viernes, 17 de abril de 2009

Concentración municipal en la provincia de León

León es una de las provincias que mayor extensión territorial ocupa dentro del conjunto español. Sus 15.570,14 km2 representan un 3,08% del total nacional, lo que le sitúa en el séptimo puesto en superficie, y en el primer puesto en la comunidad autónoma, con un 16,54% de su territorio.
Esta notable extensión y la ubicación geográfica en que se enclava, configuran la provincia de León como un territorio paisajísticamente heterogéneo en el que encontramos zonas de alta montaña, media montaña, valles y páramos, con características especiales en cada una de ellas asociadas a tanta diversidad.
Dentro del total nacional, León ocupa el puesto decimosexto en número de municipios con 211 en total. Un número tan elevado de ayuntamientos no garantiza que las necesidades de los ciudadanos queden cubiertas, más bien al contrario, ya que reúnen pocos habitantes;  más en una zona como León, donde el grado de ruralidad (baja densidad de población) es bastante alto y los movimientos migratorios naturales nos indican que la tendencia se encamina a una despoblación cada vez más elevada de los núcleos rurales.
En el momento actual, de los 211 municipios de los que consta la provincia, 200 tienen menos de 5.000 habitantes, y de éstos, 141 están por debajo de los 1.000. La financiación de los Ayuntamientos depende estrechamente del número de habitantes censados en el municipio, por lo que, basándonos en los datos anteriores y en los presupuestos de que dispone cada corporación municipal, encontramos que existen entidades locales que no disponen de los fondos suficientes para prestar los servicios básicos a la población. Estos servicios vienen expresamente citados en Ley de Régimen Local.
Actualmente, las políticas de presión económica que sobre estos pequeños municipios están llevando a cabo determinadas instituciones y su propia incapacidad, van a generar que a corto plazo estas minúsculas entidades locales desaparezcan.
Las inversiones generan infraestructuras, éstas generan trabajo, que a su vez se traducirá en asentamiento de población. Si las inversiones no alcanzan a los municipios más pequeños y necesitados, es inevitable que la población se vea abocada a emigrar de dichas zonas hacia otras más prósperas cuando no directamente a ciudades.
Esto no sólo conllevará la desaparición de pueblos enteros, sino también la de una Entidad Local Menor con una tradición de siglos en la provincia: la Junta Vecinal. Las Juntas Vecinales surgen en el siglo XIX como instrumento administrativo oficial del sistema de Concejo Abierto y constituyen un elemento diferenciador de la provincia respecto al resto por su omnipresencia.
Más de un tercio de entidades inferiores al municipio de España están en León y son precisamente estas juntas vecinales. Se constituyen como entes de gobierno de pequeños núcleos de población, administran sus bienes comunales y gestionan desde la traída de agua corriente, el alcantarillado, las fincas públicas, los inmuebles, hasta los cotos de caza y los recursos forestales, entre otros. De hecho se hacen cargo frecuentemente de servicios que corresponden a los ayuntamientos por la incapacidad de éstos.
Una vez desaparecido un núcleo, y con él su Junta Vecinal, las propiedades comunales que obraban en su poder quedarán bajo la administración del Ayuntamiento. Desaparecido ese Ayuntamiento los bienes comunales, acumulados con el esfuerzo económico de los vecinos de esa población,  quedarán en poder de la Junta de Castilla y León.
Se impone, por tanto, un cambio profundo en el modelo territorial actual, que beneficie a toda la población por igual, que equilibre los esfuerzos inversores y que sea capaz de favorecer el desarrollo socioeconómico de todos los núcleos de población.
Mejorar la calidad de vida de sus habitantes -garantizando a éstos el acceso a los servicios e infraestructuras públicas básicas y al patrimonio cultural y natural de su provincia-, llevar a cabo un desarrollo sostenible para garantizar la protección del medio ambiente y gestionar de una forma racional la utilización del territorio y sus recursos deben ser los objetivos. Para lograrlo es necesario disponer de municipios con capacidad suficiente y de juntas vecinales con un nivel competencial definido y una fiscalización adecuada.
Con estas premisas, es razonable pensar que una vía de solución a los problemas de financiación con los que nuestros pequeños municipios se encuentran en este momento es elaborar una propuesta de reordenación municipal de la provincia en el que primen estos criterios. Reagrupar municipios en los que el número de habitantes no sea inferior a 1.000, con el fin de crear Ayuntamientos viables que sean capaces de asumir las necesidades de la población.
Las metas han de pasar por racionalizar el gasto público y dotar a todos los núcleos de las infraestructuras básicas suficientes; dotaciones que potencien el acceso al mercado laboral para conseguir de esta manera que el asentamiento poblacional sea un hecho. Asimismo, que impulsen la capacidad gestora de las Juntas Vecinales, imprescindibles, para facilitar ciertos servicios “puerta a puerta”, y que retornen a tener la importancia y el vigor que han lucido en el pasado. Su relanzamiento es necesario para salvaguardar parte de nuestra idiosincrasia, pero también como solución adecuada a las necesidades de un poblamiento atomizado: casi 1.400 núcleos de población.