios y específicos de la provincia garantizar (…), y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal” (Tít. III, Art. 31.2). Dado que es conocido que muchos ayuntamientos no prestan los servicios a los que la ley obliga, la diputación debería obrar en consecuencia proponiendo una fusión en los casos que proceda.
En resumen, según nuestro criterio existe cierta dejación de funciones en los diferentes niveles institucionales. Es palmaria la necesidad de una fusión municipal urgente. En un camino lógico la diputación debería justificar una propuesta ante la autonomía. A su vez, la autonomía debería hacer una consulta no vinculante a los municipios afectados. Por último se debería cerrar el nuevo modelo con las correcciones correspondientes y remitirlo al Consejo de Estado para su aprobación e implantación.
De lo contrario, existe una alta probabilidad de que en unos meses muchos municipios queden bloqueados. Entonces el Gobierno de España podría establecer unos criterios fijos para todo el territorio, sin adaptación local alguna, y sobrevendría una fusión municipal por decreto. En manos de las instituciones locales y autonómicas está evitar este lamentable desenlace.
Publicación en La Crónica
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